Con un pedido de condenas a prisión perpetua en cárcel común para los cuatro acusados que siguen en carrera al final del debate que se desarrolla en los tribunales de San Martín, el Ministerio Público Fiscal cerró su alegato en el juicio por los vuelos de la muerte que partieron de Campo de Mayo, cargados con detenidos-desaparecidos a quienes arrojaron a las aguas del Río de la Plata y del Mar Argentino.

“El aporte de cada uno de los acusados resulta imprescindible para que la cadena de delitos pudiera cometerse”, destacó el fiscal federal Marcelo García Berro, en referencia al ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros, quien ya ostenta numerosas condenas; al ex comandante del Batallón de Aviación 601 Luis del Valle Arce; al ex segundo jefe Delsis Ángel Malacalza, y al ex oficial de operaciones Eduardo María Lance.

A los cuatro les imputó la responsabilidad por el secuestro, la aplicación de torturas en el centro clandestino de detención conocido como “El Campito” y la muerte de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace. Sus cuerpos aparecieron en las costas del Río de la Plata y el Mar Argentino, fueron enterrados como NN en cementerios de la zona y años después fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Completaba la lista de acusados otro ex aviador, Horacio Conditi, pero la semana pasada el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín lo excluyó del juicio por problemas de salud.

El fiscal pidió que a los cuatro acusados se les revoquen las prisiones domiciliarias y sean alojados en cárceles comunes. También solicitó que el Tribunal le pida al diario Clarín la rectificación de una información errónea publicada en 1977 sobre las víctimas y las circunstancias que rodearon a sus padecimientos “como un acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de memoria”.

García Berro, que llevó adelante la representación del Ministerio Público Fiscal junto a la auxiliar fiscal Mercedes Soiza Reilly, consideró probado que entre 1976 y 1977 se realizaron “vuelos de la muerte” que partieron desde Campo de Mayo con presos políticos vivos, que fueron arrojados al mar o al Río de la Plata. Los acusados fueron “eslabones indispensables de ese engranaje” que significó el plan sistemático de secuestros, torturas y exterminio. Para la fiscalía, todos ellos "tuvieron condominio en los hechos, que puede advertirse en la división de trabajo, esto es la distribución de los aportes necesarios para la consumación en función del plan trazado”. “El aporte de cada uno de los acusados resulta imprescindible para que la cadena de delitos pudiera cometerse”, añadió. “Las relaciones operacionales entre el Comando Institutos Militares y el Batallón de Aviación de Ejército 601 de Campo de Mayo conformaron una maquinaria destinada a la eliminación física de las personas cuyo destino final ya estaba decidido”, destacó.

Se calcula que más de 5 mil personas estuvieron detenidas de manera ilegal en alguno de los más de cinco centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo. De ellas, tan solo unos pocos cientos sobrevivieron. En base a decenas de testimonios que fueron escuchados en el debate oral y público, que transcurrió en su totalidad en pandemia y por lo tanto, tuvo una modalidad mayormente virtual con declaraciones vía teleconferencia, los fiscales determinaron que los acusados son coautores penalmente responsables de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos en forma reiterada, homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”. Los relatos de ex soldados conscriptos de Campo de Mayo, que aportaron mucha información sobre aviones que partían de la pista de aviación de la guarnición cargados de personas y regresaban vacíos y manchados de sangre, fueron fundamentales como pruebas.