La investigación por los violentos carteles contra Cristina Fernández de Kirchner parece apuntar a un publicista vinculado al macrismo, pero su nombre aún figura lateralmente en la causa judicial. Lo que ya está esclarecido es quiénes fueron los fijadores, es decir los que pegaron los afiches --un grupo de Morón-- y, sobre todo, dónde se imprimieron los carteles --en una empresa de Lanús--. 

El fiscal Leonel Gómez Barbella le tomó declaración a Julio César Francino, que se presentó como presidente de Viagraphic, imprenta de Lanús, quien admitió que efectivamente los afiches se hicieron allí. Sostuvo que un capataz, Franciso Serrano, fue el que recibió la orden de trabajo de un particular al que Francino no identificó. 

El fiscal pidió la detención, el allanamiento de la imprenta y la indagatoria de Serrano y el juez firmó las órdenes en el atardecer de este viernes. A su vez, el publicista José "Pepe" Albistur presentó un escrito en el expediente mencionando que quien habría ordenado la impresión de los carteles fue el dueño de Latinoamérica Comunicación (Latcom), Valentín Bueno. 

Este empresario aparece con notorios vínculos con el macrismo, que le adjudicó participación en casi todas las campañas electorales. Del otro lado, el padre del joven que concretó la pegatina --un hombre vinculado a Cambiemos-- dijo ante la policía que los carteles fueron ordenados por Albistur, pero las pruebas van en sentido contrario. 

Morón I

Como anticipó Página/12 en exclusiva, para la pegatina se utilizaron dos camionetas. Una de ellas, la Fiat Fiorino patente LGY 025, entró a CABA desde el Oeste, y sus ocupantes se dirigieron al centro porteño donde pegaron unos 300 afiches. De inmediato, avisaron a los medios de comunicación que, por supuesto, les dieron repercusión a los carteles que tenían la foto de CFK y abajo, en letras enormes, la palabra "asesina".

Desde el punto de vista penal, no se trata de un delito de gran envergadura, aunque el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia en la que calificó los hechos como un ataque a los tres poderes del Estado. La Justicia porteña y el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo Dalessandro, pusieron en marcha una investigación de oficio, pero quien avanzó más fue Gómez Barbella a raíz de la denuncia presentada por Albistur.

Con los datos de las cámaras de seguridad, tanto el fiscal porteño, Mauro Tereszko, como Gómez Barbella, apuntaron a un galpón en Morón desde donde salieron los ocupantes de la Fiorino. En la noche del jueves, dos grupos de policías coincidieron en las puertas de la propiedad de la calle Juan José Paso al 1300, en Morón. Finalmente, el allanamiento lo hizo la justicia porteña.

Morón II

En el galpón fueron retenidas cuatro personas, aunque finalmente las cosas apuntaron rápidamente a Christian Méndez, hijo del dueño del galpón, y vinculado a Cambiemos. De hecho, en su Facebook aparece con el ex intendente Ramiro Tagliaferro, con Diego Santilli y otros dirigentes del macrismo. El Frente de Todos de Morón sacó un comunicado señalando que “se trata del último eslabón de una larga cadena de difamadores profesionales”. 

Los Méndez son dueños de la empresa MDC que pega carteles para todos los partidos --de hecho se encontraron afiches favorables al gobierno nacional--, con mano de obra muy barata y a veces reclutada en barras bravas de fútbol. Eso no quita que el hijo del dueño sea un fanático del macrismo y haya encabezado la operación de pegado del lunes a la madrugada.

El padre de Christian, Darío Méndez, se presentó en la policía y realizó una declaración espontánea. Sostuvo que la pegatina la contrató Francisco Serrano, que pagó 90 mil pesos, pero trató de desvincular al macrismo: sostuvo que el encargo fue de Albistur. En realidad, los que pegaron y quienes imprimieron aparecen vinculados, con publicidades de millones de pesos, con el gobierno de Mauricio Macri. 

Lanús

Gómez Barbella avanzó rápidamente en la otra pista clave del caso: la imprenta. Está claro que los carteles se produjeron en Viagraphic y así lo reconoció quien declaró como presidente de la imprenta, Julio César Francino. El hombre adujo que él ni se enteró de ese trabajo y que se hizo por orden de uno de sus empleados jerárquicos, Francisco Serrano. 

Como prueba, Francino entregó un mail de Serrano sobre la impresión de los afiches. El correo está dirigido a otros dos empleados de la imprenta, dejando en claro que los carteles se hacían por su orden y que le debían pagar una especie de comisión. De inmediato, el fiscal pidió que se detenga al jerárquico para llevarlo a declarar y que además se allanara la empresa. 

Al cierre de esta  nota, el juez Manuel De Campos firmó la orden correspondiente y, además decidió reasumir la investigación porque ya hay un imputado: Serrano. El magistrado le quitó así la instrucción al fiscal, que había actuado con mucha rapidez.

Este viernes, el denunciante, Albistur, presentó un escrito en la fiscalía señalando que el publicista vinculado al macrismo, Valentín Bueno, habría sido el que ordenó la impresión. Los carteles se terminaron el viernes pasado a la noche, se los llevaron el sábado en la Fiorino hasta Morón y el lunes a la madrugada salió el grupo de fijadores a colocarlos en el centro porteño.

Albistur no sólo mencionó a Bueno sino que indicó que Serrano trabajó en la empresa de Bueno, Latcom, hasta el año pasado. Es decir que existe confianza entre ellos. También hay confianza entre Serrano y Méndez, que tienen relación desde hace varios años, incluyendo los tiempos en que Serrano estaba en la empresa de Bueno y ejecutaron numerosas órdenes de publicidad de la administración macrista. 

Gómez Barbella espera la declaración de Serrano: es obvio que tienen que haber quedado rastros de quién encargó los afiches, quién mandó el original para hacer la impresión y quien pagó la cuenta. También habrá que ver si Serrano trata o no de blindar a su exempleador y si hace un tandem con Méndez de protección al macrismo.

Bueno figura como uno de los grandes beneficiarios de la pauta oficial en vía pública a lo largo de los cuatro años del gobierno de Macri, cuando la adjudicación de esa pauta llevaba la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Pero ya antes el empresario tuvo enormes contratos por publicidad en la vía pública para las campañas del PRO y ahora una parte de la adjudicación del gobierno de Cambiemos fue objetada por la Auditoría General de la Nación.

Política

El delito que se investiga en la causa de Gómez Barbella es hurto, porque los carteles se pegaron en carteleras concesionadas a tres empresas en CABA. Es decir que hubo una especie de robo del espacio: no es un delito de altas penas, de un mes a dos años de prisión, en suspenso.

Sin embargo, lo trascendente es lo político: determinar quién encabezó un nítido acto de campaña sucia. Porque está claro que los carteles buscaron incentivar conflictos dentro del Frente de Todos, haciéndose pasar por adherentes a Alberto Fernández mediante una grotesca falsificación. Además, no se trató de críticas ni argumentos, sino con calificativos que buscaron generar violencia. Parece obvio que se buscó beneficiar a la oposición con un discurso de odio, en tiempos en que esa oposición propaga un mensaje de supuesto diálogo y concordia.