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El 10 de diciembre pasado, en el festival por el Día de la Democracia en la Plaza de Mayo, acompañada por Pepe Mujica y Lula da Silva, compartiendo escenario con el presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner dijo:
"A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina se los llevaron afuera. Necesitamos que el FMI nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales miles y millones de dólares en evasión. Comprométase (dirigiéndose a AF) a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar al Fondo, de los que se la llevaron sin pagar impuestos, se la fugaron. Que sea un punto de negociación".
Cuatro meses después y con el acuerdo con el FMI cerrado, senadores del Frente de Todos presentaron dos proyectos de ley para cumplir con este reclamo de CFK. Uno es el diseño de un fondo para pagarle al Fondo Monetario, y el otro es para actualizar y modificar las excepciones que hoy se encuentran vigentes en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.
El mismo día de la divulgación de ese par de iniciativas legislativas, la vicepresidenta publicó un tuit acompañado de una foto exhibiendo que recibió en su despacho al embajador de Estados Unidos, Marc R. Stanley. Además de informar que conversaron de distintos temas de interés común (lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos), precisó que "le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión".
Reunir en el mismo día la divulgación del proyecto de senadores y un inédito encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner con un embajador de Estados Unidos resulta una jugada política virtuosa que permitiría ordenar el debate al interior de la coalición de gobierno acerca del vínculo con el FMI.
Hubo una comunicación vía tuit de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, diciendo que "el Gobierno nacional valora la iniciativa del Bloque de Senadores del Frente de Todos que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados".
Alberto Fernández tiene la oportunidad de dar más densidad a esa declaración formal para que el acuerdo con el FMI no sea sólo refinanciar una deuda impagable heredada del gobierno de Macri, y pueda convertirse en una épica de gestión y, fundamentalmente, permita avanzar en la búsqueda de equidad económica, social y tributaria para identificar quiénes deben pagarla.
Las 10 claves del proyecto
En ese sentido, en los considerandos del proyecto de ley se apunta "la profunda injusticia distributiva que resultaría, si se repitiese lo que hasta ahora se ha realizado con la deuda externa argentina: la toman unos pocos, se beneficia una minoría y la pagamos todos los argentinos".
Los principales puntos de la iniciativa impulsada por cinco senadores y senadoras (Oscar Parrilli, José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Juliana di Tullio, Claudio Doñate) para luego sumar otras veintidós firmas son los siguientes:
- El fondo tendrá por objetivo la cancelación de la deuda contraída con el FMI.
- Será constituido en dólares porque el aporte deberá realizarse en dólares.
- Durará hasta la cancelación total de la deuda con el FMI o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo.
- La recaudación será con un aporte especial de emergencia (20 por ciento si se efectúa en los primeros seis meses luego de aprobada la ley, para después ubicarse en 35 por ciento) que se aplicará a activos en el exterior no declarados.
- Existen beneficios en la magnitud de la alícuota y en las multas si la persona con bienes no declarados se compromete a no realizar ningún reclamo por el aporte.
- El Ministerio de Economía deberá solicitar la colaboración del FMI para esta tarea.
- Se establece la figura de "colaborador" (personas, bancos, agentes de bolsa) cuyo objetivo será cooperar con la AFIP en la detección o localización de bienes ocultos o no declarados, maniobras de evasión fiscal y/o de lavado de activos.
- El monto para acreditar la "colaboración" es a partir de 15 millones de pesos por tributos evadidos, suma que tendrá un índice de actualización a determinar.
- El premio será de hasta el 30 por ciento del monto recaudado.
- Se impondrá prisión de uno a seis años al colaborador que aporte información falsa.
¿Qué piensa el Fondo Monetario?
Leandro Renou publicó en PáginaI12 que el FMI y otros organismos internacionales promueven la captura del dinero evadido y ocultado en guaridas fiscales. Mencionó el artículo "Sacar a la luz. Con el dinero fuera de las sombras, mejora la gobernanza", publicado en la revista del FMI, en septiembre de 2019.
El autor es David Lipton, número dos del FMI cuando el organismo entregó el insólito, político y desproporcionado préstamo al gobierno de Mauricio Macri. Hoy es mano derecha de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.
Lipton dice: "La cara oculta de la economía mundial: 7 billones de dólares. Esta cifra, equivalente al 8 por ciento del PIB mundial, representa el monto estimado que se esconde en centros financieros offshore, gran parte del cual probablemente proceda de actividades ilícitas".
