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Desde Lima
El Congreso peruano rechazó el pedido para destituir al presidente Pedro Castillo por supuesta “incapacidad moral”. La iniciativa contó con 55 votos a favor y 54 en contra, en una votación en la que hubo 19 abstenciones. Así, no consiguió los 87 respaldos necesarios para ser aprobada ni tampoco los 76 con los que contó para ser admitida a trámite en el Congreso.
La acusación fue promovida por la ultraderecha, que ya en diciembre pasado fracasó en un primer intento por sacar de la presidencia al profesor rural y sindicalista de izquierda que los derrotó en las elecciones de 2021. Los cálculos previos ya revelaban que este segundo intento de la derecha de dar un golpe parlamentario tampoco pasaría. El bloque de la ultraderecha golpista tiene 43 votos, mientras al frente, en la defensa del mandatario, el oficialismo cuenta con 44 votos, el número exacto para bloquear un pedido de destitución, que para ser aprobado requiere el respaldo de 87 de los 130 legisladores del Congreso unicameral.
Los discursos de los miembros de los distintos grupos de centroderecha, un tercer bloque heterogéneo que aglutina a los 43 parlamentarios restantes, revelaban que en este sector no habría un voto uniforme, lo que anunciaba una derrota del intento golpista. Incluso la ultraderecha vio reducido el apoyo de 76 votos que hace dos semanas respaldaron iniciar el proceso de destitución contra Castillo. En las afueras del Congreso hubo manifestaciones a favor y en contra del gobierno.
Las acusaciones contra Castillo
El pliego acusatorio con el que se pretendía destituir al presidente incluye acusaciones por supuesta corrupción en licitaciones que están en investigación en la fiscalía y en los que no hay conclusiones de responsabilidades, cuestionamientos al desempeño de algunos ministros, lo que insólitamente se hace pasar como “incapacidad moral” del presidente por haberlos nombrado, la existencia de un supuesto “gabinete en las sombras” que estaría integrado por un grupo de asesores, reuniones fuera de Palacio de Gobierno en lo que la prensa llama “un despacho paralelo”, críticas a declaraciones periodísticas del jefe de Estado -como decir que no estaba preparado para ser presidente u ofrecer una posible salida al mar a Bolivia, y hasta acusaciones contra terceros que se cargan contra el mandatario.
El juicio político exprés de un solo día a Castillo, realizado el día que el gobierno cumple ocho meses, se inició con la presentación del presidente ante el Congreso. Fue breve, habló solo doce minutos. “Todos saben que la moción de vacancia (destitución) no contiene un solo elemento que la sostenga válidamente”, argumentó en su defensa. “El escrito de vacancia ha sido elaborado considerando principalmente reportajes periodísticos tendenciosos, contradictorios y sin corroboraciones. No cuenta con pruebas ni argumentos válidos. Solo encontramos dichos sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios. No se sustenta en los hechos, en el derecho y carece de pruebas”.
Los argumentos del Presidente
Castillo cuestionó que se le vuelva a acusar por hechos que ya fueron vistos en un anterior pedido de destitución rechazado en diciembre pasado, como supuestas presiones para los ascensos militares, tema en investigación. Las primeras pesquisas han determinado que el mandatario preguntó por algunos oficiales, pero no impuso ningún ascenso. “Esto vulnera el derecho a no ser procesado y juzgado dos veces por un mismo hecho”, señaló el Presidente.
“Se relatan (en la acusación) hechos que tienen que ver con la actuación de otras personas. ¿Cómo es posible que se me pretenda acusar y sancionar por la actuación de terceros? Todos los casos (incluidos en la acusación) están en fase de investigación preliminar, los fiscales ni siquiera han formulado acusación. ¿Cómo se puede sancionar utilizando hechos no corroborados?”, cuestionó.
Aseguró que no se opone a que los hechos por los que se le acusa sean investigados, pero insistió en cuestionar que se le pretenda condenar antes de las investigaciones. “Lamentablemente, la vacancia se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística desde mi elección, ello no puede continuar. Rechazar esta moción de vacancia no significa que los temas no sigan siendo investigados, todo lo contrario, estamos dispuestos a seguir colaborando con las indagaciones y los órganos competentes”.
“Les pido votar por la democracia, por el Perú, en contra de la inestabilidad”, fue el pedido con el que cerró su presentación, en la que hizo un llamado a la unidad.
Debate con escandalete
Después de su alegato, Castillo le dejó la posta a su abogado, José Palomino, y se retiró del hemiciclo sin quedarse a escucharlo. Cuando el abogado comenzaba a exponer, la legisladora fujimorista Vivian Olivos colocó en su curul, en acto provocador, un cartel en el que se leía “Vacancia Ya”. La provocación tuvo efecto. El oficialismo protestó, se desató un griterío y la sesión se tuvo que suspender por cerca de una hora. Castillo se había retirado antes del incidente. Cuando el abogado retomó la defensa del presidente, su exposición, que duró cerca de una hora, continuó en la línea de lo dicho por el presidente de que la acusación se basaba en hechos sin pruebas, casos en investigación, acusaciones contra terceros, por lo que no tenía sustento. El abogado ahondó en detalles y citas jurídicas.
El vocero de la bancada oficialista, Waldemar Cerrón, abrió el debate. Calificó como “antidemocrático” el comportamiento de la oposición que pide la destitución del presidente. Recordó que esos mismos sectores desconocieron el legítimo triunfo electoral de Castillo alegando un inexistente fraude electoral. “Nunca aceptarán a Castillo como presidente”, señaló. Calificó las acusaciones en su contra como “calumnias” y “difamaciones”.
Ruth Luque, vocera de la coalición progresista Juntos por el Perú, criticó a la derecha golpista y ratificó su apoyo al presidente, pero dijo que el mandatario “debe rectificar”. A Castillo se le cuestionan nombramientos de personajes criticados que han complicado al gobierno y un repliegue en buena parte de las políticas de cambio ofrecidas.
Resignado a la derrota, el vocero del fujimorismo Hernando Guerra García admitió que “posiblemente no se consigan los votos (para la vacancia)”. Sobre la falta de pruebas en las acusaciones contra el presidente, respondió diciendo que no se necesitan pruebas para acusarlo y destituirlo “porque este es un foro político, no judicial”. Es decir, para el fujimorismo en el “foro político” vale todo, hasta destituir a un presidente legítimo con acusaciones sin pruebas.
Otros representantes de la derecha golpista siguieron esa misma línea, un reconocimiento que sus acusaciones carecen de pruebas sólidas. La extrema derecha aprovechó la jornada y las cámaras que transmitían en directo la sesión para disparar contra el presidente con todo tipo de ataques.
Castillo ha llegado a este proceso de destitución debilitado: según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) su aceptación ha caído a 24 por ciento, mientras el rechazo a su gestión es de 68 por ciento. Pero el Congreso controlado por la derecha que lo quiere destituir tiene alto descrédito, con un rechazo de 79 por ciento y solo 17 por ciento de respaldo.
