El exjefe de gabinete de la Agencia Federal Inteligencia (AFI), Darío Biorci, se negó a declarar como imputado en el caso de la Gestapo antisindical, no presentó ningún escrito, pero dijo una sola frase que descolocó por su obviedad: "Lo único que quiero manifestar es que yo soy uno de los que participaron en la reunión que se observa en la filmación que aportaron a esta causa". Al exagente se lo ve con claridad y en un papel protagónico en el video de aquel encuentro, celebrado el 15 de junio de 2017 en oficinas del Banco Provincia en la Ciudad de Buenos Aires, que fue hallado en el organismo de inteligencia el año pasado, lo que derivó en la apertura de un expediente judicial por las implicancias de lo que se tramaba allí: el armado de causas contra dirigentes de la UOCRA-La Plata. En paralelo, el juez Ernesto Kreplak analiza un planteo del exsecretario de Justicia de María Eugenia Vidal, Adrián Grassi, quien reclamó la nulidad de la filmación como prueba. La querella de Juan Pablo "Pata Medina, se opuso. 

"Condujo y dirigió"

Según la acusación que le leyeron a Biorci, cuñado de la exvicedirectora de la AFI, Silvia Majdalani, su "intervención" en "esa reunión habría  tenido vital importancia toda vez que fue quien condujo y dirigió el mencionado encuentro" como "puede apreciarse en los videos". Fue el primero en llegar, dio la bienvenida, invitó a los presentes a decir sus nombres y, como se ve en la filmación, se repartió la coordinación del evento junto con el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, quien manifestó allí su anhelo de tener una Gestapo propia para "terminar con los gremios". Se les pedía a los empresarios y profesionales que estaban allí que explicaran los conflictos con la UOCRA. Como lo que describían eran reclamos de viandas de los trabajadores, de ropa de trabajo y amenazas de parar las obras --lo que no representaba un problema legal o delictivo-- Biorci y otro de los espías presentes, Juan Sebastián De Stefano, exdirector de Asuntos Jurídicos, fueron sugiriendo provocar a los gremialistas. La imputación responsabiliza a Biorci por alentar "la realización de acciones de provocación tendientes a obtener reacciones de parte de los sindicalistas a los que allí se refieren y , entonces, filmarlo o grabarlos subrepticiamente".  

Algunas de las explicaciones que iba dando Villegas en el cónclave explicarían la presencia de los agentes de inteligencia allí. “Nosotros como Estado hemos tomado la decisión, a instancia de las máximas autoridades tanto a nivel de la Provincia como de la Nación, de terminar con esta situación”, dijo el exministro al comenzar, lo que daría cuenta de una posible coordinación entre el gobierno de Mauricio Macri y el de Vidal para generar una ofensiva judicial. En su indagatoria la semana pasada Villegas entregó un escrito donde, de hecho, reconoce que cuarenta días antes de la reunión de la Gestapo fue a la Casa Rosada a otra comandada por el ex presidente donde tuvo sentado a su derecha al exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, y se habló de la planificación de esa embestida. Incluso dijo que luego fue citado al organismo de inteligencia para rendir cuentas de lo que iba sucediendo. En defensa propia, dividió el "andarivel Provincia", que considera que actuó legítimamente, del "andarivel Nación", que dejó bajo un manto de duda. 

En una entrevista con Página/12, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, reveló que Biorci y el exdirector Operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, quien también estuvo en la Cumbre de la Gestapo, se ocuparon de la cuestión de las cámaras, que fueron instaladas especialmente para esa ocasión. El segundo sería quien fue para la instalación, un día antes, y Biorci para su retiro. La semana próxima siguen las indagatorias a los exagentes: De Stéfano está citado el martes 29 y Dalmau Pereyra el jueves 31 cerraría la ronda y empezará la cuenta regresiva para una decisión judicial. 

Validez del video

El exsubsecretario de Justicia Grassi fue el primero en presentar un pedido de nulidad del uso de la filmación como prueba. Dice que además el registro en sí mismo fue ilegal. El argumento es que se obtuvo sin autorización ni orden judicial. La querella del dirigente de la UOCRA, Medina, pidió rechazar esa presentación. Sostuvo que "el mero hecho de que se tomara un registro de una reunión que no versó sobre asuntos privados ni íntimos y que se desarrolló además con un número importante de personas en una oficina pública y con múltiple presencia de funcionarios públicos, no importa en modo alguno un acto de espionaje (...) no existió la más mínima injerencia ilegítima en ámbitos privados ni vulneración a expectativa razonable de intimidad". Los exfuncionarios, razona, fueron allí por sus cargos, las cámaras del lugar estaban a la vista (como en otras reparticiones públicas), los propios hombres del gabinete bonaerense --como Villegas y Grassi-- fueron con posterioridad a la AFI, se filmó por aparente iniciativa de los organizadores y no se usó para iniciar una investigación. 

"Sea quien fuese que las puso y las sacó, no lo hizo ingresando por una ventana o a escondidas a la noche, sino con autorización de todas las autoridades competentes, comenzando por la secretaria privada y amiga íntima de la ex Gobernadora, la Sra. Soledad Borsani y continuando por los funcionarios de máxima confianza del Presidente del Banco  y los empleados públicos de administración, logística y ceremonial", advierte la presentación del abogado César Albarracín. En los próximos días podrán opinar sobre este tema otras querellas, las defensas y la fiscala Ana Russo. 

El eje de esta causa es el posible armado de acusaciones penales falsas contra sindicalistas y en especial contra Medina, sobre quien hubo comentarios puntuales y fue quien terminó detenido el 26 de septiembre de aquel 2017. A lo que se suman gran cantidad de contactos con el juzgado federal de Luis Armella de parte personajes centrales como Villegas, Grassi y De Stéfano. En el Bapro había estado también el exministro de Infraestructura, Roberto Gigante y el exintendente de La Plata, Julio Garro. El exministro de Trabajo pronunció allí otro de los comentarios centrales en la pesquisa: que tenían todo arreglado con "la Procuración, la fiscalía y el juez".