Hoy se cumplen 20 años de la desaparición forzada de María de los Ángeles Verón. "Marita", como sus seres queridos la llamaban, quien entonces tenía 22 años y una beba de 2, fue secuestrada el 3 de abril de 2002, en San Miguel de Tucumán, por una red que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual. Si bien la madre de la víctima, Susana Trimarco, nunca logró encontrar a su hija, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se convirtió en el emblema de lucha contra este delito.
Al respecto, el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera, expresó que este caso significó "un antes y un después en la lucha contra la trata de personas en la Argentina", ya que la sociedad "tomó conciencia de la aberración de la trata de personas y el Estado tuvo que legislar y comenzar a ocuparse del tema".
El funcionario remarcó la lucha inclaudicable contra este crimen de la mamá de Marita, Susana Trimarco, una mujer "que con su coraje y persistencia buscando a su hija, puso en primer plano de la agenda pública uno de los delitos más graves contra la dignidad humana: la trata de personas". Y destacó que gracias a la constante labor de la Fundación María de los Ángeles se lograron "allanar a muchos prostíbulos y rescatar numerosas víctimas".
"El caso puso al descubierto la corrupción estatal, política y judicial que encubren a las redes de trata, sensibilizó y alertó a la población y fue uno de los motores que llevaron a la sanción de las leyes 26.364, en el 2008, y su reforma 26.842, en 2012, para prevenir y perseguir el delito de trata y proteger y asistir a sus víctimas", detalló Vera; y agregó que "desde la sanción de esas leyes, se han rescatado más de 17 mil víctimas por trata con fines de explotación sexual o laboral en Argentina".
"Marita" Verón tenía 22 años cuando fue raptada, el 3 de abril de 2002, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, por un grupo vinculado con el llamado clan "Ale" que se dedicaba al secuestro y la trata de personas con fines de explotación sexual, y que también operaba en la provincia de La Rioja.
La causa fue elevada a juicio con 13 acusados como coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución. La Sala II de la Cámara Penal los absolvió a todos, pero luego la Corte tucumana dio vuelta en parte el fallo y condenó a los hermanos José Fernando y Gonzalo José Gómez a 22 años de prisión; Daniela Natalia Milhein y Andrés González, a 18. También fueron condenados como partícipes necesarios Carlos Alberto Luna y Domingo Pascual Andrada (17); María Azucena Márquez (15); Humberto Derobertis (12); Mariana Bustos y Cynthia Gaitán (10). Y mantuvo la absolución de María y Víctor Rivero. Por otro lado, el fallecimiento de Irma Medina extinguió la acción penal en su contra.
