A raíz de un pedido que elevaron desde la Cámara de Diputados de Salta a la Embajada Argentina en Bolivia para avanzar con algunos puntos en los que consideran se debe profundizar la reciprocidad, el representante nacional, Ariel Basteiro, aseguró a Salta/12 que en muchos casos ya existen convenios de reciprocidad y que las relaciones entre los mandatarios Alberto Fernández y Luis Arce gozan de excelente salud.

El primer pedido surgió del diputado Bernardo Biella, presidente del Bloque Salta Independiente, quien el pasado 15 de febrero ya le había expuesto las consultas a la subsecretaria de Asuntos Nacionales y Legislativos, la embajadora Marina Cardelli, con motivo de su visita a Salta. A raíz de esa exposición, desde la Cámara se decidió elevar un documento de trabajo a la Embajada.

Entre los puntos más destacados, se mencionaba avanzar en la “reciprocidad en la atención en los hospitales de los ciudadanos argentinos en suelo boliviano”, para que reciban la misma asistencia “que se brinda de forma gratuita en los límites del país a cualquier extranjero que así lo requiera”. También, profundizar y agilizar el comercio exterior con la provincia; establecer surtidores de combustibles específicos para usuarios radicados en el exterior del país, con un cupo predeterminado de litros para carga y tarifas diferenciadas; censar a los trabajadores informales de zona de frontera vinculados al tráfico de mercaderías, y gestionar pases para que los residentes de Los Toldos puedan ingresar o salir de su localidad por Bolivia sin tener que hacer trámites.

Si bien no había recibido aún el documento, Ariel Basteiro accedió a conversar con Salta/12 y afirmó que el diálogo es permanente para avanzar en política de integración regional en las fronteras que unen a Salta con Bolivia. Aclaró que ya existe desde 2017 un acuerdo bilateral para que en el país vecino se atienda a argentinos “fundamentalmente en los casos de emergencias”, ya que recordó que el servicio de Salud en Bolivia “no es gratuita para nadie”, y subrayó que lo mismo sucede “en gran parte del mundo”. En Bolivia “no tienen un sistema tan amplio y que garantice el acceso como el nuestro”, agregó.

Pero aseguró que desde la Embajada intervinieron y siguieron casos puntuales de urgencia que fueron atendidos “sin mayores inconvenientes”. Aunque también reconoció que por la falta de infraestructura, muchas veces los argentinos necesitan atención en zonas alejadas “y no hay servicio o desconocen el convenio”, y aclaró que siempre que llega algún tipo de información al respecto, inmediatamente lo solucionan estableciendo contacto con las autoridades de salud locales.

Comercio a pequeña escala 

Con respecto a las zonas de frontera y el control del comercio que se genera entre localidades como Salvador Mazza y Pocitos, o Aguas Blancas y Bermejo, Basteiro resaltó que desde que “Lucho (Luis) Arce” está en el gobierno “hay una política muy activa para tratar de combatir el contrabando y realizar controles fundamentalmente en frontera, algo que antes no era muy frecuente y reinaba la irregularidad comercial”. Subrayó que hoy la mayoría de esos productos son comprados del lado argentino “y se paga el IVA en nuestro país”, por lo que el problema se genera para el fisco boliviano.

Ariel Basteiro junto  Luis Arce. 

“Pero para eso está Gendarmería y Aduana, a quienes les prestamos toda la colaboración y son quienes persiguen los hechos irregulares”, declaró. Recordó que el mercado en pequeña escala está legalizado y pautado para que alguien que transporta en pequeñas cantidades pueda pasar una o dos veces al día, “es un mecanismo no de ahora, sino que lleva muchos años”.

Con respecto a la propuesta que surgió durante la pandemia de establecer pequeñas ferias para quienes compran y venden de un lado y del otro, y que eso esté controlado y regulado por la Aduana para permitir el paso, sostuvo que ese comercio, una vez abiertas las fronteras, ya existe porque “son ciudades hermanadas históricamente” con una circulación permanente, y que siempre lo que se compra o vende es en su gran mayoría “para consumo en local”. “El problema es otro, son los grandes camiones de soja y trigo que trafican sin declarar nada y sin pagar ni impuestos ni retenciones, eso sí es contrabando”, manifestó el embajador.

