Qué hacer frente a la avanzada negacionista

Un fantasma deambula por Argentina a 46 años del golpe genocida: el fantasma del negacionismo que enarbolan los sectores que niegan o relativizan los secuestros, las torturas, las violaciones, los asesinatos, las desapariciones y el robo de niñes durante la dictadura. En los últimos días, tuvo lugar una seguidilla de hechos que apuntan a poner en entredicho los consensos en torno a la memoria, la verdad y la justicia a los que se llegó en las últimas décadas en el país. La avanzada reavivó la discusión sobre qué hacer con los discursos negacionistas y si la respuesta podría venir de la mano de una ley que sancione a quienes esparcen estas narrativas, como ocurre, por ejemplo, en Alemania. 

Algunos ejemplos (no aislados) recientes: La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reclamó una “memoria real” de lo sucedido. Un grupo de legisladores porteños que responden a Javier Milei y Ricardo López Murphy se negaron a acompañar el repudio al terrorismo de Estado. Intendentes en Córdoba y Mendoza salieron a declamar que no hay 30.000 desaparecidos. Desde Juntos por el Cambio se opusieron a un cuadernillo sobre memoria y soberanía que hizo la cartera de Educación bonaerense, con la acusación de "adoctrinamiento". Un juez federal de Mar del Plata posteó una foto de un Falcon verde en sus redes sociales, con la leyenda "Sí a la vida". En Salta un grupo de militares retirados homenajeó a sus pares que murieron mientras eran investigados por crímenes de lesa humanidad. La estación que recuerda a Rodolfo Walsh y la placa del excentro clandestino de detención Virrey Cevallos fueron vandalizadas. 

El mismo 24 de marzo, la Legislatura porteña hizo una sesión especial para repudiar el golpe. Los legisladores de La libertad avanza – el partido que encabezó Milei y secundó Victoria Villarruel, referente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv)-- y los de la fuerza que lidera López Murphy se negaron a acompañar el repudio. Rebeca Fleitas –presentada como la primera diputada libertaria y como comunicadora social y locutora– fue la encargada de ponerle voz a esa oposición: reclamó por la “impunidad de los guerrilleros terroristas” y por la necesidad de que se cuente la historia completa. Su intervención fue compartida en redes por Villarruel, hija de un militar que reivindicaba su rol en el Operativo Independencia y sobrina de un detenido por crímenes en el Primer Cuerpo de Ejército, mientras la diputada nacional despotricaba que el 24 de marzo es el “día de la memoria para pocos”.

En la estación Rodolfo Walsh, integrantes de "Jóvenes Republicanos" –la agrupación del PRO que ganó notoriedad por la instalación de bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo con el nombre de Estela de Carlotto, entre otros– hacía una intervención para despojar a Walsh de su condición de víctima de una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y tildarlo de asesino. Los Jóvenes Republicanos reclamaban que se cambie el nombre de la estación de la línea E del subte y que se lo reemplace por el de Josefina Melucci de Cepeda, una de las muertas por la bomba de Coordinación Federal.

Los Jóvenes Republicanos son una rama del PRO y se referencian con los halcones, como Bullrich. La exministra de Seguridad publicó en la tarde del 24 una columna en el diario La Nación en la que demandaba una “memoria real” de lo sucedido y despotricaba contra el “relato épico” de quienes tomaron las armas. Bullrich integró Montoneros y no se conoce que haya promovido debates sobre los años ‘70 más allá de algunas diatribas que fueron repudiadas por organismos de derechos humanos. “Este discurso en boca de Bullrich está en un contexto de confrontación con el kirchnerismo”, remarca la socióloga e investigadora del Conicet Valentina Salvi.

En esa confrontación también se anotó la legisladora bonaerense Lorena Petrovich al presentar un proyecto para repudiar un cuadernillo sobre Soberanía, Memoria y Democracia que preparó la cartera de Educación provincial. Para Petrovich –que suele compartir fotos con Mauricio Macri y Bullrich–, la iniciativa era parte de un “adoctrinamiento” y denunciaba un “contenido falaz” que señalaba a gobiernos democráticos como continuadores de la dictadura. La ministra porteña Soledad Acuña se subió al reclamo y tuiteó contra la “única mirada”. A nivel nacional, diputados como Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro y Sabrina Ajmechet se sumaron al repudio de Petrovich.