Para agregar que "estas cifras encienden una luz que deja ver los rincones ocultos de la economía mundial, el dinero que escapa al alcance de los recaudadores de impuestos, reguladores y organismos de orden público".
Lipton afirma que "es dinero perdido que podría utilizarse para mejorar la vida de la gente" y que "el FMI quiere cambiar la situación. Hemos trabajado en estrecha colaboración con autoridades nacionales, organismos multilaterales y el sector privado durante casi dos décadas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".
¿El FMI colaborará?
La propuesta de CFK va en ese mismo sentido y, por ese motivo, reclama que el Gobierno incorpore al FMI, en el marco de una negociación que será permanente, en la tarea de detectar el dinero fugado en 2018 y 2019, monto casi equivalente a los 44.500 millones de dólares que entregó el organismo a la administración Macri.
Esos capitales son los inmediatos a investigar, pero el monto total estimado colocado en el exterior, declarado y no declarado, suma de unos 250 mil a 400 mil millones, según diferentes estimaciones.
En el artículo 26 del proyecto de ley se encomienda al Ministerio de Economía a solicitar la colaboración del FMI, según las facultades estipuladas en su estatuto y reglamento, a:
- Asistir en las políticas nacionales e internacionales contra la evasión fiscal, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos.
- Cooperar con el país proporcionando información de acuerdo a las evaluaciones o análisis que desarrollen.
- Trabajar conjuntamente con Argentina para intercambiar información fiscal y bancaria, tanto a nivel nacional como internacional.
- Profundizar su colaboración con la OCDE, el Banco Mundial y las Naciones Unidas.
- Involucrarse en la detección de operaciones ilegales que desvíen capitales a guaridas fiscales, evadiendo las cargas tributarias y violando los lineamientos fijados por la OCDE de lucha contra la erosión de la base impositiva y traslado de beneficios.
Qué es la figura del "colaborador"
La iniciativa de los senadores del FdT de crear la figura del "colaborador" del fisco no es una rareza a nivel internacional. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Colombia, Chile, Ecuador y España poseen marcos normativos que definen la función del "colaborador" para detectar evasión y/o elusión en el pago de impuestos.
El proyecto de ley considera colaborador a cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, actuando en forma personal o conjuntamente, que proporcione información relacionada con la violación de leyes impositivas y el lavado de activos. Pueden ser colaboradores de la AFIP, para descubrir esos dólares y otros activos no declarados, bancos, compañías financieras, sociedades de ahorro, nacionales e internacionales, públicas o privadas, sociedades y agentes de bolsa y de cambio.
El colaborador deberá estar a disposición para declarar ante instancia administrativa o judicial, y la participación será estrictamente confidencial y no podrá ser difundida. El incumplimiento de esta pauta por parte del "colaborador" implicará responsabilidad penal y civil, además perderá la posibilidad de reclamar el premio.
La información y documentación podrá aportarse tanto en soporte físico como digital, ya sean libros y documentación contable, títulos, balances, correos electrónicos, recibos y registros bancarios o financieros.
El monto del premio (hasta el 30 por ciento de lo recaudado) estará sujeto al grado de la importancia de la información proporcionada y a la celeridad en la obtención del beneficio fiscal. En caso de intervenir dos o más colaboradores la retribución se realizará en partes iguales, y tendrán protección y reserva de identidad de cada uno y de sus respectivos entornos familiares o societarios.
Si aporta información falsa tendrá una pena de prisión de uno a seis años, y seis meses a dos años si difunde, divulga o da a conocer información relativa al proceso de colaboración.
¿Cómo funciona el "colaborador" en Estados Unidos?
La administración tributaria estadounidense (Internal Revenue Service) cuenta con un programa de denunciantes (Whistleblower Program) desde 1867. El programa sirve "para detectar y llevar a juicio y castigo a las personas culpables de violar las leyes de impuestos internos o de conspirar para ello", según postula el IRS.
En 2006, ese régimen fue fortalecido con la Ley de Alivio Fiscal y Asistencia Sanitaria (Tax Relief and Health Care Act) que estableció que las compensaciones a los denunciantes dejarían de ser discrecionales y pasarían a ser obligatorias.
Se creó además la Oficina de Denuncias (Whistleblower Office) dentro del IRS para administrarlo. Procesa las denuncias recibidas, analiza la información presentada y decide sobre la adjudicación de las recompensas para el denunciante.
