El Congreso de la Nación ya cuenta con un proyecto de Ley que busca beneficiar a todo el personal de Salud del norte y de esa manera fomentar la radicación en aquellas zonas del país que constantemente claman por mayor cobertura.
La medida, que ya se implementó pero solo durante algunos meses puntuales de la pandemia de coronavirus, busca modificar el artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (20.628), para que el mismo no se compute a las horas extras realizadas en las guardias de los trabajadores de la salud que realizan sus tareas en el sector público de las 10 provincias que componen el Norte Grande. Esto, siempre y cuando la prestación del servicio se realice en un centro público de salud.
De esta manera quedarían eximidos de tributar Ganancias todo el personal, profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud pública. Pero además, prevé extender el beneficio a todos los centros públicos de salud ubicado en Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.
El proyecto fue presentado por el diputado salteño Lucas Godoy, pero también lleva la firma de otros integrantes del bloque del Frente de Todos como Carlos Cisneros, Jorge Romero, Emiliano Estrada, Silvia Anahi Costa, Rossana Chahla, Bernardo José Herrera, Estela Mary Neder, Mario Leito, Dante Lopez Rodriguez, Hilda Clelia Aguirre, Fabian Antonio Borda, Silvana Micaela Ginocchio, Nancy Sand, María Luisa Montoto, Gabriela Pedrali y Nilda Moyano.
Entre sus fundamentos sostienen que se busca “corregir una asimetría en cuanto a la localización de los profesionales del sistema de salud a través de un beneficio fiscal, y lograr así que se produzca una migración desde los centros urbanos hacia aquellas provincias cuyos índices de pobreza e indigencia y de menor desarrollo relativo son los más alarmantes, como ocurre con las provincias del Norte Grande”.
Según los datos que publica el Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud, consignan los legisladores en sus argumentos a favor del proyecto, el número de médicxs era 182.189 a junio del 2019. Por lo que la relación entre médicxs y población en Argentina es de 40,5 por cada 10 mil habitantes.
Esa proporción, supera incluso el promedio de los países europeos, ya que para la Organización Mundial de la Salud (para el año 2017), el promedio en la región de las américas es de 23,3 cada 10 mil habitantes, y en Europa de 33,8 profesionales de medicina cada 10 mil habitantes.
Sin embargo, ese dato alentador contrasta cuando se observa la distribución de los profesionales en las provincias del Norte Grande. Según el mismo informe de Salud, teniendo en cuenta la tasa de médicxs por residencia cada 1.000 habitantes, existe una fuerte disparidad en la distribución, y sólo cuatro jurisdicciones se encuentran por encima de la media nacional, entre ellas, Ciudad de Buenos Aires (CABA), que se encuentra significativamente por encima del resto contabilizando 16,63 profesionales por cada mil habitantes. Pero en el otro extremo, provincias como Misiones y Chaco, tienen solo 1,81 y 1,94 por cada mil habitantes.
En la información actualizada al 2020 del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias del Norte se encuentran por debajo de la media nacional: Salta tiene 23,12 medicxs cada 10.000 habitantes; mientras que Santiago del Estero solo 17,92; Jujuy, 23,22; Chaco 21,69; Formosa 19,54; Catamarca 27,54; Corrientes 33,05; Misiones 18,94; y Tucumán 31,70.
En el caso de las y los enfermeros, el dato en cuanto a las asimetrías es similar. Allí, la tasa a nivel nacional es de 3,36 cada mil habitantes, y sólo las provincias de Salta y Jujuy de las que integran el Norte Grande, se encuentran por encima de la media nacional. Nuevamente el centralismo se ve reflejado en las 6,64 enfermerxs cada mil habitantes que tiene CABA, muy por encima del resto de las jurisdicciones. En el otro extremo se encuentran Santiago del Estero (0,51), y Catamarca (0,96).
Los diputados reconocieron el esfuerzo que realiza el Ejecutivo nacional, y el presidente en particular, para ir reduciendo esa brecha entre las provincias del centro del país y el interior. Al tiempo que valoraron medidas como las que anunció en marzo del 2021 Alberto Fernández en una reunión del Consejo Regional del Norte Grande, con la creación de un sistema de reducción de contribuciones patronales para las diez provincias con la intención de disminuir los costos laborales y que las empresas puedan tomar nuevos trabajadores. Afirmaron que este proyecto va en el mismo sentido “a promover la localización de profesionales en nuestras provincias, y a su vez, estimular la relocalización en el interior de cada una de ellas, que es el otro inconveniente que existe hacia adentro”.
Godoy puntualizó que en el caso de Salta, existen serios problemas con la cobertura de las guardias médicas, precisamente por la carga impositiva. Y que hay zonas y departamentos en la provincia que se encuentran más afectados como Rivadavia, Orán, Santa Victoria, y San Martín, “especialmente en Tartagal”.
Para ejemplificar esa carencia, se respaldó con los datos publicados por la Dirección General de Estadísticas de la provincia del 2018 y que no han variado sustancialmente. Según las zonas sanitarias, el 52 % del recurso humano por agrupamiento (profesional, enfermería, técnico, agente sanitario, mantenimiento) está localizados en la zona centro, el 12,9% en la zona Oeste, el 21,7% en la Norte, y 13,5% en la zona sur. A la vez que añadió que la situación sanitaria creada por el Covid-19, expuso con crudeza esa falta de profesionales en el interior.
Por último, el legislador recordó que ya en más de una ocasión presentó proyectos, y que sigue gestionando para que se implemente la Ley 27.480 del año 2018, que contempló un beneficio para los servicios prestados en zonas desfavorables, ya que hoy se encuentra inoperativo. Aunque aclaró que para que se haga efectiva su aplicación, el pedido debe surgir de las provincias, algo que estaría también solicitando el gobernador salteño.
El artículo 6 de esa norma, preveía la exención de ganancias de las horas guardias obligatorias para el personal de salud pública que preste servicios en zonas sanitarias desfavorables así declaradas por la autoridad sanitaria nacional, a propuestas de las autoridades sanitarias provinciales.