Un tribunal de familia de Rosario suspendió la licencia y otros permisos que lo habilitaban a conducir vehículos, le impuso multas y costas a un hombre que desde hace más de un año no cumple con el pago de la cuota alimentaria de su hija a pesar de las intimaciones judiciales que se le hicieron y de que se lo inscribió en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Sin embargo el hombre ni siquiera contestaba las notificaciones.

La resolución se dio a conocer ayer por parte del Tribunal Colegiado de Familia Nº 7 a cargo de la jueza Andrea Brunetti. La medida incluye la suspensión de la licencia y otros permisos para conducir, ya que se verificó que trabajaba como profesional del volante, concretamente como transportista de cereales en la empresa de su padre.

El tribunal informó que ya en noviembre de 2020 se le fijó al hombre el pago de una cuota alimentaria en favor de su hija, pero nunca la abonó y por lo tanto fue inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Como sucede cuando el incumpliendo persiste, la Justicia lo intimó a pagar bajo apercibimiento de una multa diaria. Tampoco así conmovió al hombre, que ni siquiera se tomó el trabajo de responder las notificaciones.

La medida coercitiva fue resuelta a pedido de la madre de la hija, quien informó al tribunal que no sólo no había cumplido con la cuota establecida, sino que había mentido al tribunal cuando dijo que vivía de hacer supremas de pollo y manejar un remís trucho. Expuso que el demandado es propietario y titular registral de diversos vehículos, contando con tarjeta azul y autorización para circular y licencia de conducir respecto de al menos tres rodados que son propiedad de la empresa de transporte de cereales de su padre, para la cual estaría trabajando según figura en Afip.

Por todo eso, el tribunal le impuso una multa de casi 3 mil pesos por cada día de incumplimiento y la retención y prohibición de renovación del carnet de conducir y de los permisos de los restantes vehículos –los cuales deberá entregar en un plazo de 3 días hábiles– hasta tanto cancele la totalidad de la deuda. También le impuso todas las costas del proceso.

No quedan ahí las cosas, porque a pedido de la demandante, el tribunal resolvió enviar al Ministerio Público Fiscal el caso para que evalúe si cometió un delito al incumplir las órdenes judiciales.