Si la información provista por el denunciante contribuye sustancialmente a una acción administrativa o judicial que permite la recaudación de ingresos, el IRS paga una recompensa de al menos 15 por ciento, pero no más del 30 por ciento, de los ingresos recaudados.
Las recompensas sólo pueden concederse una vez que se ha tomado una decisión definitiva en relación a la acción iniciada, por lo que no se pueden pagar hasta que el contribuyente haya agotado todos sus derechos de apelación y ya no pueda presentar una solicitud de reembolso o tratar de recuperar los fondos del IRS.
De acuerdo al Reporte Anual 2020, desde 2007 la Oficina de Denuncias ha concedido recompensas por más de 1010 millones de dólares basadas en la recaudación de 6140 millones de dólares. En el año fiscal 2020, el IRS recibió 593 denuncias vinculadas a recompensas y otorgó 169 recompensas, por un total de 86.619.032 dólares. Dicho importe representa el 18,3 por ciento del total recaudado.
Además Estados Unidos cuenta con un programa similar para los casos que involucran lavado de activos o financiación del terrorismo.
¿Se pueden capturar capitales no declarados para pagarle al FMI?
En los considerandos del proyecto de ley se enfatiza que no se trata de un blanqueo porque "el interés principal de la propuesta es recaudar fondos para el pago de la deuda tomada irresponsablemente por el gobierno macrista a efectos de facilitar la fuga de capitales".
Se insiste en que no es un mecanismo de seducción para que se blanqueen fondos no declarados porque "no existe una opción a un blanqueo y que el contribuyente adquiera la postura de esperar a ver qué grado de éxito o fracaso tiene la medida". Además de los dólares para pagar al FMI, el contribuyente tendrá que hacerse cargo del resto de los impuestos evadidos.
El objetivo es capturar los fondos ocultos no declarados con la colaboración del propio FMI y de otros organismos internacionales e incluso de los propios países en donde existan convenios de intercambio de información inmediato con Argentina.
Se precisa que "la mayoría de los argentinos -el 79 por ciento- eligió como guarida fiscal las Islas Vírgenes Británicas, mientras que el resto se decidió por centros offshore como Belice y Panamá".
En esta instancia aparece el interrogante sobre cómo detectar capitales que no están declarados. El primer paso es manifestar voluntad política de querer ir a buscar esos capitales, aspecto que quedó en evidencia que no la tuvo la AFIP de Macri.
Luego del inmenso blanqueo de esos años, que sumó poco más de 110 mil millones de dólares, anotando así la exteriorización de fondos no declarados más importante del mundo, superando la de Italia con 102 mil millones, la AFIP de Macri se cruzó de brazos.
Las áreas especializadas en la fiscalización internacional fueron congeladas y no incorporaron herramientas tecnológicas que permitieran estudiar la información en forma sistémica. En esos años la AFIP recibió muchísimos datos de los convenios de intercambio de información con otros países y no hizo nada con ese material.
¿Qué se puede hacer?
En el gobierno de Alberto Fernández, la AFIP bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont reactivó el funcionamiento de esas áreas. De este modo, con información sobre cuentas financieras de argentinos en el exterior le permitió a la AFIP recaudar más de 766 millones de pesos.
Los datos utilizados por el organismo para cobrar impuestos evadidos de empresas e individuos vinieron de más de 90 países que comparten con Argentina sus registros en forma automática como parte de un mecanismo global de intercambio de información sobre colocaciones bancarias.
En 2020 la AFIP comenzó a analizar y procesar las bases de datos sobre cuentas de argentinos en el exterior correspondientes a 2016 y 2017, información que la AFIP de Macri no activó.
Después de analizar más de 3600 casos referidos a esos años, las distintas áreas del organismo identificaron irregularidades en 577 que permitieron recaudar esos 766 millones de pesos en impuestos evadidos. Todavía existen unos 1600 casos en proceso de fiscalización.
Ahora se abrirá la investigación correspondiente a 2018 y 2019, precisamente los años de la fuga de capitales con los dólares del FMI. Son paquetes enormes de información recibida de más de 100 jurisdicciones sobre unas 600.000 cuentas financieras de argentinos en el exterior.
La evaluación de esos datos será clave para detectar el monto del capital fugado no declarado en ese período cuando tuvo participación relevante el crédito del Fondo Monetario.
Será el primer paso para empezar a constituir el fondo para pagarle al Fondo y dar respuesta al principal interrogante planteado en el proyecto de Cristina: "¿Por qué la carga del endeudamiento externo no habría de recaer sobre quienes más se han beneficiado de procesos de endeudamiento?"
