El Ministro de Cultura, Pablo Avelluto, pasó anoche por el Congreso para responder ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado por el conflicto generado por el desplazamiento de Alejandro Cacetta de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el 12 de abril, por supuestos casos de corrupción y desvíos de fondos. Durante dos horas, el funcionario, acompañado actual titular del organismo, Ralph Haiek, habló sobre la situación y los lineamientos políticos de su cartera, defendió la “búsqueda de transparencia”, negó que lo ocurrido desde mediados del mes pasado haya sido una “intervención” y aseguró que no sólo el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), la principal herramienta de financiación de las producciones nacionales, no corre peligro, sino que aspira a crear “más cine argentino, más espectadores para nuestras películas, más trabajo para nuestros técnicos, actores y directores”. 

Avelluto dio su versión del conflicto desatado en el Incaa: “A mediados de marzo, en la Jefatura de Ministros del Gabinete se recibió un sobre anónimo con fotocopias de documentos del Instituto de 2016 y 2017 que mostraban, o al menos eso podía deducirse, problemas con los fondos. Eran documentos relacionados con gastos en trasladados, contratación del personal, obras. Ante esa situación hicimos lo que correspondía: citamos al Presidente del Incaa y le pedimos que promoviera una investigación para ver qué había pasado”. 

A ese primer encuentro le siguieron, siempre según el funcionario, “no menos de cuatro” en los que volvió a pedirle explicaciones y “que tomara las decisiones necesarias”. “Las respuestas y acciones no satisficieron lo que yo creía que debía hacerse, y hablamos con la Oficina Anticorrupción para entregar estos documentos. En este momento esa Oficina se encuentra abocada a analizarlos para después tomar las acciones que correspondan”. El pedido de renuncia a Cacetta llegó desde el Ministerio el miércoles 12 de abril. La situación generó una rápida reacción de gran parte de la comunidad audiovisual, y ese mismo jueves 13 se realizó una Asamblea en el cine Gaumont a la que asistieron representantes de todos los sectores. La dinámica se repitió en días posteriores en diversas ciudades del país, como Córdoba, Mendoza y La Plata. 

El temor generalizado era que lo que sucedía puertas adentro del Instituto pusiera en peligro el Fondo de Fomento, algo que los funcionarios que se refirieron al tema desmintieron una y otra vez. Avelluto volvió a hacerlo ayer. Agregó: “Nos reunimos con los referentes de la industria para dar las explicaciones y garantizar la continuidad del Fondo. También asumimos un compromiso con la transparencia en el uso de recursos públicos. Se dijeron muchas cosas del Instituto, se habló de una intervención que no fue. Nuestro interés es que los fondos públicos se manejen de forma transparente.”

EL Fondo de Fomento Cinematográfico es principal herramienta de financiación del cine argentino y se compone, principalmente, con el 10 por ciento del valor de todas las entradas de cine cortadas en el país y de alquileres de video, más allá de que se trate de una producción argentina o no, y con el 25 por ciento de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en concepto de gravámenes a la TV, el cable y la radio. Este año, el Incaa tiene un presupuesto de poco más de 2800 millones de pesos, 1100 de los cuales deberían llegar mediante esas vías. La pregunta que sobrevuela en distintos referentes del sector es si esos canales se mantendrán de sancionarse el hasta ahora fantasmal proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que el Poder Ejecutivo guarda bajo siete llaves. Avelluto reconoció que ni siquiera él lo vio y que generó “inquietud porque allí podrían estar consignadas la reducción o eliminación de impuestos para la financiación”. “No conozco el proyecto”, aclaró, y siguió: “Pero claramente sé que no existe ninguna intención, decisión ni propuesta que tienda a reducir, eliminar o afectar de alguna manera el Fondo de Fomento que hoy pagan las empresas de medios audiovisuales”. 

Horas antes de su paso por el Senado, la Asamblea Abierta de la Comunidad Audiovisual, conformada por las entidades de directores, productores, distribuidores, técnicos, trabajadores del Incaa y estudiantes, difundió una información según la cual hay 26 largometrajes con graves retrasos en sus créditos, 12 de ellos al borde de la cancelación. Tanto Avelluto como Haiek reconocieron las demoras e incluso la subejecución del Presupuesto, pero insistieron en que el problema más importante pasa por la burocracia. “Hoy tenemos tecnologías que vuelven inexplicables las demoras. Al Incaa no habían llegado las fichas electrónicas que estamos usando en todas las dependencias públicas”, se defendió Avelluto.