Del lado argentino hay unas 3.000 personas que se dedican cotidianamente a “pasar” mercadería de un lado al otro, solo en la zona de Orán y Aguas Blancas, mientras que en Bermejo la cantidad de bagayeros sería similar. La propuesta de los legisladores es generar un censo para saber quiénes son y poder acercar políticas públicas a esa población, algo que desde el mismo sector rechazan por miedo a persecuciones como las que ya vivieron con Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad de la Nación.

Una de las referentas de ese sector, Elena Reynoso, dijo a este medio que todo ese tipo de actividades estatales les generan resquemores, “porque después vienen como la Bullrich a decir que nos quieren pasar al monotributo y esas cosas y lo único que quieren hacer es prohibirnos trabajar de lo que nos queda”.

De todas maneras, Reynoso adelantó a Salta/12 que ya están haciendo un censo propio para avanzar con la creación de una Asociación de Trabajadores de la Frontera, “para tener identificados a todos los trabajadores, choferes y pasadores” y de esa manera impedir “que venga cualquiera a quitarnos el trabajo como pasa muchas veces”.

Precisó que el trabajo que ellos realizan está autorizado, ya que pasan de día solamente con los bultos y mercadería permitidas y por zonas controladas como el puesto 28, “venimos en vehículos y Gendarmería nos revisa como corresponde”. Pero destacó que debido a las restricciones por la pandemia y a la devaluación de la moneda argentina, la circulación ha disminuido sustancialmente.

La representanta de los bagayeros explicó que en toda esa región no hay muchas salidas laborales, por lo que el bagayeo “es la única fuente que tenemos, la empresa más grande, la que más trabajo da en toda Orán y Aguas Blancas”.

Por su parte, el embajador argentino contó que del lado boliviano sí está planificado realizar un censo de pasadores para este año, así poder generar un mayor control y fundamentalmente, para que no aumente su número. “La idea es después avanzar del lado argentino”, especificó, aunque consideró que hay que ser cuidadosos. Como Reynoso, recordó la visita de Patricia Bullrich por esa zona, que lo único que generó fue el enojo de los habitantes: “Regularizar su labor a través de mecanismos como el de hacerlos monotributistas lo veo muy difícil, pero hay que estudiar alguna manera y consensuarla con ellos”, expresó Basteiro, a la vez que subrayó que “es una actividad de supervivencia, no comercial”.

Reconoció que en Jujuy hay un mayor control y “está mucho más regulado”, pero describió que está facilitado por las condiciones geográficas, mientras que en Salta “los pasadores no están sobre la frontera, sino en un punto distante en donde hay un mínimo control de Gendarmería que regula el paso a lo permitido”.

Deuda de Salta con Los Toldos

Con respecto a buscar mecanismos para agilizar el paso de los habitantes de Los Toldos, que deben ingresar a Bolivia y recorrer más de 100 kilómetros para llegar a su municipio, explicó que cuando se normalice el tránsito fronterizo, luego de las disposiciones especiales dispuestas por la pandemia de coronavirus, se volvería a normalizar la regularidad del tráfico permitido “donde cada ciudadano contaba con su pase y había hasta autos autorizados para ir y venir”. Pero aclaró que quien está en deuda es el Estado argentino y particularmente la provincia de Salta, “que es la que debe garantizarles un tránsito interno a través de Orán”.

Otro de los temas que reclaman quienes viajan asiduamente al vecino país tiene que ver con las complicaciones que se presentan a los argentinos a la hora de cargar nafta del lado boliviano. Sobre ese punto, los legisladores salteños pedían establecer surtidores específicos para usuarios radicados en el exterior del país, con un cupo predeterminado de litros para carga y tarifas diferenciadas.

Basteiro detalló que ya existen mecanismos que obligan a los expendedores a vender combustible, aunque con un precio no subsidiado como el que pagan los ciudadanos nativos de aquel país. “Es un problema, porque Bolivia tiene subvencionado para su mercado interno el combustible”, aceptó, y explicó que esto se debe en parte a que la mayor parte se importa “y sería muy cara para ellos, por eso en su momento Evo Morales decidió que el Estado enfrente una parte del precio, pero no puede sostener ese costo para los que no son de allí”.

De todas maneras, reiteró que las estaciones de servicio están obligadas a cargar combustible a extranjeros, aunque al precio sin subsidio, y que “si en alguna estación alejada sucediera (que se niega la provisión) se puede denunciar”. Por lo que consideró que pedir un permiso o pase para aquellos que van con más frecuencia sería prácticamente lo mismo.