La causa que tramita la Justicia federal de Entre Ríos en la que se investigan las responsabilidades por los incendios y el consecuente desastre ambiental en el Delta del Paraná, frente a Rosario y la región, "no tiene imputados ni procesados", según informó la diputada provincial Mónica Peralta (GEN) tras reunirse con el juez federal Daniel Alonso.

“Vinimos a Entre Ríos para conocer de primera mano la instancia en que se encuentra la denuncia que realizó la ciudad de Rosario en relación a las quemas intencionadas en el Delta del Paraná”, expresó la legisladora, quien recordó que "en 2020 la Municipalidad de Rosario hizo una denuncia penal y en julio de ese año, como no había ningún avance, se constituyó como querellante; además, la ciudad amplió la denuncia en varias oportunidades”.

En ese sentido, agregó que “la causa a la fecha no muestra avances, no hay imputados ni procesados por las quemas con lo cual tampoco se elevó a juicio”. En el expediente, que lleva el número CPE 840/2020 y que instruye el juez federal N°2 de Paraná Daniel Edgardo Alonso, se investigan las quemas intencionales en el Delta del río Paraná y la posible comisión del delito de asociación ilícita calificada con la finalidad de llevar adelante dichos incendios.

De la información obtenida en el juzgado, Peralta informó que "se descubrieron obras y modificaciones sobre los terrenos en jurisdicción de Victoria que implican un importante impacto sobre el ecosistema, realizadas por empresarios de la zona, con maquinaria pesada incautadas por el juez al día de la fecha".

En ese sentido explicó que le manifestó al juez la necesidad de celeridad en estas causas y por otro al Congreso Nacional la responsabilidad de sancionar la ley de Humedales "que se viene trabajando desde hace más de 10 años”. 

El 11 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decretó su competencia en un amparo colectivo ambiental e hizo lugar a una medida cautelar sobre el Expediente Nº 468/2020.

Allí, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, los municipios de Victoria y Rosario, y el Estado nacional recibieron la orden de constituir un Comité de Emergencia Ambiental para la prevención, control y cesación de los incendios. La base de actuación debería ser el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAs) y desde allí consensuar medidas como declaraciones de emergencia ambiental, intensificación de controles y apoyo al combate de los incendios.

Peralta aertó sobre la necesidad de avanzar en la implementación de una base permanente para brigadistas y que los mismos cuenten con transporte aéreo adecuado para realizar su labor. Afirmó que "faltan los recursos necesarios para que los brigadistas puedan realizar sus tareas en caso de incendio, desde helicópteros especiales hasta tecnología para monitoreo más allá de los faros de conservación que tienen un alcance muy limitado”.

“Algo que queda claro es la falta de apoyo para los juzgados federales, como por ejemplo el del juez Alonso, que maneja un gran número de causas y además tiene a su cargo más de 120 mil hectáreas. Los recursos con los que cuenta son altamente escasos ya que apenas logra cubrir una mínima parte de sus necesidades, por eso el Estado nacional debe intervenir fuertemente en recursos con los que las provincias no cuentan más allá de los trabajos que vienen realizando”, pidió Peralta.

Finalmente la legisladora concluyó: “Los trabajos realizados hasta la fecha a nivel estatal son insuficientes puesto que el del Delta del Paraná continúa siendo diezmado por una crisis ambiental sin precedentes que tiene al ser humano como su primer responsable: incendios intencionales que arrasan cientos de miles de hectáreas, sequías pronunciadas y bajantes históricas del río, sumado al potencial dragado de la vía navegable y su impacto en nuestro ambiente y ecosistema; siguen siendo la cara más oscura en los desmanejos de los recursos naturales en Santa Fe”.