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Desde Montevideo
Uruguay define este domingo si elige empoderar más a su presidente Luis Lacalle Pou o empieza a revertir desde abajo sus políticas de derecha. Es clave el referéndum que definirá la continuidad o no de 135 artículos de la LUC (Ley de Urgente Consideración). Hay dos opciones para el voto que es obligatorio, con su respectivo color de boleta electoral: la celeste y oficialista por el “No” a los cambios en la norma y la rosa por el “Si” que militó la oposición y amplios sectores sociales con el objetivo de frenar al Poder ejecutivo. Entre las 8 y las 19.30, 2.684.131 uruguayos podrán participar en 7.060 circuitos electorales de todo el país para modificar o no una legislación que el Senado aprobó el 8 de julio de 2020. Se llegó a esta instancia porque el Frente Amplio (FA), la central sindical PIT-CNT y distintas organizaciones civiles superaron la cantidad de firmas necesarias – un 25 por ciento del padrón – que les permitió llegar al plebiscito.
Los últimos sondeos señalan – con cifras un tanto dispares de las encuestadoras – una pequeña ventaja del “No” que podría ser remontada por los partidarios del “Si”. Dos sectores determinarán el resultado final. Por un lado los indecisos, cuyo porcentaje ronda el 10 por ciento. Por otro lado aquellos que ya resolvieron votar en blanco, que se suman a los del “No” de la coalición oficialista gobernante de cinco partidos de derecha para el resultado final. Quienes aspiran a derogar la LUC tal como está, necesitan obtener la mayoría de los votos válidos (los votos en blanco lo son). Esto les juega en contra.
Lo que está en juego
Si triunfara el “No”, por el que se involucró públicamente hasta último momento Lacalle Pou, lograría un fuerte espaldarazo para lo que resta de su mandato. Los uruguayos recién volverán a elegir a un nuevo presidente el 27 de octubre de 2024. Si fuera al revés, el Frente Amplio daría el primer paso para intentar recuperar el gobierno. La Ley de Urgente Consideración es un instrumento constitucional aprobado en la reforma de 1967 que no ha sido demasiado utilizado por los diferentes jefes de Estado. Se aprobó con el voto de 18 sobre 30 senadores en 2021.
En aquel momento, “modificó 220 leyes y fue un abuso de poder” según el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) en el FA, Alejandro Sánchez. Una especie de Ley Ómnibus que para sus detractores tiene los condimentos indispensables que cualquier fuerza de derecha apoyaría: ajuste económico, desinversión en salud y educación pública y la seguridad como eje doctrinario. El gobierno la defiende poniendo énfasis en este último tema, donde la policía ocupa el centro de la escena. Militantes del “Sí” denunciaron atropellos y el retiro en las calles de propaganda color rosa - como sus boletas-, que habían utilizado durante la campaña. Hay un video que lo prueba donde se ve a un agente arrancando ese material que colgaba de una reja en el barrio montevideano de Capurro.
Campañas
Lacalle Pou llamó a la ley, tal como fue aprobada, “un instrumento necesario, justo y popular”. Su exministro del Interior y exsenador, el fallecido Jorge Larrañaga, uno de los mentores de la LUC, sostuvo en enero del año pasado: “Nosotros vamos a defender este instrumento, como un instrumento positivo para la seguridad pública. Se trata de una buena ley, que no contiene ni una sola norma que deprecie el conjunto de derechos de la población en general”.
El jefe de la campaña por el “Si”, el periodista y publicista comunista Esteban Valenti, le envió una carta abierta al presidente por su último mensaje antes de la veda electoral. Le recordó desde el portal digital La red 21 que “no tomó ni una sola de las muchas oportunidades de hablarnos a todos los uruguayos, como le corresponde al presidente de la República. Al contrario, hizo una defensa de la LUC intransigente, sin ninguna apertura, con olvidos muy gruesos como el del aumento de los combustibles y todas sus consecuencias en el aumento del costo de vida, o el tema de la desnaturalización del Instituto Nacional de Colonización y sobre las adopciones directamente faltó a la verdad”.
La comisión del “Si” que encabezó Valenti – uno de los fundadores del FA, del que luego se alejó - es un bloque donde convergieron organizaciones sociales, la federación de cooperativas, el PIT-CNT y el FA como fuerza política de apoyo.
Antecedentes
Sectores que militaron por la derogación de esta ley sostienen su optimismo en dos antecedentes semejantes de referéndum. En 1992 los uruguayos rechazaron los artículos más importantes de la ley 16.211 que pretendía la privatización de empresas públicas. Esa norma la había promovido el padre del actual presidente, Luis Alberto Lacalle Herrera, del Partido Nacional, pero el desenlace de la votación se lo impidió. Su derrota fue por una diferencia abrumadora: 66,3 por ciento a 25,2.
El otro referéndum se votó en 2003 y se trató de una situación muy parecida: el intento de privatizar la compañía estatal ANCAP. La empresa abarca varios rubros: es líder en el mercado local de combustibles y lubricantes, de cementos portland y en el desarrollo de biocombustibles. El fracaso también afectó al gobierno de otro presidente pero del partido Colorado, Jorge Battle. Aquel de la disputa por las pasteras con Argentina. El 62,15 por ciento de los uruguayos se inclinó por la derogación de su ley y solo cosechó el 35,48 de adhesión a su planteo de entregar la petrolera estatal al mercado.
Costo social
Hoy, diecinueve años después, el país vuelve a plebiscitar una ley que ya afecta a los sectores populares, golpeados además por el alza del costo de vida. Uruguay es, tal vez, el país más caro de Sudamérica y Montevideo la segunda ciudad más costosa del continente para adquirir un departamento, por detrás de Santiago de Chile y por delante de Buenos Aires. Los datos surgen de un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella realizado en noviembre de 2021 sobre catorce urbes relevadas en la región. Otro rubro que lidera negativamente es el del precio de los combustibles. Son los más caros de América del Sur a razón de 1,757 dólares el litro, seguido por Chile y Perú al 14 de marzo pasado. Estos índices, sumados al aumento en el precio de la comida, dispararon el malhumor social.
Lacalle Pou presentó como un logro en julio del año pasado que el país había ahorrado 600 millones de dólares durante la pandemia sin aumentar los impuestos. La senadora del Frente Amplio, Lilian Kechichian García, le recordó que en ese período había subido el IVA y que las tarifas lo hicieron por encima de la inflación. En ese contexto comenzó a gestarse por abajo la junta de firmas para arrancarle al gobierno el referéndum por la LUC.
En septiembre de 2021, durante el tercer paro del PIT-CNT contra el gobierno, Lacalle Pou lo tildó de “político”. Fernando Pereira, el referente de la central y presidente del FA, le respondió: “Sí, es político, es contra la política de trabajo, contra la política salarial, contra la política impulsada en la LUC”.
En la jornada que definirá el destino de esta ley mirada con simpatía por la derecha, los empresarios y los dirigentes ruralistas, la comisión del “Sí” salió a recorrer las calles del país buscando el voto boca a boca. Si le alcanzará para ganar, se sabrá este domingo a la noche, cuando Uruguay dé otra muestra de su civilidad acostumbrada, aún en situaciones límite como la que plantea una norma nostálgica de los años ’90.