La avanzada no se circunscribió al AMBA. El intendente radical de Guaymallén Marcelino Iglesias salió a decir que "lo de los 30.000 fue un invento”. La intendenta de la localidad cordobesa de Los Aromos Nelly Morales –ligada al PRO– hizo lo propio en Facebook. En Santa Fe, el senador radical Lisandro Enrico y el diputado macrista Gabriel Chumpitaz también reversionaron el reclamo de memoria completa que, hace al menos quince años, vienen sacando a relucir sectores pro-militares. En Salta, el Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (CORFA) publicó una solicitada en el diario El Tribuno para reivindicar a sus camaradas muertos mientras eran enjuiciados o investigados por crímenes durante la dictadura (la diputada nacional Carolina Moisés ya presentó un proyecto de ley para repudiarlos). Este sábado, el juez federal marplatense Alfredo López –que buscó el año pasado suspender la ley de interrupción voluntaria del embarazo– posteó en Twitter una foto de un Falcon verde con la leyenda “Sí a la vida”.

Operación memoria completa

Muchos de los discursos que se escucharon en la última semana tuvieron un denominador común: negar el carácter de las víctimas del terrorismo de Estado o decir que no están presentes las “otras víctimas”, producidas por el accionar de las organizaciones armadas de izquierda. La familia militar empezó a acudir a la categoría de víctima cuando detectó que ya no había espacio en la sociedad para seguir reivindicando lo actuado en la “guerra contra la subversión”. Para Salvi, la reapertura de los juicios en 2006 fue lo que disparó la idea de la “memoria completa” como la narrativa que empezó a predominar entre quienes no comulgan con el juicio y castigo a los genocidas.

El reconocimiento que la justicia hizo de los crímenes dictatoriales desde el Juicio a las Juntas en 1985 hizo difícil aún para esos sectores negar la existencia de los centros clandestinos, de los desaparecidos y de los bebés apropiados, pese a que la operación pasó por demostrar que no eran tantos como denunciaban los organismos – el tan famoso “no fueron 30.000” con el que llenan las redes sociales.

“La negación literal de los crímenes existió en la Argentina mientras se producían los crímenes. Pero, a partir de que viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979, quedan instaladas las desapariciones en el discurso público y se quiebra esa negación literal. Lo que vino después fue la discusión sobre si fue una guerra sucia o la teoría de los dos demonios, pero los discursos actuales no son exactamente idénticos”, opina la antropóloga Valeria Barbuto, investigadora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

Para la socióloga Paula Canelo, los consensos que dieron pie al juzgamiento de los genocidas y en los que se ancló el Nunca Más no son eternos y deben ser cuidados. “Nosotros tuvimos un consenso muy claro que permitió el Juicio a las Juntas, que es algo que perduró durante mucho tiempo pero hay que seguirlo sosteniendo. Asociar al que niega ese discurso con la maldad, la ultraderecha o con una fuerza política no va a lograr ampliar los consensos. El paso del tiempo requiere que se ejerciten nuevas formas de reproducir esa memoria que a muchos sectores no le llega. Hay que hacer crecer ese consenso”, sostiene la directora de la maestría en Ciencia Política y Sociología de FLACSO.

Un discurso institucionalizado

Si bien la pelea por instalar el discurso de la memoria completa no es nueva, este año la circulación de discursos que niegan o relativizan fue mayor. “La novedad de este año –opina el sociólogo Daniel Feierstein– es que comienzan a expresarse en acciones mucho más articuladas y con un nivel de representación mayor dentro del sistema político, que creo que tuvo que ver con el crecimiento de las nuevas derechas y con la llegada al parlamento de una persona explícitamente negacionista como es Victoria Villarruel. Todo esto va abriendo un universo que empieza a construir como viable y como legítimo un discurso que desde el '83 no se podía a emitir por la condena social y política”.

Para Feierstein, de todos modos, estas expresiones siguen siendo minoritarias, como quedó en claro en la Legislatura porteña. Sin embargo, la diputada Victoria Montenegro –hija de desaparecidos encontrada por las Abuelas– advierte sobre el peligro de esos discursos. “El desafío es repensar todos los ámbitos donde podamos tener puntos de acuerdo --no digo con estos discursos que son claramente negacionistas-- pero sí con las conquistas que en la Ciudad de Buenos Aires ya tenemos: logramos que se incorpore acompañar el reclamo por los 30.000 y el compromiso en la búsqueda de los bebés apropiados durante la dictadura. Eso me parece que es muy importante y hay que cuidarlo frente a estos discursos que intentan hacernos retroceder décadas”, señala.

