El odio recorre las entrañas de la historia. Crímenes atroces han sido cometidos impunemente en el nombre de superioridades de todo tipo y culpabilidades atribuidas a las propias víctimas. Razas, colores, edades, géneros y disidencias, han sido razones que sólo tenían sustento en las mentes de los perpetradores. Sus verdaderos fines siempre fueron el poder, la riqueza o simplemente la satisfacción de perversos impulsos nunca confesados. Sin embargo, a pesar del dolor infinito que causaban y lo insostenible de sus argumentos, la mayoría de esos crímenes, han quedado sin castigo.

Las razones profundas de esa obscena impunidad, excederían el espacio de estas líneas, pero se impone al menos, advertir sobre el avance en nuestro país de discursos de odio que de manera organizada se vienen llevando adelante a través de los diversos medios de comunicación masivos y redes sociales. Forman parte de la estrategia política de las derechas en todo el mundo. Sus impulsores, inspirados en los 11 principios de Goebbels, reiteran a diario todo tipo de mentiras, las que terminan instalándose como verdades en aquellos sectores de la comunidad a quienes están dirigidas. No se trata de manipular grandes porcentajes de la población, lo cual sin dudas sería muy difícil. El objetivo es una porción de votantes que son los que terminan definiendo una elección. Recuérdese que Mauricio Macri, llegó a la presidencia de Argentina con un porcentaje de ventaja final del 2,7 % sobre Daniel Scioli. Para ello, con el asesoramiento de la empresa Cambridge Analytica de Inglaterra, instalaron todo tipo de falsedades respecto de los líderes de las fórmulas opositoras. Se trata de maniobras de manipulación para convencer a parte de un colectivo determinado, de que le conviene votar una propuesta que en definitiva lo va a perjudicar. Esas maniobras se basan en la descalificación del oponente, no sólo con falsedades sino, además y muy especialmente, con discursos de odio.

Recientemente, en los peores momentos de la pandemia por el covid 19, esos sectores políticos, impulsaron campañas de descrédito de las medidas sanitarias gubernamentales, utilizando los recursos más deleznables que podrían pensarse. Líderes de la oposición acusaron al Presidente de la Nación de “envenenar a la población” por la adquisición de vacunas que luego resultaron ser de gran eficacia. Asimismo, impulsaban la quema de barbijos o la colocación de bolsas mortuorias simulando mortajas en la puerta de la Casa de Gobierno con carteles con el nombre de figuras públicas.

En aquel desgaste planificado del gobierno surgido en las elecciones de 2019, se fue incrementando el nivel de agresividad y violencia de los mensajes. Con diversas estrategias pero similares fines, la principal coalición opositora Juntos por el Cambio, así como los restantes sectores de las derechas, liderados por Javier Milei y Jose Luis Espert, intensificaron en los últimos meses el nivel de violencia de sus discursos. Negacionismo y denostación de los movimientos defensores de los Derechos Humanos, recrudecieron con motivo del recuerdo del proceso genocida iniciado el 24 de marzo de 1976 que se lleva adelante todos los años. Espert, con la naturalidad característica de los violentos, insultó públicamente a madres, hijos, abuelas y al movimiento de defensa de los DDHH en un programa de televisión (Desafio 2022). Su conductor y panelistas fueron igualmente agredidos con descalificaciones pocas veces vistas en televisión. Se trata sólo de un ejemplo del incremento de los discursos violentos que integran las estrategias de las derechas en nuestro país pero que se desarrollan simultáneamente en todo el mundo.

Naciones Unidas tomó nota de este fenómeno altamente peligroso. Señaló al respecto Antonio Guterres, Secretario General de la ONU: “En los últimos años se ha observado un aumento preocupante del discurso de odio y de la incitación a la violencia. El derecho a la libertad de expresión está protegido por las normas internacionales, pero las expresiones que constituyen una incitación a la violencia, están prohibidas”. La aclaración resulta pertinente, toda vez que disipa la falsa oposición entre la libertad de expresión y el combate a los discursos de odio. Al respecto, el Estado tiene la obligación de proteger a la población de quienes, con sus mensajes, estimulan la violencia tratando de impedir la plena vigencia de los DDHH.

La prevención de la incitación a la violencia se basa en la más alta normativa, en especial el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que integra nuestra Constitución Nacional. En su art. 20 el Pacto señala: “2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”. Cuando Espert vocifera públicamente que “Los derechos humanos son un curro”, o que las madres de plaza de mayo "curran con los DDHH” y que los desaparecidos no son 30.000, por dar sólo algunos ejemplos recientes, no sólo realiza apología del crimen, sino que además incita al odio en los términos de la legislación vigente.

Concretar en sentencias las sanciones a los violentos es una decisión jurídica, garantizar una justicia independiente, capaz de frenar los discursos de odio, es una decisión política.