Producción: Javier Lewkowicz y Valentina Castro

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Lo que el Fondo se llevó

Por María Florencia Ojea (*)

Llegó el turno del Fondo Monetario Internacional de votar el acuerdo para refinanciar la deuda contraída en el 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, y la primera pregunta que surge es ¿qué condicionantes actuales y futuros presenta para la Argentina y qué escenarios se pueden esperar?

A priori, cuatro ejes económicos sobresalen de este memorándum de entendimiento que, paradójicamente, no todos parecen entender: 1. ¿Será posible reducir 1 punto porcentuales de déficit fiscal y cumplir la meta de 2,5 por ciento del PBI en este 2022, centralmente vía reducción del gasto y tarifas?; 2. ¿Por qué el FMI asume que la inflación es multicausal pero sus recetas siguen virando hacia la contracción de la emisión monetaria y la regulación de tasas?; 3. ¿Cuál es el plan para sostener los niveles de acumulación de reservas netas esperados en 2023 y 2024?; 4. ¿Cómo se cumplirá la meta de inflación con un 8,8 por ciento acumulado ya en los primeros 60 días del año?

En este escenario, surge un condicionante transversal a todos los anteriores y asociado a quién toma las riendas de todas esas decisiones: la cesión de soberanía y del control de las propias herramientas de política económica, financiera y monetaria. La propuesta aprobada a mediados de marzo por ambas Cámaras incorpora 13 compromisos que tiene que cumplir la Argentina (que incluyen el estudio de la sostenibilidad de nuestro Sistema Previsional, la evaluación de los programas de apoyo social, un plan para una incipiente salida del cepo, entre otros), 5 puntos a trabajar de manera “conjunta” con el staff del FMI, y una cláusula de consulta que condiciona al gobierno argentino a acudir al organismo ante “la adopción de determinadas medidas contenidas en este Memorando y a evitar cualquier política que no sea consistente con los objetivos del programa y nuestros compromisos en el contexto de este”. Por ejemplo, si quisiera pagarse un bono a los jubilados, tendría que primero consultarse con el Fondo.

¿Cómo sigue esto? Es cierto que la aprobación del acuerdo permite despejar vencimientos impagables para la Argentina por más de 40 mil millones de dólares a tres años y evita el default inmediato. Pero igual de cierto es que estaremos sometidos a una evaluación trimestral por parte del organismo como condición previa a cada uno de los desembolsos, lo que nos coloca en un “escenario de posible default” cada tres meses. Además, el margen de maniobra será cada vez más acotado en virtud de la obligación de presentar informes mensuales (sobre servicios de deuda, depósitos bancarios, reservas, préstamos), semanales (sobre balance del Banco Central, tipo de cambio y operaciones de Contado con Liqui y Dólar Bolsa) y hasta diarios (sobre emisión monetaria, depósitos de los bancos en el BCRA, operaciones de dólar futuro, asistencia de liquidez a los bancos).

Si en algún momento afirmamos que crecer sirve solamente si es con la gente adentro, de seguro eso no incluía la presencia del Directorio del Fondo Monetario Internacional.

Por último, más allá de la autocrítica del FMI realizada unas semanas atrás, el acuerdo no refleja su corresponsabilidad en la contracción de una deuda históricamente impagable y en el financiamiento de la fuga de capitales acontecido durante 2018 y 2019. Esa es una carta que el gobierno argentino todavía tiene y podrá jugar en cada una de las diez revisiones a realizarse, y que tiene incluso presencia en sede penal.

Pagar o no pagar, esa (no) es la cuestión. Como Estado soberano, la Argentina tiene que hacerse cargo de pagar las deudas contraídas, incluso por gobiernos anteriores y de distinto color político. La pregunta siempre es sobre los hombros de quiénes recaen esas deudas y, más aún, quiénes serán finalmente los que tomarán esa decisión. Dado que el mes de marzo ofrece algunas contraseñas históricas para la Argentina, quizás la moraleja a futuro sea: al FMI, nunca más.

