Desde Lima

Jornada decisiva para la democracia peruana. Este lunes, la ultraderecha parlamentaria intentará destituir de la presidencia a Pedro Castillo, en un proceso sumario por el impreciso cargo de “incapacidad moral”. La acusación, que tiene una muy débil argumentación, es por supuesta corrupción, basándose en denuncias que están todavía en etapa de investigación inicial, cuestionamientos a la gestión de ministros, críticas a declaraciones periodísticas del jefe de Estado e incluso acusaciones a terceros que se esgrimen contra el presidente. A diferencia de un juicio político que tiene etapas en las que se presentan pruebas y descargos, en este caso todo se decidirá en un solo día. Castillo expondrá su defensa durante una hora ante el Congreso que lo acusa y luego, ya sin el mandatario en el hemiciclo, vendrá el debate parlamentario y la votación. Para aprobar la destitución del profesor rural que ha llegado a la presidencia derrotando al establishment que representó Keiko Fujimori, se necesitan 87 votos de un total de 130, dos tercios del Congreso unicameral. Los cálculos indican que los promotores del golpe parlamentario no alcanzarían esos votos. Pero Castillo juega con lo justo a su favor.

A Castillo se le imputa corrupción en licitaciones. Se cita el testimonio ante la fiscalía de la lobista Karelim López, denunciada ella misma por corrupción y que a cambio de beneficios legales ha acusado a funcionarios del gobierno e implicado a Castillo en supuestas licitaciones irregulares. Señala que el presidente encabezaría una supuesta estructura en el aparato del Estado para otorgar licitaciones fraudulentas. Una grave afirmación que, sin embargo, no ha sido corroborada. López está acusada de haber actuado como lobista en una licitación para la construcción de un puente por 232 millones de soles (unos 58 millones de dólares) y otra para la compra de combustible por 74 millones de dólares. La fiscalía investiga ambas licitaciones. Castillo ha admitido haberse reunido al menos una vez con la lobista que ahora lo acusa.

En su declaración a la fiscalía, López ha admitido que no le consta directamente actos de corrupción de Castillo y que sus afirmaciones en las que apunta contra el presidente se basan en lo que terceros le habrían contado. Sus denuncias están en investigación, todavía no hay conclusiones de su veracidad y menos de responsabilidades. Pero sin importar nada de eso, la oposición golpista toma las acusaciones no comprobadas de López contra Castillo como una verdad absoluta y una sentencia de culpabilidad para destituirlo.

La lobista convertida en acusadora del gobierno apoyó económicamente la candidatura presidencial de Keiko Fujimori contra Castillo y luego se relacionó con el gobierno a través del exsecretario de Catillo, Bruno Pacheco, separado del cargo luego que en un allanamiento fiscal a su oficina se le encontraron 20 mil dólares en efectivo, cuyo origen no ha podido explicar convincentemente. La derecha parlamentaria culpa a Castillo por ese sospechoso dinero encontrado a Pacheco. El abogado que asesora a López en sus acusaciones contra Castillo es el mismo abogado, César Nakasaki, del ex dictador Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Otra acusación contra el mandatario es por reuniones sostenidas fuera de Palacio de Gobierno, en la casa de un amigo, vivienda que la prensa ha bautizado como “un despacho paralelo”. También se le adjudica una supuesta presión para ascensos militares, acusación que ya fue hecha en un intento anterior para destituirlo que fue desestimado en diciembre pasado. Estos casos están todavía en investigación. Forzando hasta lo impensado la figura de la “incapacidad moral”, se define como tal el nombramiento de ministros que tienen cuestionamientos, y se señala como causa de destitución del presidente por esta razón haber dicho ante la prensa que no estaba preparado para gobernar o haber declarado a un medio que está a favor de facilitar una salida al mar a Bolivia.

Con la complicidad de buena parte de los medios, la extrema derecha utiliza la “incapacidad moral”, que fuerza hasta el absurdo, como una figura del vale todo y un arma para derrocar al gobierno. Que no tengan argumentos serios no es algo que los detenga. El objetivo es derrocar a Castillo y recuperar el poder. Lo de la “incapacidad moral” es la excusa que han encontrado para buscar acelerar y consumar un golpe parlamentario. Sin ruborizarse, ante la notoria falta de sustento de sus acusaciones, sus voceros han dicho que no necesitan pruebas de culpabilidad del presidente para destituirlo porque se trata de “un proceso político” en el que solo valen los votos. Pero los votos tampoco los tendrían. Castillo necesita el apoyo de 44 de los 130 legisladores para bloquear su destitución impidiendo que sus acusadores alcanzan los 87 votos que necesitan. El oficialismo, sumando la bancada de gobierno y a dos grupos aliados del Ejecutivo, tiene exactamente esos 44 votos. El gobierno no tiene margen para disidencias.

En un Congreso fragmentando en diez bancadas se pueden identificar tres bloques. Están las tres bancadas que apoyan al Ejecutivo y sus 44 votos, de los cuales 32 son del partido de gobierno Perú Libre. Otro bloque es el de la ultraderecha que impulsa la destitución de Castillo, formado también por tres bancadas. Suman 43 votos. El fujimorismo, con 24 legisladores, es la mayor de las bancadas alienadas con el golpismo. Un tercer sector, muy heterogéneo, formado por cuatro grupos de centro derecha, aglutina los otros 43 votos. Son los que inclinan la balanza para uno u otro lado. A diferencia de los otros dos bloques, estos grupos no suelen votar en conjunto, cada bancada tiene juego propio. Y dentro de cada una de estas bancadas se dan divisiones en las votaciones. Estos grupos respaldaron mayoritariamente, con algunas pocas excepciones, el pedido de la ultraderecha para llevar a Castillo al Congreso como acusado por “incapacidad moral”, que fue aprobado con 76 votos. La ultraderecha presiona para que los legisladores que no apoyaron iniciar este proceso de destitución cambien de postura y se sumen al golpismo. Pero también podría darse lo contrario, con disidencia de última hora entre los que votaron a favor de acusar al presidente. La votación de este sector es en buena medida impredecible.

La ultraderecha sabe que la tiene difícil en su intentona de golpe parlamentario. Si no logran su objetivo esperan utilizar la jornada de este lunes para debilitar más a un presidente que llega golpeado a este proceso de destitución por la guerra sin pausa en su contra desde la derecha política y mediática, y también por sus errores y retrocesos en las propuestas de cambio. Para consumar el golpe parlamentario, la ultraderecha necesita que los heterogéneos grupos de centro derecha se encolumnen sin fisuras detrás del golpismo, y conseguir al menos una disidencia dentro del oficialismo. Y no tener bajas en su propio frente. Un escenario altamente improbable. Pero la política peruana ya ha demostrado que cualquier cosa puede pasar.