La reforma de la Constitución de 1994 legitimó la administración neoliberal del Estado argentino. Desde aquella última década infame emergen esas instituciones desvinculadas del aparato estatal. ONGs, por su rótulo anglosajón, se encargan de toda obligación que Nación o Provincia deciden delegar a terceros. En los noventa, estas organizaciones comenzaron a tener más injerencia en áreas de salud, educación, alimentación, desnutrición infantil, y hasta obras de infraestructura. Pero ¿cabe analizar con una misma lente a todas las que trabajan en el Chaco salteño?
“¿Cuántas ONGs hay en la zona?”, preguntó Salta/12 al extensionista Álvaro Penza, de la Agencia de Extensión Rural del INTA de Santa Victoria Este, en el norte del departamento Rivadavia. “Uff”, soltó, “ahora mismo, una veintena como mínimo”. Comenzó por las históricas: Fundapaz (Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz) y ASocIANA (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana en el Norte Argentino). “Le siguen otras -continuó- como Acercar, del senador provincial de esa zona, Mashur Lapad. Las fundaciones de los famosos, Cultura Nativa, de los hermanos Rojas, y Rancho El Ñato, del Chaqueño Palavecino. Las relacionadas con la salud como Pata Pila, ADESAR (Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional), Mundo Sano, FUNIMA (Fundación Los Niños del Mañana). En agricultura está Fundación Siwok”. Cerró el detalle con dos recién llegadas a esa comuna: Fundación Gran Chaco y Fundación ProNorte.
Salta/12 buscó precisiones sobre el número de organizaciones que se vinculan con comunidades del Chaco salteño. “Son muchas las que trabajan acá”, aseveró el secretario de la Delegación de Asuntos Indígenas de la Provincia, Marcelo Córdova. En ese momento, el funcionario recorría parajes próximos a Santa Victoria Este afectados por la crecida del río Pilcomayo. “Están AMTENA (Asistencia Médica Thomas Elkins Norte Argentino del Hospital Británico de Buenos Aires), Fundación Arte y Esperanza. También la Cruz Roja, la Fundación del Hospital Italiano, la Fundación River Plate, que le otorgó un premio de un millón y medio de pesos al Club de Santa Victoria Este, y muchas otras” que no nombró, por no recordar la lista completa.
Córdova explicó una parte de cómo hoy tejen la trama con organismos públicos provinciales. “Las fundaciones de la salud coordinan sus tareas con el Hospital de Santa Victoria Este. Abordan distintas problemáticas en reuniones que se realizan en una mesa interministerial con referentes indígenas que participan y opinan”, aclaró. Sus integrantes se reúnen periódicamente en Santa Victoria Este y en Embarcación (en el departamento General San Martín sobre la ruta nacional 34). “Próximamente agregaremos Tartagal (también General San Martín sobre la ruta 34) y Morillo (en Rivadavia, sobre la ruta nacional 81)”, deslizó.
Aunque las respuestas de Penza y Córdova dan un panorama, no existe un relevamiento preciso sobre la cantidad de ONGs que operan en la región chaqueña. Al menos, ese dato no emerge en la información pública. Salta/12 consultó sin suerte al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). También, a la Dirección Provincial de Asociaciones y Fundaciones. Un ejercicio de cálculo, usando dos bases de datos nacionales, arrojó resultados que tampoco aclaran. Según el Registro Nacional de Sociedades actualizado a febrero de 2022, las fundaciones en Salta sumaban casi 1300. La base de datos del Centro Nacional de Organizaciones con la Comunidad, actualizada a la misma fecha, arrojó que las fundaciones son 80 ¿Cuántas son?
“No queda claro el funcionamiento de las ONGs en la provincia”, fue la conclusión de la diputada que representa al departamento Rivadavia, Gladys Paredes. La legisladora presentó un proyecto de ley en 2018, junto a Lucas Godoy (entonces diputado provincial por Capital). El objetivo: regular sus convenios con el gobierno de Salta. Fue reglamentado en marzo de 2020. Ahora depende de la Coordinación a cargo de Pablo Outes. Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación maneja todos sus subsidios o ayudas económicas. Fue una respuesta administrativa al manejo de fondos provinciales que realizó la Fundación Conin (Cooperadora para la Nutrición Infantil). En 2013 desembarcó en la provincia del Ministerio de Primera Infancia de Juan Manuel Urtubey y Carlos Abeleira, estableciendo franquicias solidarias con fundaciones locales. Una de ellas fue Nutrir, que actualmente cuenta con proyectos en comunidades wichí de Coronel Juan Solá (o Morillo, por el cartel en su estación de trenes) y La Unión, localidad del municipio Rivadavia Banda Sur. Salta/12 no pudo obtener una respuesta aclaratoria de esas organizaciones.
