Por Irina Hauser

La incertidumbre sobre el futuro del Consejo de la Magistratura es absoluta cuando faltan apenas dos semanas para la fecha límite que fijó la Corte Suprema para que el Congreso apruebe una nueva ley que modifique su composición y reduzca su representación política o que, en su defecto, el organismo vuelva a la integración que tenía hace más de veinte años, que incluía al presidente del máximo tribunal. El problema, anuncia el actual titular del Consejo, Alberto Lugones, es que "al 15 de abril no se llega con ninguna de esas dos opciones". La pelea política y judicial de fondo es enorme porque lo que se juega es el reparto de poder y de cargos dentro de una institución que elige a jueces y juezas federales o puede promover su remoción, pero que también maneja un presupuesto millonario. La oposición y sus aliados judiciales muestran desesperación por conseguir más lugares en el cuerpo de consejeros.  Como quedó al desnudo durante el gobierno de Mauricio Macri, a través de todo tipo de maniobras para poner y sacar magistrados/as, anhelan un Poder Judicial a medida. La Corte, que provocó todo este enredo, también juega su propio partido. 

Por estos días una de las frases más repetidas sobre el Consejo vaticina que "quedará paralizado", porque el fallo supremo que declaró inconstitucional su formato actual de 13 miembros dice que si no hay una nueva composición "equilibrada" una vez pasados 120 días, que se cumplen el 15 de abril, todos sus actos serán nulos. Para paliar esa situación y con la certeza de que para entonces no habrá solución plena alguna, un sector del Consejo, que incluye a Lugones, trabaja en la redacción de un reglamento especial "que garantice el funcionamiento", explica el presidente. Es posible que se vote en el plenario del 11 de abril, o en otra reunión posible el 13. Se aplicaría dada la emergencia y para el período de transición para aquellas actividades del organismo que no pueden parar: pagar todos los sueldos del Poder Judicial, los servicios, alquileres, insumos y licitaciones en marcha. Quedarán en el freezer los concursos y los procesos disciplinarios y de acusación. 

"Por supuesto que el mejor escenario sería que se legisle, pero no sabemos si va a suceder. La Corte Suprema no puede ni debe hacer nada más, no puede ni siquiera estirar plazos. Si no hubieran fijado los 120 días y se indicaba una nueva ley, no teníamos este problema", le dijo Lugones a Página/12. 

Corte y oposición, un solo corazón 

El fallo de los supremos, de diciembre del año pasado, declaró inconstitucional la composición que el Consejo de la Magistratura tiene desde 2006, cuando se aprobó una ley promovida por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que se caracterizó por recortar el peso de la corporación judicial en el organismo. El dato de la autoría de CFK es relevante porque fue usado por los medios y la oposición para resaltarlo como una derrota. Los medios dejaron en un segundo plano que el tribunal estaba desempolvando un planteo de dieciséis años atrás. La sentencia, si bien señalaba que se debía aprobar una nueva ley que le diera más equilibrio al Consejo (entre sus estamentos), agregaba una vuelta sorprendente: en caso de no lograr una nueva norma se debe volver al modelo de 20 consejeros, que incluye como su presidente al de la propia Corte. Uno de los jueces, Ricardo Lorenzetti, hizo notar en su voto que, más allá de estar de acuerdo con lo sustancial, no se podía reponer una ley que había sido derogada. Como sea, sus compañeros lo hicieron. 

En Juntos por el Cambio ven con agrado esa vuelta al pasado por una doble aspiración: creen, en especial entusiasmo desde el radicalismo, que podrían reclamar por lo menos un lugar adicional entre los representantes legislativos en el Consejo, lo que implica una lectura retorcida porque la ley reimplantada en realidad prevé una representación para la segunda minoría, que se les debería asignar (claro que luego vendrá la discusión sobre si quiénes encarnan a esa minoría ¿la izquierda? ¿los libertarios?). También apuestan a complacer a los supremos, dueños de la última palabra en las causas calientes que comprometen a sus líderes políticos, así como en las que están implicados exfuncionarios del kirchnerismo, la mayoría de los cuales son enjuiciados por la persecución que desató el gobierno de Macri que, por cierto, se apoyó mucho en el Consejo de la Magistratura donde otrora dominaban la mayoría de votos. 

