Como si fuera una ola gran tsunami, el país espera con espanto las cifras de inflación de marzo. Aunque las consecuencias se viven antes que las cifras, el impacto será poderoso. Esta vez los efectos de la guerra en Ucrania se sentirán más que en febrero. Y mientras el resto del mundo se preocupa por el acceso a los alimentos, Argentina sufre porque los produce. Los argentinos ganan en pesos, pero deben pagar los alimentos a precio dólar y los que se enriquecen con esta penuria amenazan con acciones destituyentes.

Un sector de la oposición, con la que se referencian los principales organismos que agrupan a las patronales rurales, propuso directamente repetir la experiencia de Domingo Cavallo y dolarizar la economía. Si se repitiera esa experiencia (un peso = un dólar), el que ganara en dólares podría pagar alimentos a precio dólar, pero esos empresarios tendrían muchas dificultades para exportar, como pasó en el menemismo.

En Estados Unidos, los costos en dólares son altos y la producción rural tiene poca rentabilidad, entonces el gobierno subsidia la actividad agropecuaria. En Europa la producción de alimentos también es cara y con precios poco competitivos, entonces no dejan entrar productos de otros países. Pero Europa y Estados Unidos prohíben a los demás el otorgamiento de subsidios o medidas proteccionistas, que ellos aplican.

La corporación mediática logró que amplios sectores de las capas medias urbanas, que están entre los principales perjudicados, defiendan los intereses que los perjudican y visualicen al Gobierno como único responsable de sus desgracias. Así consiguen un doble resultado: hacen que los sectores medios defiendan a quienes los explotan y además los ponen en contra del Gobierno que sería el único que los podría proteger.

En vez de subsidiar, lo que no podría hacer por las cifras que implica, el gobierno argentino mantiene la relación precio dólar favorable a los productores y exportadores del país. Reciben un trato de privilegio por parte del Gobierno. Pero cuando los precios internacionales de los alimentos se disparan por la guerra, este sector privilegiado quiere dejar sin alimentos a la mayoría de los argentinos porque los precios dolarizados se vuelven inaccesibles.

La dolarización como promovió Cavallo desembocó en una gran desigualdad con exclusión de la mayoría, que fue empujada a la informalidad y la pobreza mientras se enriquecía un pequeño grupo formado por los bancos y empresas privatizadas. Pero el país exportador de cereales y carnes, que fue el país conservador del Centenario y al que quieren regresar la Sociedad Rural y la CRA, también expulsó a la mayoría y favoreció a una élite: la oligarquía multimillonaria.

El Gobierno se enfrenta a una situación de gran injusticia que si no resuelve también puede ser su certificado de defunción. Ya hay estimaciones para marzo que rondan el 6 por ciento de inflación, aunque el ritmo de los aumentos disminuyó en la segunda quincena. La posición de Alberto Fernández es no tomar ninguna medida sin dialogar con las partes involucradas. Y las medidas que se han ido tomando, sobre todo los acuerdos de precios, sólo lograron triunfos temporales que fueron revertidos rápidamente hasta que se produjo esta avalancha provocada por la guerra.

Hay malhumor en la calle, pero también desconcierto y expectativa, incluso en la base electoral opositora, por las medidas que pueda tomar el Gobierno. El protagonismo lo tiene el oficialismo en una situación donde cualquier movimiento que se haga por fuera de esta problemática --internas o chicanas-- será visto como una muestra de desaprensión, como sucedió con la propuesta de Gustavo Beliz sobre las redes sociales o con la alusión presidencial a la terapia de grupo. La atención está puesta allí bajo mucha presión.

El Gobierno está en el centro y tiene que jugar frente a las patronales del campo, los grandes exportadores, la oposición macrista, las corporaciones alimenticias y las cadenas de supermercados. Las tribunas repletas del Monumental o la Bombonera están pendientes de la jugada, es el peor momento para quedarse parado o tirar afuera la pelota.

El Fondo Monetario Internacional, a través de su vocero Gerry Rice, reconoció que la guerra condicionó las metas establecidas en el acuerdo con Argentina. Es una preocupación menos para el Gobierno que, de todos modos, no tiene muchas alternativas si quiere salir airoso de esta encrucijada poniendo más plata en el bolsillo de la gente. Las paritarias tienen resultados desparejos que favorecen a los gremios más grandes, pero dejan atrás a los más chicos y dejan totalmente afuera a los trabajadores informales de la economía popular.

El debate en el Frente de Todos por el acuerdo con el Fondo parecía bajar el tono tras el acto del 24 de marzo, cuando saltó el pico de la inflación. Queda la inquietud de que a lo largo de este debate, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue el centro de tres ataques violentos, lo que puso en evidencia el interés de algunos sectores de profundizar las grietas que se producían con la discusión interna.

No es la primera vez que Cristina Kirchner es el blanco de ataques. Pero después de bastante tiempo que no sucedía, se produjeron tres seguidos en el contexto del fuerte debate interno. Tampoco hubo acciones generalizadas de este tipo contra otros dirigentes. Ella fue la única afectada.

El clima que genera el discurso de odio de la corporación mediática no alcanza para explicar estos ataques. Fueron en un determinado momento y contra una persona en particular. Tienen todo el aspecto de algo orquestado. Es difícil que se trate de acciones espontáneas. En estos casos, el discurso de odio de los medios concentrados justificó una forma de violencia política.

Máximo Kirchner propuso el impuesto excepcional a las grandes fortunas, por la pandemia. Y Cristina Kirchner impulsó la multa para pagar al FMI a los que fugaron y evadieron. El apellido Kirchner aparece junto a medidas que afectan a sectores poderosos. El ataque contra la estatua en Santa Cruz se produjo casi al mismo tiempo que se planteaba la propuesta de Cristina Kirchner en el Senado.

Además del objetivo material concreto, la intención de la consigna “que paguen los que la fugaron” tiene un sentido didáctico hacia la sociedad igual que la primera carta dirigida a Alberto Fernández en la que reclamó más políticas sociales. Los ataques contra ella también tienen un sentido didáctico hacia la sociedad, pero en sentido contrario. Aparecen como respuesta, aunque también apuntan a caotizar la interna en el oficialismo.

En todo caso, se mantienen las prioridades que estuvieron marcadas en esa primera carta: ahora más que nunca tiene que ser un gobierno enfocado en la problemática social, no se puede apartar de esa línea de acción. Y ya no alcanza con explicarla o prometerla sino que tiene que llegar a esa base de expectativa social con una batería de medidas concretas, como el bono a los jubilados, y no como medidas aisladas sino como una política que busca resultados.