Un remisero fue imputado formalmente por el delito de secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes por el rapto de un joven, cometido el 23 de marzo en Salvador Mazza. Los secuestradores reclamaban un dinero que poco antes le había sido robado a una mujer, porque responsabilizaban por este hecho a la madre del joven víctima.
La acusación fue instada por el fiscal federal de Tartagal, Marcos Romero, y el auxiliar fiscal Rafael Lamas, y aceptada por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. Lamas solicitó también la prisión preventiva del acusado, algo que también fue aceptado por el juez. El magistrado convalidó las medidas procesales realizadas hasta ahora y la solicitud de peritajes y diligencias pendientes.
La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por la madre de la víctima en la noche del 23 de marzo pasado. Según relató la mujer, su hijo había sido secuestrado ese mismo día a la tarde cuando salía de su trabajo en un galpón comercial de Salvador Mazza, pueblo lindante con Bolivia.
Según los datos reunidos por la fiscalía de Tartagal, que contó con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestro Extorsivos (UFESE), el joven fue raptado a punta de pistola por dos hombres que lo llevaron de inmediato a un domicilio en territorio boliviano.
En su lugar de cautiverio, el joven fue obligado a grabar un video mediante el cual pedía a sus familiares el pago de un rescate, una suma de dinero que los secuestradores le reclamaban a uno de los parientes y que había sido producto de un asalto.
En efecto, días antes del secuestro, una mujer implicada en la maniobra había sido blanco de un robo en un depósito comercial, también en Salvador Mazza, cuando le sustrajeron 10 mil pesos y 11.800 dólares.
Según se pudo establecer, ese dinero estaba destinado a la compra de cajas de cerveza. La vendedora de esos productos era la madre del joven que luego fue secuestrado. La compradora, que fue la damnificada por el robo, y sus familiares responsabilizaron por este hecho a la vendedora e incluso en su momento amenazaron con hacerle daño a sus hijos.
En la audiencia ante el juez, el auxiliar fiscal sostuvo que estos aspectos del caso fueron probados a partir de distintas medidas dispuestas desde la fiscalía, entre ellas, intervenciones telefónicas, pedidos de informes a la Policía Técnica Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, registros fílmicos, declaraciones de testigos, allanamientos, y otras diligencias cumplidas por la Unidad de Procedimientos Judiciales y Delitos Complejos de Tartagal.
Como resultado de estas tareas hubo una fuerte presencia de distintas fuerzas de seguridad, tanto en Salvador Mazza como en Bolivia, y aparentemente por este movimiento el joven secuestrado fue liberado el 24 de marzo en la zona de frontera sin lesiones.
De manera simultánea fue detenido el conductor, ahora imputado, y se informó que también se tomaron medidas para dar con el resto de los implicados.
Al solicitar la prisión preventiva del acusado, Lamas fundó esta medida en los riesgos de fuga y de que entorpezca la investigación, y también en la gravedad del hecho.
El juez Montoya compartió los argumentos del auxiliar fiscal y ordenó que el remisero siga detenido.
