Tres mujeres fueron imputadas la semana última por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Las tres fueron detenidas en operativos realizados el sábado y domingo anteriores, a partir de la aprehensión de la transportista.
En la audiencia de formalización de la imputación realizada por el fiscal general Eduardo Villalba ante el juez federal de Garantías Julio Bavio, la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi detalló que la primera detención se produjo el sábado 19 de marzo, en el pequeño pueblo de General Pizarro, en el departamento Anta, donde personal de la Gendarmería Nacional detuvo un micro procedente de Orán.
Al revisar la documentación de las personas que viajaban, se advirtió que una mujer presentó un documento cuya foto no coincidía e incurrió en una serie de contradicciones al tratar de explicar esta irregularidad. Finalmente se negó a abrir el bolso que portaba.
Los gendarmes procedieron a la requisa, ya con la orden judicial y la asistencia de mujeres de la Policía de Salta, y descubrieron cuatro paquetes de droga, tipo ladrillos, en el interior del bolso.
La fiscalía dijo que una vez descubierta la cocaína, que pesaba más de dos kilos, la mujer no se opuso a la detención y cuando la trasladaban a otra dependencia de Gendarmería, aportó información clave sobre la operación.
Con estos datos, el fiscal Villalba instruyó para que se avance con una “entrega vigilada”, técnica de investigación criminal promovida por el nuevo Código Procesal Penal Federal, que está vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019.
De esta manera, con la colaboración de una mujer gendarme de similares características físicas de la imputada, se acordó un lugar de entrega de la droga en inmediaciones de un centro de salud del barrio Solidaridad, en la zona sur de la ciudad de Salta.
El domingo 20 a la tarde, tras varios contactos telefónicos con la mujer sindicada como la persona que supervisaba la operación de tráfico, se logró su detención y la de su madre. No se brindó la identidad de estas mujeres, pero se precisó que eran vecinas del mismo barrio.
Al fundamentar la acusación, la fiscalía sostuvo que la participación de las tres detenidas está probada de manera contundente, pues indicó que la transportista aportó datos que permitieron establecer cómo se obtuvo la droga y se dispuso la ruta de transporte, de Orán a Joaquín V. González y de allí a la ciudad de Salta.
En cuanto a la principal acusada, una mujer que se desempeña en un sanatorio médico local, no sólo respondió los mensajes de la transportista, sino que indicó cada paso que tenía que dar e incluso designó el lugar de entrega de la droga y la forma de pago por el transporte.
Respecto a su madre, que argumentó que sólo acompañó a su hija, se determinó que no tuvo una actitud pasiva, pues estuvo presente cuando su hija hablaba de la droga, lo que indica que conocía los detalles de la operación de narcotráfico, sostuvo la fiscalía.
La auxiliar fiscal formalizó también el pedido de prisión preventiva de la transportista y la principal acusada, fundándose en los riesgos procesales del caso, como la fuga y el entorpecimiento de la investigación.
Resaltó también la naturaleza, gravedad del hecho y la expectativa de pena para las acusadas, que no sería de ejecución condicional. “Tampoco hay que dejar de lado, el grave daño que habría causado la maniobra, pues la droga estaba destinada a la reventa en esta ciudad”, agregó.
Para la tercera acusada, en tanto, la fiscalía solicitó el arresto domiciliario, pero su defensa requirió su libertad con la imposición de otras medidas restrictivas. El defensor de la principal acusada también se opuso a la prisión preventiva y planteó el arresto domiciliario, atendiendo a que tiene tres hijos menores a su cargo.
Al resolver, el juez Bavio dio por formalizada la acusación, autorizó peritajes pendientes y convalidó solamente la prisión preventiva de la mujer detenida en el colectivo, mientras que para la principal acusada accedió al arresto domiciliario requerido por su defensa, medida que también mantuvo para su madre.
Esta decisión no quedó firme debido a que fue impugnada por el fiscal Villalba, quien sostuvo que, si bien el interés del niño debe ser tenido en cuenta, en este caso ese derecho no está en riesgo en razón de que las personas menores de edad no se encuentran desamparadas, pues hay varios parientes que podrían asumir su cuidado.
