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Con la aceleración de la inflación en marzo, el Gobierno decidió otorgar un nuevo bono para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados con haberes más bajos. Se anunciará en abril, apenas se terminen de definir los detalles, y beneficiará a alrededor de 5 millones de personas. Según trascendió, después de evaluar el impacto de sumas que iban de los 5 mil a los 8 mil pesos, el pago extraordinario se ubicaría alrededor de los 6 mil pesos para la jubilación mínima e iría disminuyendo para los haberes un poco más altos, hasta determinado monto, aunque fuentes oficiales evitaron referirse a las cifras.
El aumento acelerado de los precios, sobre todo en los alimentos, que acumulan una suba de 7,7 por ciento hasta el 23 de marzo de acuerdo a la consultora LCG, le ganó la pulseada a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional sobre "evitar subas discrecionales en jubilaciones y pensiones" para no obstaculizar las metas fiscales.
La jubilación mínima se encuentra hoy en 32.630 pesos, monto que rige desde marzo hasta junio de este año de acuerdo a la actualización trimestral de la ley de movilidad. El último aumento, decretado en febrero, resultó del 12,28 por ciento. En ese momento se estimaba que la inflación para enero-marzo sería de 12,49 por ciento, es decir, un porcentaje similar al de la movilidad. Sin embargo, el cambio de escenario internacional llevó al Gobierno a tomar esta decisión para que los y las jubiladas no pierdan poder adquisitivo.
De hecho, el bono podría estar amparado en aquella palabra que el FMI incorporó una vez aprobado el proyecto en el staff report: "recalibrar políticas" dados los "riesgos excepcionales" a los que está expuesto el programa. Es que la disparada de precios de los alimentos está justificada -por lo menos desde el sector privado- en el aumento de los precios internacionales dada la circunstancia excepcional de la guerra Rusia-Ucrania.
¿Qué pasó hasta ahora?
La ley de movilidad jubilatoria que rige desde 2021 se determina según un índice que combina un 50 por ciento de la evolución de los salarios del Indec y del Ripte (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) - el mayor de ambos- y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de la Anses. Como el aumento de los precios no está contemplado en la fórmula, el Estado tiene la posibilidad de compensar con bonos fijos cuando es necesario.
En 2021, la ley de movilidad concretó subas en marzo (8,07 por ciento), junio (12,12), septiembre (12,39) y diciembre (12,11 por ciento), acumulando un 52,7 por ciento, apenas por encima de la inflación, del 50,9 por ciento de 2021.
Los bonos anteriores
En paralelo a los aumentos previstos operaron los bonos otorgados por el Ejecutivo. Fueron dos de 1500 pesos en abril y mayo y otro de 5000 pesos en agosto para más de 3,5 millones de jubilados y pensionados que perciben un haber mínimo. El último bono de fin de año alcanzó a 4.7 millones de jubilados y pensionados y fue de 8 mil pesos para los haberes mínimos, que totalizaron en diciembre 37.061 pesos.
Cabe destacar que los bonos no se integran al haber y por lo tanto no se utilizan como base de cálculo para aplicar la actualización prevista por la fórmula de movilidad.
Si bien la fórmula anterior que se implementó en 2017 con la reforma previsional del macrismo contemplaba aumentos de haberes jubilatorios en función de la inflación y de los salarios, solo en 2017 las jubilaciones superaron la inflación anual.
En 2018 se produjo un gran desfasaje, ya que los precios avanzaron 47,6 y los ingresos jubilatorios tan solo 28,5 por ciento. En 2019, los haberes crecieron 51,1 y los precios un 53,8 por ciento. El resultado: las jubilaciones quedaron 20 puntos por debajo del aumento de precios entre 2016 y 2019.
