El juez federal Sebastián Casanello le pidió el año pasado a la Inspección General de Justicia (IGJ) la carpeta donde deben constar datos sobre la composición societaria, actividad y declaraciones de la empresa Odebrecht. Fue poco después de que empezara la investigación sobre posibles coimas y sobreprecios en la construcción de una planta potabilizadora de Aysa en Tigre. El fin de semana trascendió que el legajo de la compañía se había perdido y ayer el Gobierno salió a anunciar como una gran iniciativa, con un retardo ostensible, que había intimado a Odebrecht a presentar sus balances correspondientes a 2015 y 2016, ya que no había dado cuenta de ninguna actividad de obra pública. Es extraño, además, que a pesar de esta anomalía Mauricio Macri le haya otorgado por DNU en junio del año pasado el financiamiento estatal de una obra de costos multimillonarios (se proyectaron pagos por 45 mil millones de pesos) como es el soterramiento del tren Sarmiento, por el cual también se investigan sobornos en otro juzgado.

A las causas penales donde se investigan coimas y sobreprecios en obras públicas, como las plantas potabilizadoras, el soterramiento del Sarmiento y los gasoductos Norte y Sur, ayer se sumó un elemento: el fiscal Jorge Di Lello, que tiene competencia electoral, abrió un incidente específico para rastrear los aportes de campaña de Odebrecht a Cambiemos durante la campaña electoral para las presidenciales de 2015. Las contratistas del Estado no pueden aportar fondos de campaña y hacerlo puede constituir un delito. Di Lello tomó una arista de una causa judicial que se inició por denuncias de la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) y del diputado Rodolfo Tailandés (Frente para la Victoria) por la que están bajo investigación, entre otras cosas, la compra de la empresa Solvay Indupa por parte de Unipar Carboclor, controlada por Braskem, cuyo accionista mayoritario es Odebrecht. A través de Braskem es que se hicieron los aportes para la campaña. Lo habitual, explican en tribunales, es que los aportes que se quieren disfrazar se hagan a través de socios u otras empresas.

La hiperactividad del Gobierno en relación con la investigación sobre los negociados de la constructora brasileña, que admitió haber repartido 35 millones de dólares de coimas en la Argentina, sobreviene en un contexto particular: mañana se levantará finalmente el secreto sobre las confesiones de 77 ejecutivos de la empresa que declararon bajo el régimen de delación premiada en el expediente brasileño conocido como Lava Jato y, en un expediente que tramita separado, la Justicia del país vecino se comprometió a enviar toda la información que dispone sobre las transferencias que uno de los arrepentidos, el cambista Leonardo Meirelles, aseguró que le había hecho a una cuenta en Suiza al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. Esto último se conoce bastante; sobre lo que dijeron en sus “delaciones” los directivos y empleados de la empresa respecto de funcionarios y empresarios argentinos todavía no se sabe casi nada. Las obras en juego atraviesan más de diez años, y llegan hasta ahora, bajo la administración macrista.

El viernes viajará a Brasil el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, para terminar de sellar un convenio de investigación bilateral con sus pares brasileños que  intervienen el caso Lava Jato. Rodríguez tiene a cargo una investigación donde intenta establecer si en la Argentina existieron maniobras comparables, por su tipo y envergadura, a las de Brasil. Pero no irá solo, sino con fiscales federales que intervienen en causas ligadas a Odebrecht. Uno es Franco Picardi, que investiga coimas en el caso del soterramiento del Sarmiento y esta semana imputó no sólo al empresario que representaba a esa constructora en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, sino a los directivos de Iecsa, su socia, el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero, además del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, Manuel Vázquez y José López. También viajaría  Gerardo Pollicita, quien investiga el financiamiento estatal por DNU para la obra del soterramiento. Se sumará Carlos Stornelli, quien realiza una pesquisa preliminar derivada de la confesión de Odebrecht en Estados Unidos. En Brasil, se reunirán con el viceprocurador, José Bonifacio Borges de Andrada, y con el fiscal Vladimir Aras. El fiscal Federico Delgado, que investiga las plantas potabilizadoras y los gasoductos, no integraría la comitiva. Este mes, además, habrá en Buenos Aires una reunión de procuradores del Mercosur, donde Odebrecht tendrá un apartado especial. La procuradora Alejandra Gils Carbó se reunirá entonces con su par brasileño, Rodrigo Janot Monteiro de Barros.

El gobierno argentino se encontró estos días con que Odebrecht le pide mantener sus contratos en el país y ofrece pagar y dar información a cambio de impunidad. El Ministerio de Justicia aludió a las reuniones como intentos por esclarecer los hechos. La realidad es que reina la preocupación por las consecuencias políticas de lo que se pueda dar a conocer. La Oficina Anticorrupción, el único órgano del Poder Ejecutivo que podría intervenir, no se presentó en ninguna de las causas penales. Por lo demás, la Casa Rosada no puede negociar con los imputados, en este caso de Odebrecht, excepto alguna reparación económica en paralelo a posibles decomisos judiciales.

Lo que sucedió con Casanello y el legajo de la IGJ (que depende del Ministerio de Justicia) sobre Odebrecht es un retrato de la situación: el juez lo pidió el año pasado, le mandaron los de otras empresas, pero justo el de esa constructora no; el lunes, después de que La Nación publicara que se había perdido la carpeta y que habría reaparecido mágicamente, la IGJ se presentó en el juzgado poniéndose a disposición. Para ese entonces, Casanello tenía redactada una orden de presentación (casi un allanamiento, menos agresivo) reclamando ese expediente de la empresa. Ayer el titular de la IGJ, Sergio Brodsky, anunció que intimó a la empresa para que presente sus balances de 2014 y 2015 porque no había declarado obras públicas que, como es obvio, hacía tiempo tenía adjudicadas.