Desde Santa Fe

La diputada peronista Matilde Bruera ponderó ayer la sentencia del juez Sebastián Creus que levantó el “secreto” en la investigación al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y a su equipo y le ordenó a los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez que en cinco días hábiles entreguen a las defensas toda la documental que retacearon en el proceso. “Es importante que la Cámara Penal de Santa Fe haya empezado a poner las cosas en su lugar en esta causa que es escandalosa desde el principio”, dijo la legisladora a Rosario/12. “Sostener el secreto del sumario durante cuatro meses, como ocurrió en este caso, es una práctica inquisitiva” de Hernández y Jiménez que “fue muy utilizada durante las dictaduras militares y no se condice con un modelo penal acusatorio, contradictorio y democrático”.

Bruera es la que más denunció en la Legislatura “el Lawfare a la santafesina”, como llama a la persecución a Sain y a su colega, la abogada de Hijos, Nadia Schujman.  Después del operativo de Hernández y Jimenez en el Ministerio de Seguridad, el 26 de noviembre, dijo que el allanamiento había sido “ilegal” porque “se realizó sin orden de un juez, sin orden de requisa y sin participación de testigos”, entre otras cosas. Y reveló que uno de los “blancos” de los fiscales era Schujman. Fue “un abierto operativo de pesca que está absolutamente prohibido en materia procesal”. “Los fiscales están obligados a precisar qué investigan, qué hechos van a atribuir, solicitar las órdenes de requisa y de secuestro y llamar testigos ajenos al procedimiento y a la fuerza que lo realiza. Eso no existió. Acá hay una clara intención de sustraerse al control judicial”. El ataque a Schujman “es un hecho más de violencia institucional”, que deja a la vista “un preocupante manejo institucional” y “un atropello a los derechos fundamentales que no se merece una persona tan respetada como Nadia, que es reconocida por las distintas gestiones de gobierno”, porque fue subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia.

Ayer, Bruera valoró el fallo del juez Creus que levantó el “secreto” de la causa, habilitó el “acceso total” de la defensas a las supuestas pruebas y les dio a Hernández y Jiménez un “plazo de cinco días hábiles” para que cumplan su orden. “Es lo que vengo sosteniendo” desde el año pasado, expresó la legisladora. “Esta investigación es escandalosa desde el principio. Me alegro que la Cámara Penal haya empezado a poner las cosas en su lugar. El proceder del Ministerio Público de la Acusación en este caso forma parte del deterioro institucional de Santa Fe, que se expande desde que la los senadores y diputados comenzaron a hegemonizar el control disciplinario de los fiscales en el año 2017”, recordó.

Lo que ocurrió en esta causa es “muy grave”, dijo Bruera. “Los secuestros de objetos personales” de Schujman y otros ex funcionarios que ordenaron los fiscales “en forma irregular”, “la desaparición de un disco rígido” de la notebook de Schujman, “la violación de la cadena de custodias, la alteración de actas y el ocultamiento sostenido durante cuatro meses de supuestas pruebas sobre un presunto ‘espionaje’, conforman un contexto de ilegalidades muy graves, sobre todo porque en paralelo se agitaron acusaciones públicas contra un grupo de personas y se les impidió ejercer el derecho de defensa”.

Rosario/12 ya informó que la “desaparición” del disco rígido de la Notebook que tenía asignada Schujman en el Ministerio de Seguridad se descubrió el 10 de marzo y quedó documentada en un acta. Al día siguiente, uno de los testigos del hecho, el abogado Hernán Martínez, que defiende a Sain, presentó la denuncia penal. Y la “violación de la cadena de custodia” de los dispositivos electrónicos incautados el 26 de noviembre y “la alteración de actas” –que cita Bruera- generó una segunda denuncia penal que patrocinó el ex ministro de Justicia Juan Lewis, abogado de Schujman.

“El llamado ‘secreto de sumario’ que en ese caso” los fiscales Hernández y Jiménez “han sostenido durante cuatro meses es una práctica inquisitiva, que fue muy utilizada durante las dictaduras militares. No se condice con un modelo penal acusatorio, contradictorio y democrático”, dijo Bruera. “Es muy importante también que se aclare nuevamente que el delito de supuesto espionaje es de competencia federal. Y por supuesto, es trascendente que las partes puedan ver todo el material por el cual se los pretende acusar”, agregó.