“Llevamos casi 20 años de juicios en los cuales objetivamente se comprobó el terrorismo de Estado, pero siguen con el intento de reinstalar la teoría de los dos demonios, de que hubo dos fuerzas equivalentes: no se puede comparar a los pibes de la Noche de los Lápices como Emilio Eduardo Massera”, resalta Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos bonaerense.

¿Qué se hace con el negacionismo?

El lunes pasado, la Secretaría de Derechos Humanos presentó un cuadernillo sobre el negacionismo y convocó a discutir a expertos que creen que se podría legislar contra quienes incurran en expresiones negacionistas –como Alejandro Kaufman o Valeria Thus– y a quienes opinan en contrario –como Feierstein–.

“Yo creo que tememos que empezar con un proyecto que sancione los posiciones negacionistas a lo que significó el genocidio --porque la justicia falló en ese sentido”, dice el secretario Horacio Pietragalla Corti a Página/12. Confirma que la Secretaría de Derechos Humanos trabaja en un proyecto que sancione a las personas que hayan incurrido en discursos negacionistas mientras cumplen roles institucionales en los tres poderes del Estado.

Pietragalla Corti explica que la Secretaría de Derechos Humanos tiene previsto encarar una investigación de gran escala para reconstruir la totalidad de víctimas del terrorismo de Estado. “Será un trabajo importante para aportar a la construcción colectiva de lo que generó este golpe y poder tener una apreciación. No queremos demostrar un número mayor, lo que queremos demostrar es que el número 30.000 es un resumen de lo que significó esa represión ilegal en la que nadie daba respuestas”, dice.

¿Sirve una ley?

La pregunta sobre si una ley penal sirve para contrastar las posturas negacionistas está abierta o si puede entrañar una afectación a la libertad de expresión. También hay quienes se preguntan si no puede funcionar como un caldo de cultivo para acrecentar la presencia de los sectores negacionistas.

La jurista Valeria Thus – titular del seminario Negacionismo y derecho penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA)– cree que una ley es factible. “Lo que estamos discutiendo es si criminalizar discursos negacionistas es posible. Sí, se puede desde el derecho, pero hay que hacer un fuerte trabajo para linkear los negacionismos con modalidades de discursos de odio, siguiendo los lineamientos de Naciones Unidas y el Plan de Acción de Rabat. Pero la pregunta que resta responder, a la que yo no puedo responder así, es si es deseable. Y no lo puedo contestar porque eso requiere que nos pongamos de acuerdo sobre qué crímenes negados, sobre qué sujetos y para qué serviría la ley”, explica.

Feierstein, por el contrario, no es optimista con la utilización del derecho penal. “Suelo distinguir el derecho penal del derecho administrativo. Cualquier proyecto que se vincule a formas de penalización de modalidades de expresión, de la formulación de ciertas ideas por más espantosas que sean, me parece absolutamente contraproducente. Ahora, pensar que un funcionario público tiene determinadas responsabilidades y no puede aceptarse que lleve a cabo la vulneración de víctimas de un proceso histórico y que la respuesta a eso sea la imposibilidad del ejercicio de su cargo, ahí estamos en otro nivel”, concede.

La clave de la educación

“En principio, penalizar la expresión de opiniones –aún cuando sean erróneas o repudiables– viola la libertad de expresión. Sin embargo, es factible que se establezcan leyes que sancionen el negacionismo frente a cuestiones concretas como el Holocausto o las graves violaciones a los derechos humanos siempre que esas manifestaciones afecten los derechos o la reputación de los demás”, le dice a Página/12 Fabián Salvioli, el jurista argentino que, desde 2018, está a cargo de la relatoría especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición.

“El que no puede incurrir en negacionismo es el Estado y, en ese sentido, los funcionarios del Estado de ninguna manera pueden incurrir en una actitud negacionista porque eso compromete la responsabilidad del Estado”, agrega Salvioli. “No debería existir una sociedad que admita el negacionismo, de manera tal que nadie que tenga una postura negacionista ocupe un rol en el Estado”, añadió el relator de Naciones Unidas.

–¿Cómo se le hace frente al negacionismo entonces?

–Con una sociedad que lo repudie. Una sociedad no puede tener como referente a alguien que niega el dolor y el sufrimiento que han experimentado tantas personas. Una persona que actúa de esa manera no tiene las cualidades éticas de ocupar un cargo público. Por eso, la educación es la madre de todas las batallas y, por eso, hay que trabajar en educación en derechos humanos y en memoria, la clave está ahí. De esa manera, el discurso negacionista va a ser limitado a la mínima expresión y no va a tener influencia.