Se trata de un viejo debate que sigue más vigente que nunca: lo que es posible o imposible. Lo que se puede o no se puede. Un constante forcejeo, propio de la política, que define horizontes, correlación de fuerza, lealtades, identidades y, lo que es más importante, mejoras en el día a día de la gente.

Nos decía el exvicepresidente e intelectual boliviano Álvaro García Linera en la presentación del magnífico libro de CELAG, La mano visible de la banca invisible, escrito por Guillermo Oglietti y Sergio Martín Páez que, en términos físicos, es sencillo discriminar entre “la frontera de lo imposible y la apertura de lo posible”. Sin embargo, añadía que, en el terreno de lo social y lo político, esta diferenciación no es tan objetiva, porque depende en gran medida de las ataduras mentales y de los marcos cognitivos conservadores que, definitivamente, recortan ‘las posibilidades de lo posible’.

El ‘no hay alternativa’, como mandato pregonado desde la racionalidad neoliberal es, precisamente, el argumento predominante para achicar el campo de las transformaciones posibles. El que tiene como objetivo impedir cualquier ruptura cognitiva que nos abra otras opciones para hacerlas viables.

He aquí donde está el gran desafío para la nueva ola progresista en América Latina: no tolerar ni asumir que todo lo posible sea considerado como imposible. O, dicho de otro modo, evitar que cualquier intento de cambiar el orden actual sea catalogado como imposible, insensato, radical. Este estigma limita. Condena. Restringe. Conserva.

Porque de ser así, lo políticamente correcto quedará validado únicamente según el marco cognitivo hegemónico. Y todo aquello lo que no satisfaga ese principio será considerado como inadmisible, o no pragmático.

En Argentina, este dilema está vivo. La pugna política está servida.

Van aquí algunas preguntas con el ánimo de llevarle la contraria a los fanáticos de lo imposible.

¿Es posible eliminar la exención en el impuesto a las ganancias que goza el Poder Judicial en Argentina, y recaudar 42 mil millones de pesos (0,11 por ciento del PIB o 4,15 del total del gasto tributario)?

¿Es posible hacer que los grandes conglomerados empresariales en Argentina paguen el tipo impositivo legal, treinta por ciento, en vez de lo que están realmente pagando, el tipo efectivo real, 4,1 (año 2019)?

¿Es posible aplicar en Argentina el tipo impositivo a las ganancias de la banca privada que tiene Bolivia, para obtener en una década la mitad de lo que se le debe al FMI?

¿Es posible limitar el cobro de comisiones y tasas de interés usureras a la banca y otras entidades financieras para aliviar el problema de la deuda de los hogares que afecta a la gran mayoría? ¿Es posible un plan urgente para resolver esa asfixiante deuda familiar?

¿Es posible aumentar el salario mínimo a 100.000 pesos por mes? (como primer paso para compensar el desequilibrio entre la masa salarial acumulada en el periodo 2016-2021 (335 por ciento) y el crecimiento de los precios (474 por ciento) y los beneficios empresariales (523 por ciento).

¿Es posible imponer multas notables sobre las prácticas oligopólicas en materia de precios de bienes básicos?

¿Es posible fijar otras condiciones de juego para unas pocas empresas distribuidoras de electricidad que dejan sin luz a la gente de manera frecuente?

¿Es posible disponer de una agencia pública de vivienda que logre que este mercado no sea beneficioso sólo para unos pocos?

Todo es posible.

Posible no es lo mismo que sencillo. Ni fácil. Y sin oposición. Es el arte de jugar en la política. Todo depende de la voluntad y, también, de la audacia. Si le damos ventaja a lo imposible, lo posible acabará perdiendo. Y el progresismo también.  

Doctor en Economía, Director Celag