El Ministerio de Ambiente de la Nación y el Banco Mundial (BM) no se ponen de acuerdo sobre el camino a seguir con dos pozos construídos en el Chaco salteño cuyas aguas tienen alto contenido de sulfatos, lo que las hace inaptas para el consumo humano. 

Por ahora, y ante la falta de cumplimiento de los parámetros que pide el BM para el insumo obtenido en dos de los 15 pozos financiados por esa organización multinacional, se evalúan posibilidades de mejorar las condiciones del agua sin tener que cementar las perforaciones, como solicitó el ente financiador.

Que el agua es un problema en el Chaco salteño no es novedad. “Uno no debe adaptar el río, sino que se tiene que adaptar a él”, es una de las máximas de las poblaciones que se asientan en cercanías al río Pilcomayo, que en 2018 con sus crecidas provocó un éxodo masivo de las comunidades. Este río tiene un comportamiento previsible hasta cierto punto, eso más las consecuencias del cambio climático, obligan a que las poblaciones de esta región deban adaptarse para vivir.

Los pozos, que se gestionaron con fondos del proyecto Bosques Nativos y Comunidad, financiados por el BM, fueron una respuesta a esa adaptación. Con estos fondos se hicieron 15 pozos, pero dos proveen agua que no califica como segura. 

El 17 de diciembre pasado, el Banco envió una nota al Ministerio de Ambiente de la Nación indicando que ante la falta de agua segura en dos de los 15 pozos financiados, debían ser cementados, es decir, anulados.

Uno de ellos es el que se perforó en Monte Carmelo, comunidad de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia. El pozo que, según se pudo conocer, tiene más de 200 metros de profundidad y habría tenido un costo de 20 millones de pesos, cuenta con valores altos de sulfatos. Para el BM esto implica que “el agua obtenida no es apta para consumo humano”, por lo que el 17 de diciembre pasado comunicó a la cartera ambiental que se debía cementar el pozo y buscar otras alternativas para conseguir agua segura. Destino parecido es el que correría el pozo de El Condominio, en jurisdicción de Rivadavia Banda Norte.

“Cinco años estuvimos hasta conseguir esa perforación”, indicaron fuentes que estuvieron al frente del proyecto de Monte Carmelo. La demora tiene su razón en la realización de talleres con las comunidades para cumplir con los requisitos de la consulta previa, libre e informada. El pedido de las comunidades es tener agua fuera de los trámites burocráticos que toda la obra implica.

En el escrito de diciembre, el BM indicaba que la decisión de cementar los pozos “no impedía de ninguna manera la búsqueda de soluciones alternativas para facilitar el acceso al agua a las comunidades, tales como la construcción de techos colectores de lluvia, o la excavación de reservorios, actividades que el mismo proyecto viene ejecutando hace años”.

Sin embargo, y según surge de la nota fechada en diciembre, las diferencias de criterio surgieron “durante las reuniones mantenidas en el marco de la última misión arriba mencionada”, cuando se informó la decisión de Ambiente de la Nación de “no cegar los pozos en cuestión y continuar con obras complementarias”.

Del documento surge que hasta el 31 de mayo próximo, cuando se debe cerrar el proyecto de los pozos, se debía intervenir para establecer “medidas necesarias para evitar o mitigar los riesgos a la salud de los beneficiarios y a la reputación de las partes involucradas en el proyecto, y para dar respuestas alternativas a las demandas de acceso al agua que el proyecto busca satisfacer, en línea con lo establecido en el acuerdo de préstamo que lo financia, y en las Políticas de Salvaguardas que aplican”.

Según las consultas a fuentes del BM, tras conocer el documento y las respuestas de Ambiente de la Nación de no sellar los pozos, se respondió que "estamos trabajando junto al MAyDS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable), para proveer agua segura a los pobladores de las comunidades de Monte Carmelo y Condominio, entre otras. Toda solución que permita proveer agua segura a los pobladores debe implicar una operación sostenible para el mantenimiento de los pozos".

La política de Ambiente de Nación

En respuesta a la consulta de Salta/12, la cartera nacional envió un comunicado oficial que hace referencia a las obras. Afirmó que de los 15 pozos, “13 proveen agua apta para el consumo humano. En tanto, se constató que dos pozos contienen desvíos significativos en sulfatos, por lo que, mediante obras complementarias, se busca brindar soluciones definitivas que permita hacer uso del recurso hídrico por parte de las poblaciones beneficiarias”.

Ambiente añadió que “frente al resultado obtenido en estos dos casos, las comunidades solicitaron no cerrar los pozos sino buscar alternativas que mejoren la calidad del recurso, ya que consideran de vital importancia la existencia de fuentes hídricas seguras en sus áreas, hoy ausentes”.

Ante ello, se indicó que se programan obras adicionales en ambas perforaciones para optimizar las inversiones realizadas y por lo tanto, en diálogo con las autoridades del gobierno provincial y las comunidades, “se resolvió que las tecnologías de ósmosis inversa para la obra de Condominio y el tratamiento de resinas de intercambio iónico para Monte Carmelo” serían apropiadas para tratar el agua de estos pozos. Estas son “tecnologías probadas de uso común en obras de saneamiento y capaces de generar soluciones eficientes y permanentes para producir agua apta para consumo humano”.

Percepciones locales

El director del Centro Regional Salta Jujuy de INTA, José Minetti, indicó a Salta/12 que los análisis que se realizaron al agua del pozo de Monte Carmelo (en un laboratorio privado) revelan que los posibles riesgos para el ganado y el riego hacen necesarios más estudios para determinar si el agua se puede o no utilizar. En cuanto a la condición de agua apta para el consumo humano, entendió que se deben realizar más estudios para poder considerarlo según distintos parámetros.

Mientras, quienes estuvieron cercanos al proyecto entendieron que “sellar un pozo de agua en esta zona es una locura”, sobre todo ante las situaciones que suelen padecer las poblaciones que viven en la zona y que sufren las crecidas del río por un lado, y las sequías por el otro. Indicaron que frente al éxodo de las comunidades que impone el río, en los proyectos se plantearon que los pozos estén ubicados en las zonas más altas. Frente a ello, la comunidad de Monte Carmelo (que tuvo que buscar un nuevo lugar para asentarse tras la crecida de 2018) se dividió y parte de la población ya se asentó cerca de la perforación del nuevo pozo.

Mientras, según la información de Ambiente de la Nación, ya se firmó un convenio con el Ministerio de Infraestructura salteño, que a través de la empresa Aguas del Norte, “autoridad competente en lo referente al acceso al agua para consumo humano en la provincia y mediante el programa ATLAS, asiste en asuntos relacionados al agua a comunidades rurales dispersas de la jurisdicción”.