(*) Analista económica del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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Acuerdos y desacuerdos

Por Santiago Manoukian (**)

La aprobación por amplia mayoría del acuerdo con el FMI impulsado por el propio Frente de Todos (FdT) en el parlamento tuvo la curiosidad de recibir fuertes críticas “por izquierda” y “por derecha”, con el mayor caudal de votos negativos provenientes del oficialismo, en cuyo seno la tensión llegó a niveles máximos. ¿Cómo se explica esto?

Considerémoslo desde la iteración economía-política: la forma en que la política incide en la economía y la economía incide en la política. El intento de los gobiernos por estimular la economía en las previas electorales es quizá el caso más emblemático de esta relación, de forma tal que los ciclos políticos son unas de las claves para anticipar posibles movimientos de la política económica. En este sentido, la lógica de la economía política constituirá una lente imprescindible con la cual analizar las perspectivas que se abren.

A grandes rasgos, el acuerdo no presenta elevadas exigencias desde lo económico, pero conlleva costos en lo político de cara a las elecciones 2023. Si bien perfectible, era necesario y va en la dirección correcta, aunque no en la que hubiese optado una parte importante del Gobierno. Es así que su cumplimiento no dependerá únicamente de su viabilidad económica, sino también de la política-social, en un contexto de conflictividad creciente.

Desde una óptica económica, el pacto contribuye principalmente a evitar en el corto plazo un escenario de disrupción económica. No obstante, luce “generoso” en cuanto al gradualismo de las metas y corrección de desequilibrios. Tampoco involucra un plan integral de estabilización robusto con una clara orientación sobre cómo cumplir las metas pactadas ni medidas de fondo para mejorar las perspectivas de mediano plazo.

Asimismo, los supuestos sobre los que se sostiene el programa lucen inconsistentes: mantener la competitividad cambiaria (acelerar la devaluación) para favorecer la recomposición de reservas, junto con una reducción de subsidios (ajuste real de las tarifas) para achicar el rojo fiscal, por un lado; en simultáneo con una mejora de los salarios reales y una reducción de la inflación, por el otro; resulta muy improbable. Más aún con un escenario internacional que complica: el salto en los precios de las commodities aportará algunos puntos más a una inflación local con una fuerte inercia, afectando los salarios reales y la recuperación económica. A la par, los mayores precios energéticos exigirán un ajuste en las tarifas en un contexto en que el déficit fiscal tuvo un mal primer bimestre.

En materia política, si bien el acuerdo coopera en brindar un puente de gobernabilidad a 2023, el cambio de enfoque de la política económica choca contra las internas del oficialismo, y esto no es trivial: un Gobierno debilitado, con fisuras internas y baja credibilidad dificultarán la implementación y efectividad de las medidas necesarias para el cumplimiento de las metas. Urgen acuerdos rápidos y sostenibles al interior del Frente de Todos para mejorar la coordinación de expectativas, más aún en un contexto en que las anclas nominales tradicionales han perdido la efectividad del pasado y donde crecen los conflictos con sectores como la agroindustria, los importadores o los gobernadores, sumado a una posible conflictividad social en ascenso.

En suma, se inicia una nueva etapa signada por el cumplimiento de las metas junto con la tensión en el oficialismo que seguirá generando incertidumbre sobre la voluntad política para implementar el acuerdo. Las inquietudes surgirán mayormente en 2023: en medio del año electoral en el que el oficialismo buscará recuperar votos, confluirán la auditoría sobre el desempeño en el último trimestre de 2022 y la verificación de los progresos durante la primera parte del próximo año. Una mayor unidad del Frente de Todos será vital para evitar errores no forzados, gestionar conflictos en varios frentes y no correr de atrás a los problemas en medio de múltiples disyuntivas económicas. ¿Volverán a imponerse las necesidades políticas por sobre las económicas?

(**) Consultor económico.