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Desde Santa Fe
Que legisladores voten una ley y se arrepientan es posible, pero que además quieran derogarla es inédito. El hecho ocurrió esta semana en la Legislatura, donde el diputado radical Fabián Palo Oliver propuso terminar con el “control político” del Ministerio Público que subordinó a los fiscales a un “régimen disciplinario” operado por la comisión de Acuerdos y la Asamblea Legislativa y volver al sistema anterior de la ley orgánica del MPA, de 2009, que delegó el enjuiciamiento de los magistrados a un Tribunal de Disciplina, similar al jury previsto para los jueces de la provincia. La propuesta de Palo Oliver es concluir “el nefasto intento de condicionar” a los fiscales “desde la política” y “cerrar la devastadora experiencia institucional” que se inició en 2017 con la ley 13.695 (impulsada por los senadores Armando Traferri, Felipe Michlig, Lisandro Enrico y Emilio Jatón) y profundizada en 2018 con la 13.807 que “degradó” el MPA, a contrapelo de “normas constitucionales” y “el funcionamiento de los poderes del Estado”. En cinco años de vigencia, las leyes de los senadores “han dado lugar a interferencias de miembros de la Legislatura en la actividad y funcionamiento del MPA, en clara violación a la necesaria independencia de los fiscales”, advirtió.
Palo Oliver presentó su proyecto de ley el jueves. Lo acompañaron con la firma sus colegas Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad). Los tres diputados votaron las dos leyes: la 13.695 (de Traferri y compañía) en 2017 y la 13.807 que retocó la anterior en 2018. Donnet no era legisladora en ese período, pero su antecesora en la banca, Silvia Augsburger, también las votó.
El proyecto de Palo Oliver es el segundo que propone derogar las leyes antifiscales. En abril de 2021, la diputada peronista Matilde Bruera también planteó lo mismo (devolver el juzgamiento de los magistrados al Tribunal de Disciplina del MPA), aunque su iniciativa es más amplia porque incorpora la paridad y la perspectiva de género en el Ministerio Público. Bruera sumó el apoyo de sus compañeros de bloque: Leandro Busatto, Luis Rubeo, Lucila De Ponti, Paola Bravo y Ricardo Olivera, que es presidente del Partido Justicialista. En 2017 y 2018, Rubeo votó las dos leyes (la de Traferri y su reforma) y Busatto sólo la segunda, la 13.807, que está vigente.
El 18 de marzo, la Asociación de Fiscales de Santa Fe denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el “sistema disciplinario” de los fiscales que la Legislatura instauró en 2017 (al adjudicarse la “facultad exclusiva” de “amonestar, suspender y destituir” a los fiscales) “no existe en ningún otro país”. La ley Traferri-Michlig-Enrico-Jatón “arrasó” con el modelo anterior que se ajustaba “a las directrices de Naciones Unidas” y lo reemplazó por el actual que “desplazó al juez natural, unificó a quien investiga y juzga, eximió a los votantes de tener que dar fundamentos escritos de sus decisiones y permitió que se debatiera sin quórum. En Santa Fe, suspender a un fiscal es tan fácil como levantar la mano”, sintetizó la presidenta de la asociación Gisela Paolicelli. “El sistema de justicia quedó absolutamente subordinado al poder político. Algo nunca visto. Ningún país tiene un sistema así. Y a las fiscales de Santa Fe nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no”.
Paolicelli recordó cómo se gestó la ley 13.695 impulsada por Traferri, Michlig, Enrico y Jatón. En 2017 los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack investigaban “un conjunto de estafas inmobiliarias y lavados de activos que involucró a empresarios y grupos de poder con conexiones con el poder político” y a varios senadores por el supuesto “manejo arbitrario de subsidios”, “desvío de fondos públicos” y “enriquecimiento ilícito”. “Las causas avanzaron y comenzaron develarse verdaderas redes criminales”, reveló Paolicelli. A comienzos de 2017, asumió como fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, que “contaba con gran apoyo político y fue puesto en ese cargo para frenar de cualquier manera el avance de estas investigaciones”. Y así ocurrió. Serjal apartó a los fiscales: “en la megacausa, se aplicaron criterios de oportunidad a favor de los principales acusados y en la causa contra los senadores, un archivo”. En agosto de 2017, 16 senadores (entre ellos Traferri, Michlig y Jatón, hoy intendente de Santa Fe) acusaron a Narvaja y Mac Cormack ante la comisión de Acuerdos. Una denuncia “grotescamente falsa”, que no prosperó “porque la Legislatura no tenía facultades disciplinarias sobre los fiscales”, dijo Paolicelli. Cuatro meses después, en noviembre de 2017, la Legislatura sancionó la ley 13.695 promovida por los denunciantes de los fiscales. “El sistema de justicia quedó absolutamente subordinado al poder político. Algo nunca visto. Ningún país tiene un sistema así. Y a las fiscales de Santa Fe nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no”, insistió Paolicelli.
Palo Oliver propuso entonces terminar con la “devastadora experiencia institucional iniciada en 2017 con la ley 13.695 y profundizada con la ley 13.807” que “degradó” el MPA y sometió a los fiscales al “control de la Legislatura” a contramano de “normas constitucionales” y el “funcionamiento de los poderes del Estado”.
“La ley 13.807 implica lisa y llanamente el control político del MPA. Su sanción tuvo como único resultado (…) someter” a los fiscales “a un inédito régimen disciplinario que concreta” la pretensión de “algunos legisladores”: que "la permanencia de los fiscales en sus cargos dependa exclusivamente de la Legislatura”, alertó Palo Oliver.
El régimen disciplinario de los fiscales que impulsaron los senadores “confronta con la Constitución Nacional” que consagró en su artículo 120 la “autonomía” del Ministerio Público. Es un sistema “inédito” en el país. “No existe provincia argentina que haya adecuado su sistema de juzgamiento penal a la Constitución Nacional, que mantenga un régimen disciplinario para funcionarios judiciales en cabeza exclusiva del Poder Legislativo”, como ocurre en Santa Fe.
Por lo tanto, Palo Oliver propuso derogar la ley antifiscales, restablecer el régimen disciplinario anterior –previsto en la ley 13.013- “cuya constitucionalidad está fuera de toda discusión” y terminar con “el nefasto intento de condicionar” a los fiscales “desde la política con un claro e inaceptable beneficio exclusivo de un sector claramente perjudicado con la autonomía del MPA”.
