Argentina debe cambiar su forma de producir, distribuir y comercializar alimentos. Debe abandonar el modelo de agriculturización permanente con concentración de tierras y rentas y volver a la agricultura de rostro humano, con chacra mixta, producción y consumo de cercanía. Esto no es fácil ni se hace de un día para el otro. No alcanza con hacer un zoom o dictar una ley. Hay tiempos biológicos, políticos y económicos que es imposible soslayar, e indican que este proceso insume al menos una década. El mismo lapso de tiempo que llevó imponer la sojización.

Este paradigma depredador no vino solo: trajo un paquete tecnológico, que incluyó destrucción del bosque nativo, la chacra mixta y el ferrocarril, privatización de puertos, pérdida de soberanía del Paraná y liquidación de nuestra flota mercante. Carlos Menem, Domingo Cavallo y Felipe Sola “lo hicieron”, con el acompañamiento del PJ, partido del ajuste en los noventa. Hay que salir de ese modelo perverso. Ese es el origen del chantaje especulativo que sufren el pueblo y el gobierno argentinos; es la causa del porqué, siendo productores de alimentos, pagamos lo que pagamos por ellos. Debemos saberlo porque sino, creemos que el chino de la vuelta es el responsable de los precios.

Esto cambia cuando se decide cambiar; en ese instante empieza otra historia. Es una decisión política. Pero el hambre no espera. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Lo primero es restaurar los controles del Estado. Un Estado que no pesa ni mide es un Estado bobo, construido a propósito. Mirar para otro lado es una política pública no escrita de la economía argentina. Los grupos agroexportadores, que no son más de 10, no solo tienen una posición monopólica en todos los eslabones de la cadena, sino que además son los dueños de los puertos y del río, y exportan lo que comemos. Ellos son el problema (letal) para la mesa de los argentinos, no la solución. Nuestro gobierno ya debería haberlo aprendido. La solución no es dictar o anunciar una norma “más”, sino hacer cumplir las normas. Se entiende!!!

Hoy la Argentina necesita Juntas Reguladoras por Producto. No confundir con las Mesas de las Cadenas Productivas, que milita entusiastamente la oligarquía. La diferencia es sustancial. En la discusión de las cadenas solo se ve el producto: trigo, soja, maíz, etc. Nunca quiénes lo producen y menos, la concentración intrínseca de cada producto, y el uso y tenencia de la tierra donde se implanta. Nunca se ve el rostro de productores o consumidores, ni se los mensura. Es para defender esa concepción depredadora de la agricultura sin agricultores, que los mega productores y exportadoras crearon un gremialismo específico de productos: Acsoja, Argentrigo, Maizar, etc. Estos solo defienden el cultivo y su volumen, sin importar cuántos productores lo hacen, ni el costo para los consumidores. En las cadenas el Estado es un simple canchero; en las Juntas Reguladoras, es el árbitro en el combate por los precios.

Las juntas Reguladoras fueron una creación de los conservadores, y antecedentes inmediatos de las leyes que crearon la Junta Nacional de Granos y la de Carnes (1932). “En 1938 ya hay 17 comisiones que se hacen cargo de las diferentes actividades: aceite, lácteos, extracto de quebracho, de producto alimenticios, de abaratamiento del costo de los alimentos, de tierras, de fauna americana, de fomento del caballo de guerra, de bosques, etc” (Ana V. Persello, UNR).

La oligarquía creó las Juntas Reguladoras para descargar el peso de la crisis del 30 sobre el pueblo. Nosotros debemos resignificarlas. Son instrumentos de política pública, que deben ser correctamente utilizados, y no un fin en sí mismo. El fideicomiso es el complemento ideal de esta acción reguladora, porque permite encapsular los fondos para fines específicos y que no se puedan utilizar en otra cosa. Debemos crear Juntas Reguladoras para cada producto de uso masivo, con su respectivo fideicomiso, y repasar el tema de retenciones para capitalizarlos. Por ejemplo el caso del maní, cultivo ultra rentable que exporta el 90% de la producción, al que inexplicablemente se le bajaron las retenciones. O la leche en polvo, que está en sus máximos internacionales, y de la que debería tomarse un porcentaje para abaratar la leche fluida.

Las Juntas Reguladoras que proponemos tendrian que actuar como contralor activo, estratégico, permanente y específico de precios, analizando los diferentes actores productivos y los volúmenes. Sus funciones deberían incluir la obligatoriedad de socializar la información, especialmente cantidad y tamaño de los productores, red de comercialización y distribución, km recorridos de los productos para llegar a la mesa, costos ocultos etc. Sería tan pedagógico como eficaz en el debate y la acción de la lucha inflacionaria.

Es imprescindible urbanizar el debate rural y dotarlo de información veraz. Cruzar y difundir datos duros (quién produce y cuánto de qué cosa) es clave. Hoy la información está dispersa y difusa; y con ella se debate. Pretender actuar sobre los precios sin números reales del sector agrario, sin información veraz de los niveles de concentración, sin analizar la irracionalidad logística, es como ir “al almacén a comprar con el libro escrito por el almacenero”.

Es con más tambos, más chacra mixta, más producción de cercanía, con acceso a la tierra, como derrotaremos la inflación. Es una cuestión de decisión política. Si se pudo se puede. Ahora: si el amigo lector piensa que el posibilismo es transformador, esto está contraindicado.

Salud y Cosechas!

(*) Ex director de Federación Agraria.