La fiscalía pidió otros diez años para el exjuez

Desde Santa Fe

El fiscal general Martín Suárez Faisal y la auxiliar fiscal Jimena Caula le pidieron al Tribunal Oral de Santa Fe que condene a Víctor Brusa a 10 años de prisión por “apremios ilegales” durante la dictadura a tres militantes peronistas, Francisco Klaric, Luis Baffico y Carlos Chiarulli, y consulte a las víctimas antes de otorgarle al imputado más “beneficios” para cumplir la sentencia. Brusa ya cumple una condena unificada a 23 años de prisión por los mismos cargos: “apremios ilegales” a otros nueve militantes y “asociación ilícita”, pero en su casa, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le anuló la “prisión domiciliaria” en octubre de 2021. La semana pasada, la abogada querellante Lucía Tejera había solicitado 15 años de cárcel efectiva para el ex juez por “tormentos agravados” a Klaric en “el contexto del genocidio”. Suárez Faisal dijo que Brusa “tenía el deber de velar por el estricto respeto de los derechos y garantías” constitucionales, pero “eligió estar por encima” de la ley: cometió “numerosas violaciones a los derechos humanos con absoluta impunidad” y se transformó “en una pieza importantísima del plan de destrucción física y psíquica de detenidos políticos”.

El alegato del Ministerio Público fue el segundo en el juicio que se sigue a Brusa y a dos ex policías: la excarcelera del Área 212 que funcionaba en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), María Eva Aebi, y el ex oficial Juan Eduardo González. Suárez Faisal les pidió 10 años de prisión a Brusa, 12 años a González y 9 a Aebi, en los últimos dos casos por “privación ilegal de la libertad” y “tormentos agravados” a otros cinco militantes.

El juicio -que es el cuarto a Brusa, el sexto a Aebi y el primero a González- seguirá el miércoles 30 con el alegato de la defensa. El jueves 7 de abril, los tres imputados podrán decir sus últimas palabras. Y el viernes 8 se conocerá el veredicto.

El debate volvió a destapar el rol de la justicia en el “entramado criminal” de la dictadura. La abogada querellante Lucía Tejera dijo que el Juzgado Federal de Santa Fe –donde operaba Brusa- “era parte integrante y fundamental” del terrorismo de estado porque “legitimaba los crímenes” y garantizaba la “impunidad” de sus ejecutores.

El Ministerio Público coincidió. “El terrorismo de estado contó en Santa Fe -igual que en otras provincias- con la complicidad de miembros de un Poder Judicial Federal que apañó el plan sistemático de represión y aniquilamiento de la denominada 'subversión' que imperó en Argentina por lo menos entre 1976 y 1983", dijo la fiscal Jimena Caula.

“El Juzgado Federal de Santa Fe no sólo evidenció una clara voluntad de no investigar las atrocidades que eran denunciadas por las víctimas, sino que también fue el cómplice perfecto de la dictadura para justificar judicialmente los secuestros y torturas cometidas por los llamados grupos de tareas o patotas”.

“Brusa fue uno de los principales protagonistas de estas acciones, y junto con otros funcionarios judiciales, como el secretario (Victor) Montti y el titular del Juzgado Federal de aquella época, Fernando Mántaras -quien fue tildado de “nazi” por su otro secretario (Rodolfo) De Aguirre en la causa Brusa-, conformaron la denominada ‘patota’ judicial”, como los llamó Klaric en esta sala de audiencias”, agregó Caula.

El método Brusa siempre fue el mismo. "Se arrogaba la representación de la justicia federal como secretario, en los interrogatorios en comisarías o en la cárcel de Coronda (como lo admitió en su indagatoria) para obligar a los detenidos a autoincriminarse",  ratificar "declaraciones arrancadas bajo torturas en centros clandestinos de detención" y luego "condenarlos en causas armadas".

“Eso ocurrió con Baffico y Chiarulli. Cuando las víctimas les decían a Brusa que las declaraciones habían sido firmadas bajo torturas”, el interrogador les respondía. “No conozco las torturas y si las conociera las denunciaría”, como le dijo a Baffico. “No hay apremios ilegales en la Argentina y si querés saber qué son los apremios ilegales te llevo a la piecita de al lado”, le planteó a Chiarulli.

Caula recordó que en la indagatoria le preguntó a Brusa “qué pasaba si algún detenido le decía que esas declaraciones habían sido tomadas bajo torturas”. “Me contestó que dejaba constancia y actuaba en consecuencia”, pero “no recordó ningún caso en particular, porque no era así”, lo desmintió la fiscal.

Chiarulli dijo que cuando le denunció a Brusa que había sido torturado, éste le respondió con “burlas y amenazas de más apremios ilegales. La respuesta fue un apriete”. “La misma situación sufrió Klaric cuando Brusa lo indagó en la cárcel de Coronda, donde estaba detenido", recordó Caula. "Brusa quería que Klaric le dijera" que el secretario general de UPCN, Alberto Maguid, “era montonero para poder apretarlo”. Klaric estaba esposado y atado a una silla y Brusa le caminaba alrededor mientras se golpeaba una de sus manos con un cinto.

Klaric dijo que “Brusa era un patotero, amo y señor de su situación” cuando fue a “apretarlo” al penal de Coronda y como él se negó a involucrar a Maguid, lo amenazó: “¡Con vos lo vamos a arreglar de otra manera!”. Y eso ocurrió, porque después Klaric fue sacado “en varias oportunidades de la cárcel de Coronda para ser interrogado bajo torturas en otros centros clandestinos de detención”, agregó Caula.

Los dos fiscales, primero Caula y después Suárez Faisal, citaron un informe de inteligencia que definió a Brusa como “un colaborador de confianza del Ejército en la lucha contra la delincuencia subversiva”. El informe de la SIDE fue aportado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en el primer a juicio a Brusa en 2009 y “está mencionado en la sentencia del tribunal”, que ya es cosa juzgada.

Suárez Faisal coincidió que la obligación de Brusa era “velar por el estricto respeto a los derechos y garantías” constitucionales, pero él “eligió estar por encima” de la ley. “Violó los derechos humanos con absoluta impunidad. Y se convirtió en una pieza importantísima, como dice el informe de la SIDE, del plan de destrucción física y psíquica de los detenidos políticos”.