Calendario del Consejo 

Durante el verano el Consejo se reunió y trabajó fuera de programa para reglamentar los mecanismos para elegir a los consejeros que faltarían para completar sus bancas con la ley vieja y derogada. La buena noticia fue que introdujo un criterio novedoso de paridad de género. Sin contar al presidente supremo, Horacio Rosatti, que en función del fallo ya se eligió a sí mismo, quedan otros seis lugares a cubrir: dos abogadas, una jueza,  un/a académico/a, un/a senador/a y un/a diputado/a. Por ahora el cronograma electoral prevé que el estamento de abogados y abogadas elija a sus representantes el 5 de abril. Las candidatas que encabezan las listas son María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, y por otro lado Jimena de la Torre, una exfuncionaria de la AFIP del gobierno de Macri. Jueces y juezas eligen consejeras el 7 de abril y las candidatas son Agustina Díaz Cordero, jueza civil, también exfuncionaria del macrismo (Lista Bordó), Viviana Dobarro, jueza del Trabajo (Lista Celeste) y María Jimena Monsalve, jueza de Ejecución Penal (Compromiso judicial). 

Hasta ahí está todo dentro de los plazos cortesanos. Pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no elegirá hasta el 18 de abril y lo que pueda pasar con representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores, es un completo enigma. Quienes manejan los hilos de este tema en el Congreso, en especial en el oficialismo, están más enfocados en la buscar el modo de que salga una ley, una tarea titánica. En la Cámara Baja, quien renueva semana a semana gestiones para intentar mandar representantes anticipando la hipótesis de que no habrá ley, es el radical Mario Negri, que apuesta a que le den a Juntos por el Cambio, o mejor dicho a la UCR, al menos un lugar más en el Consejo, asunto que será obvio objeto de disputa.  

Las aspiraciones del macrismo/larretismo en el Consejo se dejan ver en una escena que ya se repitió en ciertos plenarios: bloquear la votación de las ternas de candidatos/as para cargos claves en Comodoro Py. La Comisión de Selección ya elevó a fin de año los nombres posibles para tres juzgados federales y para la Cámara Federal, donde serían reemplazados los jueces trasladados por Macri, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (este último intenta mantener el puesto por concurso pero obtuvo bajo puntaje). El interés por sostener a estos dos últimos jueces en ese lugar es ostensible. De esas trabas participan los representantes políticos, pero también dos de los jueces, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta. "Es una vergüenza que los jueces no estén aprobando ternas para cubrir las vacantes del Poder Judicial", protestó Lugones sobre sus colegas. Hay muchas más ternas pendientes, de juzgados federales de otras provincias. Quizá para que el papelón no se extremos, voten algunas de ellas. 

¿Y el Congreso? 

Dos semanas atrás las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado aprobaron como dictamen de mayoría el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo para reformar el Consejo y llevarlo a 17 miembros, con un criterio de paridad de género pero sin ningún integrante de la Corte Suprema. La cuestión del supremo dentro del organismo es lo que divide aguas entre el oficialismo y la oposición. Pero cuando ya estaba todo casi listo para pasar al recinto, Alberto Weretilneck puso reparos y obligó a dar marcha atrás. No alcanzarían los votos para la media sanción. La semana pasada se elaboró un nuevo dictamen, que introdujo un criterio federal en la elección de consejeros, a pedido del rionegrino. Esto demoró todo y hasta el miércoles próximo no habrá tratamiento. Incluso en ese caso habrá que ver si se incorporan en el debate más modificaciones. Aún ante el mejor de los panoramas, Diputados tampoco llegará a votar nada antes del 15 de abril, ya que está Semana Santa en el medio. 

La mayoría requerida para la aprobación de esta reforma es de la mitad más uno: 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara Baja. La realidad es que en el segundo caso se suman complejidades: el oficialismo tiene 117 votos propios más 5 aliados. Necesita negociar con el Interbloque Identidad Bonaerense, que comanda Alejandro "Topo" Rodríguez, aunque en este tema quien lleva la voz cantante es Graciela Camaño quien, además, integra el Consejo de la Magistratura y allí coincide con el oficialismo en numerosas oportunidades. Juntos por el Cambio quiere volver a la antigua ley y que el presidente supremo esté en la presidencia del cuerpo. Camaño, en cambio, está dispuesta a negociar una salida alternativa. “Voy a ver como sale la ley del Senado y voy a participar del tratamiento. En mi opinión, la Corte Suprema debe ser parte del Consejo pero no creo que lo deba presidir, a diferencia de lo que plantea Cambiemos. Me baso en la doctrina, la jurisprudencia y la Constitución", le dijo Camaño a este diario. El camino, como sea, pinta largo y sinuoso. Si cambia el proyecto, podría volver al Senado. No será fácil la negociación, pero será una nueva puesta a prueba para el sistema político, para ver si esta vez puede transitar una negociación a fondo.