Octorina Zamora fue más crítica. Mujer wichí que lucha desde los años noventa, dijo que las ONGs nunca presentaron “un listado de recursos humanos que hayan ayudado o financiado a formar médicos, abogados, o arquitectos de las comunidades. Con ese listado, voy a afirmar que hicieron algo por los jóvenes, por nuestro futuro, salud, educación, y nuestros derecho”. Fue enfática al sostener que hace falta que “expongan cuánto dinero han recibido y qué se hizo con esos fondos”. Zamora no se refería a los últimos 30 años, sino a un período que abarca desde los 60 del siglo pasado hasta el presente. “Necesitamos saber cuánto ingresó porque todavía los chicos se nos mueren de hambre, tenemos problemas de salud, de alimentación, de educación y de derechos. No hay nada sólido”, sostuvo.
Agua y desmonte
José Rodríguez, vocal titular por el Pueblo Wichí en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), se centró en el problema del agua. Explicó un fenómeno en desarrollo: debido a los desmontes “ahora hay más demanda de pozos de agua para producir alimento”. En ese contexto “aparecen algunas fundaciones que trabajan haciendo pozos aunque de poca capacidad, como Siwok”. Sin embargo, necesitan un trabajo más coordinado, “porque las ONGs nunca pasan por el IPPIS para que nosotros, vocales de las nueve etnias reconocidas, podamos saber qué hacen y establecer prioridades. Hay muchas aparecidas”. Es decir, llegan y se van.
Las obras de pozos de agua circulan como noticia en diarios y portales. El último acontecimiento lo protagonizó una fundación de famosos (La Flia) y la ONG de una empresa energética (Pampa Energía). Marcelo Tinelli y Marcelo Mildin descendieron en 2020 al Chaco salteño que más visibilidad internacional tiene: el municipio Santa Victoria Este. En febrero de ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un fallo. Sostuvo que tanto la Nación Argentina como el Estado salteño vulneraron derechos de las comunidades originarias mientras batallaban por la titularidad comunitaria de dos viejos catastros fiscales: 55 y 14.
Este medio no logró respuesta de La Flia. En cambio, contactó a Fundación Pampa, porque en su web aún informa que financió dos pozos en el departamento Rivadavia: uno Santa Victoria Este y otro en Misión La Esperanza. Desde la ONG aclararon que contrataron y pagaron al proveedor que realizó el pozo en Santa Victoria Este. Sobre el segundo pozo (60 kilómetros al norte de Morillo en línea recta), confirmaron que no lo hicieron porque la información técnica nunca llegó a sus manos. Parte de esos fondos (un total de 50 millones de pesos) se destinaron a fortalecer al funcionamiento de la comunidad guaraní de Piquirenda (departamento San Martín). Pampa Energía maneja la Central Térmica situada en esa localidad.
Alejandro Deane es un ingeniero del oeste bonaerense que trabaja desde 1979 en el Chaco salteño. “La fundación Siwok tiene 20 años y es ahora un paraguas institucional para presentar proyectos”, aclaró durante la entrevista. “Nosotros nunca tuvimos más acción. Estamos trabajando sobre la ruta provincial 53, desde Embarcación a Misión Chaqueña (en San Martín), sobre la ruta nacional 81, haciendo pozos de agua en Hickman, Dragones y San Ignacio (también San Martín)”. Construyen huertas familiares con riego por goteo en Morillo y dos invernaderos: uno en Misión Chaqueña y otro en Misión La Paz (municipio Santa Victoria Este).
Desde hace pocos años trabajan sobre la ribera del río Pilcomayo, donde Argentina limita con Bolivia y Paraguay. “Tenemos un programa de perforaciones y una perforadora mecánica que llega hasta cien metros. En 2021 hicimos 14 pozos de agua en el municipio de Santa Victoria Este, desde La Puntana hasta Misión La Paz”, detalló. En las huertas comunitarias, Siwok además provee semillas híbridas que obtiene de distintas fundaciones de empresas agro exportadoras. Sin embargo, después de tantas décadas en la zona, para Deane los problemas de las comunidades tienen raíz educativa. “Con la excusa de que son indígenas, no se exige que cada chico conozca el enorme caudal de información de la currícula. Si quieren bajar la mortalidad infantil, que mejoren la educación. No les dan nada y se quedan sin sus saberes”. Para Deane el responsable es el Estado provincial.
Pata Pila es una ONG reciente, que surgió con las misiones de la congregación franciscana al Chaco salteño. “Comenzamos hace seis años con comunidades ava guaraní de Yacuy, al norte de Tartagal”, contó Macarena Aucapiña, que coordina el proyecto Llegar al Norte. “Después nos extendimos a Fortín Dragones y a Santa Victoria Este. Desde hace un año estamos en Embarcación, Pichanal (en Orán) y Alto La Sierra (en Rivadavia)”. Se enfocan en la nutrición infantil de niños entre cero y cinco años, y en mujeres embarazadas de 45 comunidades. Sin embargo, se plantearon algunos cambios para atender mejor las demandas estructurales de agua y acceso a la salud. Lo hicieron por ejes transversales específicos: “interculturalidad, educación, género y cultura de paz”. Como Siwok, trabaja con mediadores culturales que se forman desde las comunidades. “Obviamente nuestro aporte es un grano de arena porque lo estructural viene desde hace mucho”, opinó.
