Desde Lima 

Dos días después que una medida de urgencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos detuvo la liberación del exdictador Alberto Fujimori, ordenada por el Tribunal Constitucional (TC), este viernes el tribunal internacional escuchó, en una audiencia virtual, a las víctimas de la dictadura fujimorista, que demandan se anule esa sentencia del TC. Hace unos días el TC resucitó un indulto a favor de Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, que había sido anulado hace más de tres años. Eso gatilló un escándalo y protestas en las calles. Los familiares de las víctimas solicitaron ante la Corte que tome medidas provisionales que resguarden su derecho a la justicia hasta que este tribunal emita una sentencia final sobre la demanda para anular el fallo del TC que pretende consagrar la impunidad para Fujimori.

La medida de urgencia tomada por la Corte para impedir la liberación de Fujimori, señalando que con esto busca “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta”, es un adelanto de por dónde podrían ir esas medidas provisionales. Es por esos dos casos que Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión. En noviembre de 1991 quince personas, entre ellas un niño de ocho años, fueron acribilladas por un destacamento del ejército que ingresó a una modesta vivienda de Barrios Altos, en el centro de Lima, en la que se habían reunido para una fiesta. En julio de 1992, el mismo destacamento militar, conocido como el grupo Colina, secuestró y asesinó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. El grupo Colina operaba como un escuadrón de la muerte bajo la protección de Fujimori.

Los abogados de las víctimas del fujimorismo señalaron ante la Corte que con la restitución del indulto al exdictador existe “un grave peligro de un daño irreparable al derecho a la justicia de las víctimas”, por lo que debía confirmarse la suspensión de la ejecución de la sentencia del TC que ordena liberar a Fujimori hasta que se resuelva su pedido para anular definitivamente ese indulto. Recordaron que el indulto, que fue otorgado en diciembre de 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, fue parte de un canje político de votos fujimoristas en el Congreso a cambio de impunidad para el exdictador y que la Corte Suprema peruana lo anuló en octubre de 2018 por considerarlo ilegal. Indicaron que este fallo del TC no tiene ninguna argumentación sólida y viola la jurisprudencia nacional e internacional en derechos humanos. El representante del Estado peruano apoyó el pedido de las víctimas. El gobierno de Pedro Castillo ha rechazado la sentencia del TC a favor de Fujimori.

“Con la sentencia a Fujimori sentimos que algo de justicia se había hecho, este indulto indebido vulnera nuestro derecho a verdad y justicia. Todavía tenemos familiares desaparecidos. La esperanza que se haga justica cae sobre esta corte”, fue el alegato ante los magistrados de la Corte de Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de La Cantuta asesinados. Estaba acompañada por otros familiares de víctimas que levantaban carteles con las fotos de los desparecidos y asesinados. Ortiz fue ministra de Cultura por un corto período en el gobierno de Castillo.

Antes del 8 de abril, cuando culmina su actual período de sesiones, la Corte emitirá una decisión sobre las medidas provisionales solicitadas. Mientras tanto está vigente su decisión de paralizar la liberación de Fujimori. Luego este tribunal tomará una decisión sobre el tema de fondo: la validez o no del fallo que restituye el cuestionado indulto a Fujimori. Por la jurisprudencia en la materia, las claras irregularidades en el indulto en cuestión que fue anulado y en la sentencia del TC que lo restituye, y por la posición que ya ha tendido la Corte en este tema, los familiares de las víctimas confían que el fallo final de esta corte internacional anule definitivamente el indulto a Fujimori y no se consagre la impunidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado la sentencia del TC a favor de Fujimori como de “extrema gravedad” y un hecho que “afecta a la comunidad internacional en su conjunto”. La CIDH recordó ante la Corte que Fujimori está condenado por crímenes calificados de lesa humanidad por lo que no le corresponde recibir un indulto. Organismos de derechos humanos internacionales y de distintos países, entre ellos de Argentina, se han expresado en el mismo sentido. El jurista Diego García Sayán, expresidente de la Corte, ha manifestado que la restitución del indulto a Fujimori “choca con la legalidad y con el derecho internacional”.

En su cómoda prisión VIP de un cuartel policial de Lima, donde es el único recluso, Fujimori se preparaba el miércoles para ser liberado. Se terminaban los trámites burocráticos para ejecutar el fallo del TC que lo favorecía. Le habían asegurado que su liberación era cuestión de horas, que si no se daba ese mismo miércoles ocurriría el jueves. Tenía todo listo para abandonar la prisión exclusiva en la que está recluido desde 2007. Pero en el último momento todo cambió cuando en la tarde del miércoles llegó la comunicación de la Corte requiriendo al Estado peruano a que detenga el proceso de liberación del exdictador. El gobierno acató la decisión del tribunal internacional y Fujimori se quedó en prisión.

Keiko Fujimori reaccionó acusando a la Corte de tener un “sesgo ideológico”. La hija del autócrata, actual jefa del fujimorismo y tres veces derrotada candidata presidencial, se quejó de que no liberar a su padre condenado por crímenes de lesa humanidad era una violación de sus derechos humanos. Para las víctimas de la dictadura de su padre que demandan justicia no tuvo una sola palabra. Le exigió al Estado peruano desacatar la decisión de la Corte, lo que iría contra las obligaciones intencionales del país. Dramatizando, terminó su breve mensaje grabado diciendo que responsabilizaba al gobierno si la salud de su padre se veía afectada luego de enterarse que no será liberado.

Dramatizar con la salud de Fujimori, de 83 años, para presionar por su libertad ha sido una constante desde que fue recluido. Hace años se anuncia su muerte inminente si no es liberado. Según sus médicos, el exdictador padece de males como hipertensión, fibrilación auricular y fibrosis pulmonar, pero no hay una evaluación médica que haya determinado que su estado de salud sea de gravedad. En la prisión VIP en la que se encuentra tiene permanente atención médica y una ambulancia a su exclusiva disposición.

Además de las condenas que ya tiene, Fujimori viene siendo procesado por la matanza de seis campesinos en 1992 cometida por el grupo Colina, y tiene pendiente otro proceso por las esterilizaciones forzadas de más de 300 mil mujeres, en su gran mayoría campesinas. La suerte del exdictador, que al menos por ahora ya no saldrá libre, está en manos de la Corte. El triunfo de la impunidad que hace unos días celebraba el fujimorismo está siendo revertido.