A partir de un proyecto de Declaración que pide al Ministerio de Salud que incorpore los profesionales necesarios en los hospitales de Tartagal y Orán, los diputados nuevamente cargaron contra la política sanitaria de la provincia y el titular de la cartera, Juan José Esteban.

Uno de los autores de la iniciativa, el diputado Santiago Vargas, quien se encuentra de licencia como bioquímico del hospital Juan Domingo Perón, calificó como “crónica” la falta de profesionales en ese establecimiento.

“En 30 años creció la población de Tartagal, pero por el contrario actualmente tenemos menos médicos que hace 10 años”, aseguró el legislador. Además, se refirió a lo desbalanceada que está la distribución de recursos entre la Capital y el interior, ya que la primera recibe anualmente 17.600 millones de pesos (un 65 por ciento del total), mientras que el resto debe repartirse el 35 por ciento restante que equivale a unos 8 mil millones.

También contó que junto al otro autor, Matías Monteagudo, se reunieron con Esteban, y este les aseguró que haría los nombramientos pero que debían ser únicamente para las vacantes producidas después de diciembre del 2021.

Vargas ejemplificó entonces con el caso de una médica del hospital, de apellido Salinas, que se retiró a fines del año pasado, y que bajo la interpretación que hace Esteban del presupuesto, ese cargo desaparecería de la estructura.

Para los diputados que firmaron la iniciativa esa limitación no existe, por lo que sostienen que hay que preguntar si el ministro está mal asesorado o no tiene voluntad política para incorporar el personal que falta.

Jorge Restom reafirmó la situación que vive el norte provincial, al indicar que “tenemos hospitales derivacionistas, porque por la falta de médicos cirujanos, si un chico tiene apendicitis debe operarse en la capital salteña".

La diputada Gladys Paredes fue aún más profunda en su análisis y directamente concluyó en que no existe un plan de salud en la provincia: “no hay propuestas de salud para este año, ni para 5 años, ni para 10 años”.

También señaló que a la comisión de Salud de la Cámara Baja ingresan cientos de proyectos pidiendo nombramientos para los cargos vacantes en todo el territorio provincial.

En tanto Ramona Riquelme, amplió las responsabilidades de la situación sanitaria, ya que no solo focalizó en Esteban, sino que apuntó al gobernador Gustavo Sáenz, al ministro de Economía, Roberto Dib Ashur y al coordinador administrativo, Nicolás Demitropulos, y pidió que se convoque a los dos funcionarios y se los interpele “para que respondan dónde está la plata del Estado, porque sin caja no se puede hacer nada, no se pueden nombrar médicos, ni comprar insumos”.

Y dio una de las claves de la insistencia de los diputados en los reclamos a Salud, al indicar que “nosotros somos los que ponemos la cara en nuestros departamentos ante la gente, y así como nos castigan a nosotros porque las soluciones no llegan, quiero que estos funcionarios rindan cuentas”.

A esta manifestación se sumó la de Jorgelina Juárez, que reclamó nuevamente que se cite al ministro Esteban, al tiempo que la oficialista Patricia Hucena pidió que Salud exija los fondos necesarios para equipar de personal los hospitales.

La iniciativa de Declaración se aprobó por unanimidad.

Contra la adicción al juego

Ayer también obtuvo media sanción el proyecto de Ley que declara de interés provincial la prevención y mitigación de los efectos nocivos del juego, por lo que habilita al estado a realizar una serie de medidas tendientes a cumplir con ese objetivo.

La iniciativa también establece la obligatoriedad de colocar en los casinos y lugares de apuestas un cartel que diga: "Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud".

Crea también el registro de personas autoexcluidas, que fija para aquellos que se inscriban voluntariamente la prohibición de concurrir a todas las salas de juego de azar de la provincia por lo menos durante un año.

Finalmente la normativa impide la publicidad de juegos de azar que se dirijan a menores de 18 años, que relacionen el juego con la ayuda social y que no incluyan la leyenda advirtiendo los riesgos del juego descontrolado.

El proyecto, que lleva la firma de varios diputados del oficialismo, fue aprobado con el voto positivo de todos los presentes, y pasó al Senado en revisión.