La cuestión de la tierra y el futuro ordenamiento territorial
La antropóloga argentina Marcela Mendoza, de la Universidad de Oregon (Estados Unidos), marcaba en 1992 que de “casi una decena de ONGs vinculadas con grupos indígenas del Chaco Argentino, por lo menos tres estaban inspiradas en el credo religioso cristiano”. Nombró a ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) y JUM (Junta Unida de Misiones). Menciónó a Fundapaz, INCUPO (Instituto de Cultura Popular), e INDES (Instituto para el Desarrollo Económico y Social).
La Asociación Civil Tepeyac es otra de las históricas en el departamento Rivadavia vinculada con la Iglesia Católica por la diócesis de Orán. Por ella, a ENDEPA. Eduardo Bertea, o Lalo, por su apodo, opinó sobre el boom reciente de ONGs. “Aparecen para la foto”, lanzó. “Paracaidistas les decimos, también francotiradoras, porque son muy buenas denunciando pero nunca están al momento de jugarse”. También opinó sobre el empobrecimiento de los pueblos originarios. A su entender, no es correcto afirmar que sufren desde los noventa. “Antes no se visibilizaban sus problemas”, marcó certero. Desde Morillo recordó que “la Constitución Argentina de 1853 no reconocía la preexistencia étnica de los pueblos ancestrales”. Recién en la reforma de 1994 se plasmó como derecho constitucional su preexistencia y ciudadanía. Silvia Bertea, también de Tepeyac, fue más amplia: “Buscamos soluciones mientras se comparte un camino. A nosotros nos pidieron tener los títulos de tierra. También, afirmar su lengua o el acceso a distintos niveles educativos para poder contar con intérpretes que los ayuden cuando una persona es juzgada según la justicia de la sociedad envolvente. Nos plantearon cuidar el monte porque no es cierto que el indígena sea su depredador”.
Gabriel Seghezzo, director ejecutivo interino de Fundapaz, relató a Salta/12 que la organización llegó a Salta a inicios de la democracia por las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. Desde ese momento, trabajan tanto con comunidades originarias como criollas campesinas. Los equipos técnicos viven en el territorio y sus oficinas se distribuyen en localidades de los tres municipios del departamento Rivadavia (Santa Victoria Este, Los Blancos y La Unión). Hace pocos años están en Embarcación, departamento San Martín. “El nivel de decadencia, de atraso y de pobreza es un proceso acumulativo en Argentina”, opinó. “Cuando los criollos necesitan el reconocimiento de sus tierras, van por el Código Civil. Pero a las comunidades indígenas no les alcanza con el reconocimiento de su preexistencia. Los derechos son diferenciales no superiores”.
Uno de los más antiguos trabajos sociales con comunidades en Salta corresponde a la Sociedad Misionera de América del Sur de la Iglesia Anglicana. Comenzó esa tarea en el siglo pasado. Actualmente su presencia continúa bajo el nombre ASocIANA. “Hoy aseguramos la titulación de la tierra para comunidades indígenas del Pueblo Wichí en el Chaco salteño”, explicó Ana Álvarez. “Implica el acceso a sus recursos del monte, el acceso a políticas públicas, el acompañamiento de procesos organizativos tendientes al reconocimiento de su situación en la región”. Antes de los años 90 los anglicanos se ocuparon de los vacíos que dejaba el Estado. “Lo más urgente era la salud, luego educación”. Contó que muchos de los dirigentes sociales originarios, como Francisco Pérez, se formaron con maestros de sus programas de educación y alfabetización. “En ese tiempo, los niños wichí tenían vedado el acceso a la escuela criolla”.
Para Álvarez, el ordenamiento territorial de originarios y criollos campesinos que surge tras el fallo de la Corte IDH sienta un precedente jurídico que cambiará la visión sobre como el Estado trabaja con comunidades. “En Argentina no hay un procedimiento claro para aplicar el derecho a la consulta libre, previa e informada”. Su opinión fue complementaria a la de Seghezzo, de Fundapaz, quien recordó las demoras del Estado salteño para reconocer decisiones previas al fallo definitivo internacional.
Ese proceder explica el avance de la frontera agrícola-ganadera en las últimas décadas y por qué se frenó sobre el límite entre el departamento San Martín y Rivadavia. La venta indiscriminada de tierras a propietarios registrales privados expulsó comunidades originarias que habitaban el interior de San Martín. La migración se dio hacia las urbes ubicadas sobre la ruta nacional 34 después del río Bermejo, desde Pichanal hasta Aguaray. Se cuentan por centenares
¿Se organizarán como lo hizo la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat en Rivadavia? Pasan los años y sus derechos humanos más básicos como ciudadanos, siguen a merced de intereses diversos.
