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Del mismo modo que en los años de agobio colectivo por la elevada inflación que derivó en hiper en los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem y la convertibilidad actúo como un transitorio alivio, ahora con una situación de mucha tensión en los precios, grupos políticos conservadores proponen la dolarización.
El aspecto que no mencionan es que las consecuencias serán todavía peores en términos económicos, sociales, productivos y laborales que la fijación de la paridad cambiaria 1 a 1 de los noventa.
Este lunes el diputado radical de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace presentó un proyecto de ley que impulsa la "dolarización oficial" de la economía argentina. El artículo primero dice: "Establécese el dólar de los Estados Unidos de América como moneda de curso legal de la República Argentina". Cacace es un legislador alineado con el espacio que dirige Martín Lousteau.
Es la primera vez que se presenta en el Congreso un proyecto de esta característica que renuncia a la soberanía monetaria. Quién estuvo alentando esta idea que pulverizaría el salario y las jubilaciones, luego de una fortísima devaluación y shock inflacionario, es Javier Milei.
Estos heredores de Domingo Cavallo están lanzados a la venta del espejitos de colores de la dolarización de la economía a una sociedad agobiada por la suba persistente de precios. Esta medida implicaría la desaparición del peso argentino, con lo cual se terminaría con la capacidad soberana de tener una política monetaria.
El proyecto fijaría el tipo de cambio de conversión entre el peso y el dólar de los Estados Unidos como un "cociente entre los pasivos monetarios y no monetarios del Banco Central de la República Argentina y las Reservas Internacionales". Algunas estimaciones calculan esa paridad casi en 200 pesos. Hoy el tipo de cambio oficial se ubica en 110 pesos, cotización principal para la actividad productiva y el comercio exterior. Esa conversión entonces implicaría una fortísima devaluación, con el consiguiente golpe al bolsillo de la mayoría de la población, además que congelaría los ingresos de trabajadores y jubilados en esos deprimidos niveles.
Tras ese canje de los pesos por dólares, el proyecto de ley dice que todas las operaciones financieras, como depósitos, créditos, emisión de títulos valores y cualesquiera otras realizadas por medio del sistema financiero, así como los registros contables del sistema financiero, "se expresarán en dólares". Lo único que no mencionan es que esos dólares físicos no existirían para quienes quieran rescatarlos, lo que significaría una inmensa confiscación de depósitos.
Por último, dispone que en un plazo de 180 días entraría en vigencia el dólar como moneda de curso legal y el cese del peso como moneda nacional.
