Doce años después de terminada la guerra de Malvinas, la jefatura de inteligencia del Ejército –que, durante la dictadura, había sido la responsable de determinar quiénes serían secuestrados, torturados y desaparecidos– seguía buscando las razones de la derrota en manos de los ingleses. La información surge de un informe confeccionado en julio de 1994, que fue desclasificado en 2015 por Cristina Fernández de Kirchner y que, por los 40 años del conflicto bélico, el Ministerio de Defensa –que conduce Jorge Taiana– digitalizó e hizo accesible para la consulta online.

Ya en democracia, en octubre de 1987, el Ejército creó la Comisión Especial Malvinas (CEM), que tenía como misión confeccionar una cronología del conflicto del Atlántico Sur y difundir las acciones heroicas de los soldados argentinos. Para entonces, la CEM funcionaba bajo el ala del subjefe del Estado Mayor del Ejército. Pasó el tiempo y, para 1994, la CEM pasó a depender del Servicio Histórico de la fuerza que entonces comandaba Martín Balza.

Para esa época, la CEM confeccionó un informe que entregó a la Jefatura II de Inteligencia del Ejército que llevaba por título “Conflicto Malvinas–Análisis de las causas de la derrota desde el punto de vista de la inteligencia”. El archivo de 22 páginas es descarnado a la hora de detallar la improvisación de la Junta Militar a la hora de lanzarse a la aventura de la guerra.

La inteligencia, explican los integrantes de la CEM, es una de las áreas de mayor importancia a la hora de tomar decisiones. En el caso argentino, la inteligencia –tan dedicada a la determinación de blancos para la represión ilegal– fue un fracaso durante la guerra de Malvinas. Según consta en el reporte, los órganos de inteligencia estaban trabajando desde noviembre de 1981 en la determinación de un plan de inteligencia nacional. Lo curioso es que esa iniciativa no incluía Malvinas.

La CEM también dice que el entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se enteró un día antes de la ejecución Operación “Rosario” –como la llamaba la Junta–. Para entonces, la SIDE estaba en manos de Carlos Alberto Martínez, que había ejercido la Jefatura II del Ejército en los años más feroces de la cacería de la dictadura. Si bien el informe no lo menciona, hay versiones también de que el entonces jefe de inteligencia del ejército, Alfredo Sotera, estaba de viaje en Estados Unidos al momento del desembarco en las islas.

Solo el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía algunos estudios hechos sobre Malvinas y la disputa con el Reino Unido, pero que no servían para los fines de inteligencia. “No existieron hipótesis de conflicto ni de guerra analizadas con anterioridad, por lo tanto no había estudios de inteligencia completos y menos aún un plan de obtención de información para satisfacer las necesidades del planeamiento”, evaluaba la CEM. “Durante todo el lapso de la crisis y de la guerra no se dispuso de inteligencia básica actualizada en los niveles superiores de la conducción política y militar”, agregaba.

Según la CEM, la falta de inteligencia impactó de distintas maneras en el conflicto, no solo mostrando la superioridad británica en materia de armamento o de entrenamiento:

  • No hubo una correcta apreciación de qué países podrían brindar apoyo, cuáles ser neutrales y cuáles volcarse al enemigo –decía la CEM–;

  • No había una idea ni siquiera aproximada del enemigo a enfrentar;

  • No había cartografía en escalas adecuadas;

  • Ni hubo estudios especiales sobre el ambiente geográfico;

  • No existieron adecuados estudios sobre la probable actitud de la población;

  • No hubo planes de acción psicológica para ganar el apoyo de los pobladores de las islas;

  • No hubo voluntad de trabajo conjunto;

  • Tampoco los militares argentinos entendían el inglés, según surge de las conclusiones de la CEM. “Debe agregarse además que la escucha de las comunicaciones en el combate no pudieron aprovecharse convenientemente por desconocimiento en general del idioma del enemigo”, puede leerse. Ese desconocimiento influyó también para comunicarse con los pobladores.

“No debe considerarse que los errores cometidos fueron consecuencia exclusiva de las falencias del área de inteligencia, ya que las deficiencias producidas durante el desarrollo de la guerra tuvieron su origen en la falta de elementos de juicio reales desde que se adoptó la resolución de recuperar ese sector del territorio argentino”, concluía la CEM. El párrafo final de su informe estuvo destinado a una cita del Arte de la guerra de Sun Tzu: “Si no conoces al enemigo ni te conoces a tí mismo, sucumbirás en cada batalla”.

La CEM dejó de existir antes de 2000, según determinaron los expertos y las expertas que integran los grupos de relevamiento documental del Ministerio de Defensa.

Los archivos

Seis meses después de terminada la guerra, la Junta creó una Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur. Estuvo integrada, entre otros, por el teniente general Benjamín Rattenbach. Las conclusiones de esa comisión fueron un secreto político y militar desde antes de la caída de la dictadura.

Al cumplirse 30 años de la guerra, CFK ordenó la creación de una comisión en un plazo de 30 días para que analizara si había datos que podían constituir alguna amenaza a la seguridad y, en caso contrario, se publicara el informe Rattenbach. El análisis se hizo y se ordenó tachar el nombre de un kelper que había colaborado con las fuerzas argentinas y el nombre de un agente de la SIDE que seguía en actividad. El informe se publicó y puso fin a tres décadas de ocultamiento.

En abril de 2015 –el último aniversario de Malvinas que CFK estuvo al frente del Ejecutivo– la entonces presidenta ordenó que se relevara la clasificación de seguridad a los archivos sobre el conflicto. Esos archivos son con los que han estado trabajando en la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa y que empezaron a ser puestos a la consulta en la web Archivos Abiertos.

Además, desde el Ministerio de Defensa se dispuso hacer un censo en todas las unidades militares del país para relevar documentación sobre la guerra y, de esa forma, conformar una base de datos federal con la documentación que entienden no solo sirve a la verdad de lo sucedido sino como reparación a quienes combatieron en la guerra.