El 23 de marzo pasado con el epígrafe “vamos conociendo el rostro de los sicarios que realizan abortos en Salta”, el diputado provincial con mandato cumplido, Andrés Suriani, expuso la fotografía de profesionales de la Salud del Hospital Público Materno Infantil que garantizan el acceso a las interrupciones legales y voluntarias del embarazo (ILE e IVE). El mensaje fue repudiado, y ayer el gerente del Hospital, Federico Mangione, anunció a Salta/12 que “se hará una presentación” una vez que el abogado de la institución (que está de licencia) se reincorpore y asesore sobre los alcances que debe tener el escrito a elevar para dar intervención a la Justicia.
“Hay que preservar a quien expuso por haberla puesto en esta situación”, afirmó Mangione, quien asumió que además de exponer la imagen de una profesional, Suriani mezcló la situación de la médica con la judicialización de Miranda Ruiz, la médica que en Tartagal fue incluso encarcelada tras realizar una ILE.
Pese a que en el seguimiento de la causa hay cuestiones que refutan que el aborto legal que realizó la médica del norte salteño resulto en la expulsión de un feto sin signos vitales, Suriani publicó en las redes sociales afirmaciones falsas, además de morbosas, haciendo una descripción incomprobable hasta el momento.
Antes de la votación del proyecto, que luego resultó en la Ley 27.610 y que permite el acceso a este derecho a personas gestantes, Suriani había solicitado públicamente al arzobispo de Salta, Mario Cargnello, que sacara las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro (patronos de Salta), para evitar lo que denominó el “terremoto social”, por la aprobación de la normativa. En los medios que lo entrevistaron en 2020, se confirmó que el en ese entonces legislador nunca habia hecho peticiones formales ante la Curia. Al otro año, siguiendo con su campaña contra las instituciones, denominó al Hospital Materno Infantil como “Matadero Infantil”.
Las polémicas difusiones recientes de Suriani por sus redes sociales, se hicieron justo dos días antes de la “Marcha por el Niño por Nacer”, que remite a la instauración menemista del día del Niño por Nacer, en 1998.
Al otro día de hacerse pública su manifestación en las redes, el ex diputado se amparó en la posición del Papa Francisco, quien “dice que quienes llevan adelante esta tarea son sicarios pagados por el Estado, evitando que nazcan niños”, indicó una nota del diario El Tribuno del 25 de marzo pasado, en la que reafirmó que el mensaje fue enviado a “la red celeste”, que está en línea con su pensamiento, y ante la posibilidad de una presentación en su contra, sostuvo que “no hay ni siquiera un agravio en esto”.
Luego se resguardó en la libertad de expresión al sostener que “opinar distinto parece que fuera condenable”. Ayer Salta/12 quiso hablar con el ex diputado pero no obtuvo respuesta.
Solo 3 garantistas en el Hospital de referencia
En el hospital “todo el mundo está molesto (con Suriani) porque expone” a quien como profesional de la medicina decidió no acceder a la “objeción de conciencia”, dijo Mangione. El peligro que observa el gerente, como también quienes repudiaron esta exposición, es que estas acciones lleguen a incidir en personas que pueden llegar a actuar con fanatismo contra quienes son señalados.
Mientras, el gerente hospitalario consideró que en primer lugar hace falta reforzar la normativa que garantiza el derecho a la ILE, pero que también se debe investigar a quienes “hacen abortos clandestinos”, por fuera del sistema de salud. En el Hospital Materno, que es el centro sanitario de referencia para estas prácticas, solo hay tres profesionales de la Salud que realizan las IVE e ILE, lo cual sostuvo, es poco personal. Y es que por mes “hacemos entre 30 y 35 procedimientos”, que llegan al quirófano. A ello agregó que al Hospital no llega la partida presupuestaria necesaria para afrontar los costos de las prácticas, lo cual se debería considerar.
El Estado debe proteger
Integrantes de la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, salieron a repudiar inmediatamente “las persecuciones a quienes garantizamos el acceso al aborto, ya consagrado por la Ley Nacional 27.610 y en nuestro Código Penal desde hace más de cien años”. Una agrupación que sostuvieron, cuenta con más de mil efectores en el territorio nacional.
“Somos quienes acompañamos a las personas en momentos decisivos sobre sus cuerpos y sus vidas, escuchando, asesorando y brindando información clara y científica para que lxs usuarixs de los servicios de salud puedan ser autonomxs y libres según sus valores, cultura y proyectos de vida. Nuestra Red siempre es parte de la solución y no del problema”, indicaron en el comunicado.
Entendieron que “el Estado en sus tres poderes tiene el deber de preservar y proteger a quienes trabajamos promoviendo y garantizando la salud integral de los pueblos, para que nuestra tarea se de en un marco de seguridad y libre de presiones”.
Añadieron que “quienes nos escrachan, nos intimidan y nos persiguen por garantizar derechos, en ocasiones incluso judicialmente, son los mismos que quieren decidir por las personas gestantes los riesgos que pueden o no correr ante un embarazo, anteponiendo discursos moralistas y ejerciendo abusos de autoridad. Este accionar responde a un sistema que busca someter a las mujeres y diversidades a sus prácticas educativas y sanitarias hegemónicas y patriarcales”. En parte del escrito acusaron que el sistema que avala su desprotección es también el que “fomenta la clandestinidad, protegiendo a lxs médicxs que realizan abortos por fuera del sistema público de salud, con cobros sin factura y que no se ajustan a los estándares de cuidado y tratamiento establecidos en el Protocolo Nacional, y que protege también a médicos implicados en situaciones de abuso hacia niñas, adolescentes y adultas”.
Al concluir el comunicado afirmaron que “hoy y siempre nuestra Red responde con acompañamientos amorosos y garantistas de derechos. Sus intimidaciones no lograrán ni un paso atrás en los derechos consagrados”.
Mientras, aunque se esperó alguna reacción del Círculo Médico de Salta y el Colegio Médico tras haberse comunicado la situación, desde las entidades solo hubo silencio o evasivas a contestar sobre el tema.