La Corte Suprema de Justicia ya tiene en sus manos la carta firmada por diecinueve gobernadores en la que piden al máximo tribunal que no falle a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la discusión sobre los fondos de la coparticipación. Se trata de un fuerte respaldo político a la postura del gobierno nacional por parte de los mandatarios de la mayoría de las provincias del país. "Si la Corte Suprema convalidara el aumento de la participación de la CABA dispuesto durante la gestión de Mauricio Macri en forma discrecional, injustificada y contrario a lo previsto por la Constitución Nacional, estaría sentando un precedente de graves consecuencias para el federalismo", advirtieron los gobernadores. Los únicos que no adhirieron fueron los que responden a Juntos por el Cambio --Gerardo Morales, de Jujuy; Gustavo Valdés, de Corrientes; y Rodolfo Suárez, de Mendoza--, más el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. 

En la misma línea que la mayoría de los mandatarios provinciales, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, apuntó contra el Poder Judicial y su connivencia con Juntos por el Cambio: "El Gobierno de la Ciudad y una parte de Cambiemos usan como reaseguro al Poder Judicial cada vez que pierden una votación en el Congreso", dijo. 

El sábado 9 de abril se cumplirán 30 días desde la audiencia de conciliación que la Corte organizó entre los gobiernos de Nación y CABA, y los supremos deberían emitir un fallo. Desde Nación temen que la Corte no falle sobre la cuestión de fondo, lo deje para más adelante, le dé una cautelar al gobierno porteño --tal como pidió-- y, al retrotraerse el procedimiento, el gobierno nacional se vea forzado a pagarle a CABA lo que Macri le cedióp, hasta que la Corte quiera definir la cuestión de fondo. 

En diálogo con Página/12, fuentes de Casa Rosada opinaron que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta "no quiere arreglar porque confía que la Corte va a fallar a su favor. Ellos proponen el cómo, pero no el cuánto. Nosotros tenemos los números, pero ellos no los presentan".

El posicionamiento formal que fue enviado a la Corte por la mayoría de los gobernadores surgió luego del encuentro que tuvieron el miércoles en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández; el ministro De Pedro y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. En el escrito, los gobernadores aclararon que, en caso de fallar a favor de CABA, la Corte estaría "consolidando un paradigma de desigualdad que desde el 10 de diciembre de 2019 se intenta revertir con el accionar coordinado entre los gobiernos provinciales y nacional". 

"La decisión unilateral, discrecional e injustificada de la anterior administración del Poder Ejecutivo Nacional de aumentar el coeficiente de participación de la CABA, eludiendo la obligación constitucional de someter a tratamiento parlamentario el acuerdo de traspaso y los recursos comprometidos, constituyó una verdadera violación al federalismo", definieron los mandatarios en el documento y agregaron que "se rompió el equilibrio existente entre las jurisdicciones, se desoyó el procedimiento previsto en la Constitución y se violaron los principios de equidad, solidaridad y de igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, aumentando los recursos de un distrito que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal en comparación con la mayoría de las provincias argentinas".

"Las discusiones en el FdT son para ver cómo resolvemos los problemas que dejó Macri. Lo que hizo con el sistema de coparticipación es gravísimo. Y ni hablemos de lo que hizo con la Justicia. Si cada votación que pierda va a ir a la Corte Suprema, empecemos a elegir por voto popular a sus miembros", dijo De Pedro. Luego, el ministro recordó que "la Corte intentó ir con el 2x1 para beneficiar a genocidas, se metió en la discusión del sistema sanitario en medio de una pandemia. La Corte se está metiendo en temas de coparticipación, en seguridad y con un rol político".

El gobernador de Catamarca, Raúl Jallil, destacó en diálogo con AM 750 que "es importante que la Corte tenga una mirada federal". Ricardo Quintela, de La Rioja, agregó que "le dieron ese monto discrecional a la CABA, que no lo precisa porque es la ciudad más rica de la Argentina. No queremos ir en contra de los capitalinos, pero sí en contra de un sistema que profundiza la desigualdad en la distribución de la riqueza. Somos 19 provincias, pero creo que también se van a adherir Corrientes y Jujuy porque ellos sufren lo mismo que nosotros. No es una cuestión partidaria, es institucional y en defensa de todos los argentinos".

El origen del conflicto

La Ley de Coparticipación fue sancionada en 1988. Luego, mediante el decreto 705 de 2003 se fijó que el porcentaje que corresponde a CABA era de 1,4 por ciento. Ese porcentaje perduró hasta 2016, cuando el expresidente Macri elevó mediante decreto el porcentual para la Ciudad al 3,75. Al mes siguiente Macri firmó otro decreto y explicó que el traslado de la Policía a la Ciudad tuvo un costo de 8047 millones, pero el monto transferido por coparticipación fue de 17.386, es decir, más del doble. En marzo de 2018 se redujo mínimamente el porcentaje a 3,5 por ciento.

En 2020, el gobierno de Fernández adecuó transitoriamente por decreto el porcentaje de la CABA en 2,32 por ciento. Es decir, mantuvo el 1,4 histórico y sumó el costo del traspaso de la policía. Paralelamente se remitió un proyecto de ley al Congreso para que aprobara el traspaso de la policía y determinara su financiamiento. Según explican desde Casa Rosada, "el gobierno de CABA nunca pudo aportar documentación ni justificar en qué usó los fondos excedentes". En diciembre de ese mismo año, el Congreso aprobó la Ley 27.606 que perfeccionó el traspaso de la Policía Federal y garantizó los recursos para su funcionamiento. El gobierno porteño, tras la aprobación de la ley en el Congreso, presentó una medida cautelar contra el decreto y una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Ley 27.606. El gobierno nacional contestó la demanda, planteó la nulidad de los decretos de Macri y solicitó la devolución de fondos percibidos indebidamente por el gobierno porteño. Ahora es la Corte la que debe fallar.