Representantes del Comité Nacional Contra la Tortura se reunieron con el vicegobernador Rubén Dusso, para dialogar sobre la creación de una nueva norma que prevenga los tratos crueles en contextos de encierro o institucionales.

En diálogo con Catamarca/12, Agustina Crook, directora Parlamentaria de la Cámara de Senadores de la provincia, destacó que el objetivo fue ofrecer el acompañamiento para implementar en la provincia el Sistema Nacional de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La Ley nacional, 26.827, sancionada en 2013 prevé la creación del mismo en cada provincia del país.

“La reunión consistió en contarnos sobre el Sistema Nacional de Prevención y las experiencias de otras provincias que están adhiriendo a través de leyes provinciales. La idea era acercarnos esas iniciativas para que Catamarca inicie el proceso también”, explicó Crook.

El año pasado se realizaron las primeras reuniones de la Mesa Institucional de trabajo por los Derechos Humanos en Catamarca, en donde sus integrantes iniciaron la convocatoria para crear en la provincia el Comité Contra la Tortura. La organización está integrada por la Delegación local de INADI, la Delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los Centros de Acceso a Justicia (de Valle Viejo y de Belén), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Dirección provincial de Derechos Humanos y la ONG Catamarca contra la Tortura.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, inició en 2020 un proceso de trabajo orientado a la creación de un Registro Nacional de Torturas y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el país. En este sentido se busca crear, implementar y coordinar el funcionamiento del Registro Nacional de casos y recopilar y sistematizar información de todo el Sistema Nacional, así como de cualquier otra fuente que considere relevante, sobre la situación de las personas privadas de libertad en el territorio en el país.

La inexistencia de un registro que centralice datos sobre torturas y malos tratos de todas las jurisdicciones es una deuda que impide la generación de políticas públicas que permitan prevenir las situaciones que demarca la Ley.

“En el encuentro se hizo hincapié en las diferentes formas de elaborar e implementar dicha normativa, también permitió conversar sobre las distintas situaciones donde se ven implicadas situaciones como el encierro, ya sea a nivel institucional, como es el caso del sistema penitenciario, como no institucional es decir los casos donde se ven puestos en juego los derechos de la niñez y adolescencia. En el mismo sentido, se pudo ahondar también en las políticas de Salud Mental y de Adultos Mayores”, señalaron desde la Cámara de Senadores.

Estadísticas

Según las últimas estadísticas publicadas por la Corte de Justicia local, en 2020 se registraron 50 denuncias por “apremios ilegales” en la provincia. Sin embargo, los números no están discriminados por jurisdicción.

En este contexto, se debe tener en cuenta que en los departamentos de la provincia no existen Unidades Judiciales, como en la ciudad capital, y los damnificados deben realizar las denuncias en las mismas comisarías en donde fueron violentados. 

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