La Justicia Federal de Río Cuarto rechazó una acción de amparo que había sido presentada por Sociedad Rural local, reclamando la anticonstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios a partir del 1 de enero de 2022.
Carlos Arturo Ochoa, titular del Juzgado Federal de Río Cuarto, dispuso rechazar la solicitud al considerar que no estaban presentes los requisitos para tramitar el caso como proceso colectivo. Según argumentó el magistrado, la Sociedad Rural de Río Cuarto no cuenta con legitimación para sustentar el reclamo judicial.
Los ruralistas afirman que desde el 1 de enero pasado, las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada con la emergencia económica de 2019 que el Gobierno buscaba prorrogar con el proyecto de Presupuesto 2022 que finalmente no se aprobó.
Lo que está en juego es un monto millonario, pues el año pasado el gobierno le cobró 9104 millones de dólares por derechos de exportación al complejo agroindustrial.
Aclaración de la Sociedad Rural Argentina
Luego de que se conoció el fallo, la Sociedad Rural Argentina ratificó que el reclamo iniciado a través de la Sociedad Rural de Jesús María sigue vigente: "Nos vemos en la obligación de aclarar que el amparo judicial que presentó la Sociedad Rural Argentina junto con la Sociedad Rural de Jesús María, no tuvo ninguna noticia en las últimas horas y sigue vigente el proceso judicial por la ilegalidad e inconstitucionalidad de las retenciones".
"Aclaramos que lo resuelto por el juzgado de Córdoba tiene que ver con otra causa presentada por la Sociedad Rural de Río Cuarto y ese fallo es una cuestión enteramente procesal y nada dice sobre la ilegalidad de las retenciones. De hecho, nuestra demanda será ampliada en las próximas horas luego del decreto que modificó las alícuotas del impuesto", concluyeron.
