Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques volvieron a arremeter contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos. Esta vez le piden al juez Julián Ercolini que cite a los Kirchner a declaración indagatoria porque le alquilaron hoteles –principalmente el Alto Calafate– a una empresa del grupo Báez, pero –según argumentan– esos alquileres no eran tales, sino que eran coimas a cambio de la obra pública. En total, Valle Mitre, la empresa de Báez, pago 22 millones de pesos a lo largo de cinco años, lo que significó unos 130 pesos la habitación por noche. Pero Pollicita y Mahiques no evalúan si el valor del alquiler es razonable o no, sino que sostienen que es una coima. Un dato llamativo es que los fiscales afirman que en cuatro años Báez invirtió 86 millones de pesos en los hoteles, pero el objetivo de semejante inversión fue pagarle 22 millones de alquiler-coima a los Kirchner. El razonamiento de los fiscales parte de que la familia de los ex presidentes es culpable y a partir de esa base tratan de encajar su interpretación de los hechos.

  Los fiscales afirman que la maniobra criminal tiene cuatro pasos y que el primer escalón fue la adjudicación de 50 de las 80 obras públicas de Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez. Pollicita y Mahiques dan por probadas maniobras que están en debate y que no tienen apoyo en el informe que hicieron las autoridades macristas de Vialidad Nacional. En los dictámenes anteriores no pudieron probar la existencia de obras pagadas y no terminadas; hicieron un cálculo fraudulento respecto de sobreprecios  –o sea que no los pudieron probar– y se chocaron con el hecho de que las licitaciones que ganó Báez no fueron objetadas por los competidores. Incluso con su primacía en Santa Cruz, Báez quedó en el puesto 40 de los adjudicatarios de obra pública. En la obra más grande, las represas Cepernik y Kirchner, Báez fue a la licitación con el primo de Macri, Angelo Calcaterra, y perdió. 

 El segundo paso de la maniobra que le adjudican a la familia Kirchner se pone en marcha en 2008, cuando Néstor Kirchner decide pasarse del negocio de alquilar departamentos y oficinas a comprar y alquilar hoteles. Para Pollicita y Mahiques es un plan criminal para cobrar coimas. En total, Néstor y Cristina vendieron más de 20 departamentos y propiedades. Los fiscales no dicen que hubo delito en la compra del Alto Calafate, pero de hecho señalan que las adquisiciones fueron realizadas sólo para cobrar coimas. La tercera parte de la maniobra criminal se concretó a través de una especie de capitalización que hizo Báez de su empresa Valle Mitre, que por entonces administraba sólo un restaurante. Además, tratan de invalidar el argumento de que por obras valuadas en 46.000 millones de pesos, se pagaron 22 millones de coimas, una proporción que no tiene el menor sentido. Pollicita y Mahiques razonan que hubiera sido demasiado evidente que a través de los hoteles se hubiera pagado más dinero, pero eso en todo caso demostraría que era irracional armar semejante estructura de hoteles y personal para pagar una coima proporcionalmente inexistente. Una coima del cinco por ciento serían unos 2.300 millones y los Kirchner cobraron 22 millones en alquileres. 

 El tercer paso de la maniobra consistió en la operación de los hoteles por parte de Valle Mitre. Lo fiscales sostienen que en esa operación hubo un contrato sospechoso con Aerolíneas Argentinas, pese a que ese contrato con el Alto Calafate existía desde antes que los Kirchner compraran el hotel y antes de que Aerolíneas fuera estatizada. También mencionan que YPF contrató salones y que lo mismo hicieron las empresas de Báez supuestamente para cursos o eventos de su personal o alojamiento de cargos jerárquicos. Cerca del constructor señalan que esa fue parte de la lógica: alojar allí a una parte de los ingenieros y el personal más especializado. Báez presentó un extenso escrito sobre sus alquileres en la causa sobre la obra pública. 

 “Lo concreto es que el alquiler del Alto Calafate fue real, a precio razonable, se pagó y cobró con cheque, y se pagaron los impuestos correspondientes. No tiene la menor similitud con una coima. ¿O los hoteles se debieron entregar en forma gratuita para que no se considere que hubo una coima?. Todos los expertos en turismo evaluaron que pagando 130 pesos por habitación, el margen de ganancia daba para sostener otras 10 habitaciones”, insistieron los letrados. 

  Pollicita y Mahiques concluyen que la cuarta etapa consistió en pagar los alquileres a los Kirchner, es decir transferirles el dinero de las coimas originadas en el primer paso, la obra pública. 

  El juez que está cargo de la causa, Julián Ercolini, se expidió acerca de un caso prácticamente idéntico hace unos años. En ese entonces, el magistrado resolvió sobre el alquiler del hotel Los Sauces, de los Kirchner, a otro adjudicatario de obra pública, Juan Carlos Relats. En aquel entonces, Ercolini sostuvo que un mandatario tenía derecho a administrar sus bienes, que ni siquiera debía evaluarse si los precios eran de mercado o no, porque puede estar la estrategia de iniciarse en un negocio como el del turismo. 

 Habrá que ver qué resuelve ahora Ercolini. Mirando lo que ha hecho en tiempos recientes, es casi seguro que llamará a los Kirchner a prestar declaración indagatoria. Son tiempos electorales y la coalición política-mediática-judicial parece que resolvió retomar la marcha.