La presentación del proyecto de un grupo de diputados del Frente de Todos encabezados por Jorge Luis Gioja para modificar la Ley de Alquileres tuvo respuestas desde el oficialismo y oposición. Sergio Massa plantea crear una comisión que le da 90 días al Congreso para redactar una nueva ley de alquileres y suspender mientras tanto dos artículos de la ley vigente. Diputados de Juntos por el Cambio solicitaron una sesión para derogar de la ley actual e intentar de esta manera volver a la situación anterior de desregulación del mercado de alquileres. 

Lo que plantea Massa es crear una comisión por resolución para redactar en 90 días una nueva ley de alquileres. Mientras tanto, suspender dos artículos de la ley vigente. Se plantea de esta manera porque la derogación - que propone Juntos por el Cambio - dejaría sin marco normativo para adelante a los que firmaron contrato en este tiempo. La idea es que sea una resolución de la Cámara, acordada con todos los presidentes de bloque, votada en el recinto. Tendría carácter de ley porque crea una comisión y porque suspende una ley.

En tanto el principal bloque opositor del Congreso le envió un pedido formal de sesión al presidente de la Cámara para el martes 5 de abril a las 12. El objetivo es derogar la ley de alquileres vigente lo que supone que los contratos vuelvan a la situación anterior. Como no había una ley de alquileres, al derogarla los mismos se volverían a regir de acuerdo a los artículos del Código Civil que (no) regulaban los contratos de locación. De esta manera, y en respaldo a las demandas propietarias, se podrían volver a los dos años de alquiler y al aumento semestral. 

El pedido de sesión que, a juzgar por como está conformada la Cámara Baja, debería tener quórum garantizado, llegó tras la presentación del proyecto de modificación de la ley actual muy concesivo a las demandas inquilinas por parte de un grupo de 14 diputados del Frente de Todos, encabezado por Jorge Luis Gioja. 

Entre los puntos más importantes, el proyecto de ley presentado el viernes fija topes a los precios iniciales de alquiler y renovación de contratos, exige que se acepten seguros de caución como garantía a monotributistas sin exigirles más requisitos que a los empleados en relación de dependencia, da beneficios tributarios a quienes registren los contratos en AFIP y propone la creación de una norma para gravar inmuebles vacíos y diseñar un plan para construir viviendas públicas destinadas a alquiler. 

"El proyecto de Gioja no tomó todos los problemas que generó la ley. No modifica el plazo mínimo, ni la actualización que son los dos grandes problemas y le inquiere a los propietarios una potencial amenaza con el tema de las viviendas vacías. Tiene elementos buenos como el incentivo a pagar menos impuestos a los propietarios, pero no va a brindar una solución al déficit habitacional vigente", asegura el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), Mariano Garcia Malbrán 

El proyecto recoge sobre todo los reclamos de los inquilinos y tiene algunos artículos que serán difíciles de negociar adentro del Congreso. Pero su importancia sobre todo es simbólica y así lo explicaba Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional: "Sin lugar a dudas este es el primer proyecto que se presenta desde el Frente de Todos protegiendo a los inquilinos frente a los once proyectos que presentó Juntos por el cambio que plantean un escenario que empeorará la situación inquilina. Esperamos que este proyecto sirva para que quede clara una posición dentro del Frente de Todos y que proteja a los más debiles y dificultados de pagar el alquiler, que somos los inquilinos". 

Sin embargo, la posición dentro del bloque oficialista no es única. El presidente Alberto Fernández respaldó la idea de Massa durante una entrevista en la Televisión Pública y agregó que "es obvio que no funcionó y que le complicó la vida a los inquilinos". 

En respuesta, la Federación de Inquilinos emitió un comunicado manifestando "preocupación frente a las declaraciones de Alberto Fernández". "La discusión en torno a la modificación o suspensión de la ley de alquileres esconde las intenciones del gobierno nacional de desentenderse completamente de sus obligaciones de regular al mercado inmobiliario para proteger a los 9 millones de inquilinos de todo el país y entregarle a las inmobiliarias la capacidad de decidir cómo se alquila vivienda en argentina y por lo tanto elegir quién puede vivir dignamente y quién no", aseguraron y agregaron que "si la propuesta de Massa y Juntos por el Cambio avanza, serán responsables de agravar aún más la situación de los inquilinos que ya es crítica en este sálvese quien pueda que ha generado la ausencia cómplice del Estado".