"A pocos meses de cumplirse 30 años de la denuncia presentada ante la CIDH por Pedro Troiani, Juan Vega y Rodolfo Ojea en la que alegaron la responsabilidad internacional de Argentina, como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación reconozco la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la integridad y libertad personal, a la igualdad ante la ley, a garantías judiciales y protección judicial, como también la violación al desarrollo progresivo en materia de derechos laborales." Con esas palabras, Martín Soria concretó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Troiani, un trabajador y delegado gremial que fue secuestrado y torturado en la planta de Ford en abril de 1976, durante la última dictadura cívico-militar.
El acto se realizó en el Archivo Nacional de la Memoria y participaron la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; Elisa Charlin de Troiani y su familia y representantes de organismos de derechos humanos y sindicales.
"A 46 años de haber sido víctima, Pedro ya no está entre nosotros", señaló el ministro Soria, y denunció que "a 46 años del golpe militar de 1976 la Justicia ha condenado a altos funcionarios de Ford, pero esa misma Justicia sigue sin satisfacer los reclamos civiles y laborales de la familia de Pedro. Las causas que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos durante la última dictadura cívico-militar son las que mayor resistencia generan en el Poder Judicial".
El 13 de abril de 1976, mientras se encontraba trabajando en el interior de la planta de Ford, ocho personas armadas y uniformadas le indicaron a Troiani que estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Fue esposado y trasladado a uno de los quinchos del campo deportivo de la compañía, en la localidad de General Pacheco, en el norte del Gran Buenos Aires.
Allí fue atado con alambres, le taparon la cabeza con una camisa y lo arrojaron al suelo, donde fue golpeado y permaneció sin comida y sin agua durante varias horas. Luego lo trasladaron a la Comisaría 1ª de Tigre, y posteriormente llevado a la Unidad 2 de Devoto y a la Unidad 9 de La Plata; estuvo seis meses en cada una de esas cárceles.
En 2015, el Ministerio de Justicia, el CELS y Flacso investigaron el rol de 25 grandes empresas entre 1976 y 1983. En la investigación se identificaron casi 900 trabajadores que resultaron víctimas del terrorismo de Estado y también se establecieron patrones de actuación que vinculaban a las empresas beneficiadas por el plan económico de la dictadura con la desaparición forzada y la tortura.
En diciembre pasado, el Estado había firmado un acuerdo de "solución amistosa" con la familia de Troiani que significó "el paso previo al cierre de un proceso de demanda que el ex trabajador de Ford había llevado ante el organismo internacional en 1992 contra el propio Estado argentino, por la vulneración de sus derechos a la igualdad ante la ley y a la protección judicial: Troiani sufrió el terrorismo de Estado, fue despedido por la misma empresa que fue cómplice de su secuestro y torturas, y cuando culminó el horror, el mismo Estado le negó una investigación para hallar culpables", informó el ministerio.
Durante el acto, Soria reafirmó el compromiso del Gobierno a seguir trabajando para consolidar la Memoria, la Verdad y la Justicia en el país, y destacó que el caso de Troiani "no es un hecho aislado o individual", sino que "sintetiza todo el accionar de la dictadura cívico-militar", al recordar que "casi el 70 por ciento de los desaparecidos y asesinados por la dictadura genocida fueron trabajadores; todo esto no pudo haber sido posible sin la complicidad y participación activa de determinadas empresas".
El secretario de Derechos Humanos afirmó que "Pedro Troiani va a quedar en la historia argentina como tantos compañeras y compañeros, trabajadoras y trabajadores que transcendieron a su lucha, porque este reconocimiento del Estado argentino va a plasmar un antes y un después". Pietragalla Corti añadió que "este acto y reconocimiento es la primera acción de reparación que va a llevar adelante nuestra Secretaría. Tenemos mucho trabajo por delante y tenemos la obsesión de reparar las deudas que tiene el Estado argentino en materia de Derechos Humanos".
Gómez Alcorta sostuvo que por medio medio de este acto reparatorio "tenemos la oportunidad de devolverles a las víctimas su lugar constitutivo en el proceso histórico".
Mantilla Flacón expresó que la CIDH valora este acto de reconocimiento de responsabilidad que "ahora es parte de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino" y añadió que "este tipo de actos constituye un componente esencial de la reparación integral", que "dignifica la memoria de las víctimas y sus familiares; y transmite un mensaje a toda la sociedad de la reprobación oficial de las violaciones a los derechos humanos cometidas en este caso". La titular de la CIDH concluyó que "este compromiso cumplirá un rol clave en el impulso de acciones en materia de Memoria, Verdad, Justicia y reparación sobre la responsabilidad de las empresas en graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura argentina".
