El documento con el que el Fondo Monetario anunció que su Directorio aprobó este viernes el programa económico del nuevo Acuerdo de Facilidades Extendidas dice mucho más que eso. También puso de relieve las diferencias de algunos directores con un acuerdo de largo plazo que no contempla ninguna de las reformas estructurales que forman parte constitutiva de la receta fondomonetarista tradicional. Un cuestionamiento que quedó reflejado en las intervenciones de los directores que, aunque aprobaron el programa por consenso, dejaron asentada su demanda de "ajustes faltantes". Una demanda que se verá reflejada en cada revisión trimestral del acuerdo que Argentina deberá enfrentar durante los próximos treinta meses.

En el capítulo del documento del FMI titulado "Evaluación de la Junta Directiva" quedaron expresados algunos de estos ítems. Aunque no sorprende, es para destacar la alusión a "la importancia de mantener un tipo de cambio real competitivo y adaptar el marco de gestión de flujos de capitales para asegurar superávits comerciales, alentar el ingreso de divisas a largo plazo e impulsar la acumulación de reservas". 

El pedido de liberalización o desregulación del mercado de capitales, más allá de que se manifiesta como un objetivo a lograr "con el tiempo y en la medida que los condiciones lo permitan", promete ser uno de los escenarios de mayor puja entre el gobierno y las misiones del Fondo, a la luz de la historia reciente y la experiencia nefasta de Argentina con el FMI.

Tanto en el programa de ajuste que implementó el FMI en 2001 con el gobierno de Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo, como el más reciente acuerdo con Mauricio Macri en 2018, una consecuencia común a ambos fue la brutal fuga de divisas que generaron, dilapidando todos los sacrificios impuestos por el programa del FMI. 

Una sangría de recursos que era previsible, dados los antecedentes de los capitales financieros locales y de los que llegan del exterior con fines especulativos. Y que el FMI en ninguno de estos dos casos contempló y que, por el contrario, habilitó a través de las recomendaciones de liberalización del mercado de capitales. La responsabilidad del Fondo en las consecuencias, en el caso del último préstamo Stand By de 2018, fue claramente señalada por el trabajo de investigación y análisis de los especialistas Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh. Allí le imputan al FMI haber violado los objetivos fundamentales de su propio convenio constitutivo (en un acto ultra vires, ajeno a sus facultades) al habilitar la fuga de capitales totalmente previsible, y haber complicando la situación de balanza de pagos del país en vez de ayudar a resolverla.

En esta oportunidad, el gobierno deberá resistir las presiones desregulatorias del FMI no sólo por los antecedentes de 2001 y 2018, sino por la situación actual de las cuentas externas, que refuerza el argumento en favor de mantener y hasta fortalecer los controles. 

Si se analizan las cifras de la Balanza de Pagos, queda de manifiesto que Argentina no enfrenta un problema de retraso cambiario o ineficiencia productiva que le impida exportar y tener buenos resultados en su comercio exterior. De hecho, las cifras de los últimos tres años marcan superávits en la balanza comercial de bienes de casi 16.000 millones de dólares en 2019, más de 12.500 millones en 2020 y 14.750 millones en 2021. 

El problema de la falta de divisas no se encuentra ahí. La cuestión es cómo se llega, en los últimos dos años, de un superávit comercial de más de 27.000 millones de dólares a una pérdida de Reservas Internacionales del Banco Central de casi 5.200 millones en el mismo período. 

En una nota de un importante portal periodístico dominical, dos semanas atrás, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, explicaba el fenómeno indicando que el Balance Cambiario tiene otros componentes, además del resultado del comercio de bienes. Y que "la crisis del modelo de endeudamiento y desregulación vigente entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019 agravaron" los problemas estructurales del sector externo argentino. 

La pregunta, ahora, es si Argentina ya logró salir de ese modelo de endeudamiento, o las condiciones que le impone el Fondo lo extenderán. Y si las medidas regulatorias que fue aplicando la actual gestión se podrán sostener y reforzar, o cederán ante las presiones del organismo de crédito. 

Las cifras del último bienio son una seria advertencia al respecto. Si aquellos 27.000 millones de dólares de superavit comercial de bienes no llegaron a las arcas del BCRA y se perdieron en el camino, fue porque en el período se pagaron unos 12.000 millones de intereses de deuda, de los cuales más de la mitad fueron por deudas financieras de privados con el exterior, a los cuales el Banco Central le vendió las divisas a precio oficial. Luego hubo regulaciones para restringir esta salida, pero ahora habrá que sostenerlas ante la presión del Fondo.

También se mantuvo el pago de intereses al propio FMI, a la espera de la renegociación del Stand by de 2018. Salieron de ese modo 2670 millones de dólares en 2020/21. Intereses que ahora habrá que seguir pagando, porque el nuevo acuerdo sólo contempla la refinanciación del capital del anterior acuerdo.

En el bienio también se pagaron intereses por otros 1500 millones a otros organismos de crédito internacional y 1500 millones más por intereses de títulos públicos, antes de la reestructuración. Intereses que a partir de este año también deberán pagarse, porque empiezan a vencer los de los bonos reestructurados. 

Argentina tiene superávit en el comercio de bienes, pero déficit en el comercio de servicios, fundamentalmente por los fletes que paga y los viajes al exterior de residentes argentinos, que le representaron en el bienio un saldo desfavorable de casi 6000 millones de dólares. Sumados a los 12.000 que pagó de intereses, ya son 18.000 millones que se perdieron del superávit comercial. 

Por fuera de las cifras ya mencionadas, que son movimientos en la cuenta corriente del Balanza de Pagos, están los movimientos de Capital. Por ejemplo, la cancelación de préstamos financieros, títulos de deuda y créditos del sector privado, que sumó otros 12.000 millones de dólares. Lo que se había constituido en una fuerte corriente de endeudamiento privado con el exterior en la época de Macri, se revirtió en una fuerte corriente de salida de capitales para cancelar deudas, que recién se desaceleró cuando el Banco Central impuso algunas restricciones. Por ejemplo, prohibió los pagos de filiales radicadas aquí a sus casas matrices. 

Los 18.000 anteriores más estos 12.000, ya son 30.000 millones de dólares que salieron en dos años. Más que el saldo del comercio exterior. Si se agregan la formación de activos en el exterior por 3.500 millones y alguna otra cuenta menor, se comprende por qué el Banco Central --que puso la diferencia-- perdió reservas en vez de ganarlas. 

La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cuántos de estos problemas estructurales en el frente externo siguen vigentes y de qué modo lograrán el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, mantener o crear las herramientas para enfrentarlos?