El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, ordenó reabrir un sumario administrativo para establecer qué funcionarios tuvieron responsabilidad en la firma del acuerdo para licuar la deuda del Correo Argentino, empresa del Grupo Macri que debe más de 6 mil millones de pesos, entre otros acreedores al Estado nacional. Su antecesor en la Procuración durante el gobierno de Cambiemos, Bernardo Saravia Frías, había cerrado esa investigación interna, decisión que fue respaldada en un decreto por la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. El mensaje era: acá no pasó nada (sin averiguar tampoco nada). Un reciente fallo anuló aquel "autoperdón", lo que dejó al desnudo la farsa de la famosa frase de Mauricio Macri que anunciaba la vuelta a "fojas cero", como si fuera un gesto de transparencia. 

El sumario administrativo original se abrió a partir de un pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, quien le requirió al entonces procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que iniciara urgente una actuación interna que identificara a "los agentes involucrados" en la cocina del acuerdo por el cual representantes del Estado habían aceptado en junio de 2016 una propuesta de pago del Correo que implicaba licuar el 98,87 por ciento de la deuda. La repartición a cargo era el Ministerio de Comunicaciones, que comandaba Oscar Aguad, con un papel fundamental de su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa. El convenio quedó trunco porque fue denunciado por la fiscala ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien advirtió sobre el perjuicio que se avecinaba y un sinfín de irregularidades. 

Balbín avanzó con el sumario: fue una de las decisiones que le costaron el cargo, ya que fue empujado a renunciar. Su sucesor, Saravia Frías, había sido abogado de Socma, controlante del Correo, y cerró las actuaciones el 3 de mayo de 2018. La PIA reclamó sin suerte porque un decreto de Michetti (Macri se había excusado) clausuró la posibilidad de esclarecer la trama para beneficiar a la empresa de  los Macri.  

La Procuraduría a cargo de Rodríguez inició entonces una demanda judicial. La "demandada" era la Procuracion del Tesoro. Días atrás el juez Pablo Cayssials puso al descubierto que el sumario terminó convertido en una puesta en escena donde no se investigó nada y lo declaró nulo. Zannini decidió no apelar y, al revés, dispuso reabrir el expediente administrativo luego de revocar el anterior en función del fallo "con fundamento en su ilegitimidad". Estos sumarios no permiten avanzar sobre las cabezas de los ministerios o cargos políticos. Podría hacerlo sobre Mocoroa. Esto explica por qué el decreto de Michetti decía que la oferta del Correo ("ruinosa" y "abusiva" según la fiscala Boquin) que diluía su deuda había sido aceptada cumpliendo órdenes del exministro Aguad. 

Cómo sea, y más allá del paso del tiempo, el sumario es una herramienta relevante para que queden al descubierto los posibles mecanismos de favoritismo y protección implementados. La PIA había avanzado incluso en la reconstrucción de las reuniones de los funcionarios dedicados a la cuestión del Correo previo al acuerdo ante la Cámara Comercial luego denunciado por la fiscalía. Ese material está incluido en la causa penal donde Aguad y Mocoroa fueron indagados hace tres años aunque sigue sin ser resuelta su situación procesal, al igual que la de los directivos del Correo, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher. 

Además del fallo de Cayssials, otra sentencia de la semana pasada ordenó reponer en su cargo en Comodoro Py al primer fiscal que tuvo el caso, Juan Pedro Zoni, quien había imputado a Macri, porque se habría ubicado de los dos lados del mostrador. Tal vez con estas últimas decisiones, que desarman estrategias que ayudaron a eludir responsabilidades, cambien los vientos. 

La otra gran cuestión pendiente es la decisión de la Cámara Comercial sobre la quiebra del Correo, que fue dispuesta el año pasado y que, en caso de confirmarse, podría llevar a que se extienda a Socma. También hay una discusión no resuelta en la Corte Suprema, que debe opinar si tiene competencia el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, adonde recurrieron los Macri en busca de aliados judiciales, para revisar decisiones de la Justicia comercial nacional.