La curadora oficial María José Miranda informó que la Fiscalía de Estado de la provincia apeló una sentencia de la jueza de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Guadalupe Valdez, quien ordenó que se hagan mejoras edilicias y se conforme un equipo interdisciplinario para el Hogar San Rafael Arcángel, de Cerrillos, que aloja y asiste a 26 personas con retraso mental profundo. 

Miranda explicó que esta sentencia fue el resultado de un amparo que ella había presentado acreditando que existía una vulneración de derechos, y señaló que aunque la jueza hizo lugar a la apelación de la provincia, fue con "efecto devolutivo", lo que implica que igual obliga al gobierno a cumplir la sentencia.   

"A raíz de la situación de cómo estaba el Hogar el año pasado se interpuso una acción de amparo contra la provincia de Salta porque no daba respuestas por la tremenda situación edilicia en la cual estaba el Hogar. Tenían un solo baño para 26 chicos, que no tenía ni siquiera agua, usaban tachos. Las instalaciones eléctricas, los techos, estaban en un estado deplorable, las ventanas cubiertas con cartones", explicó Miranda a Salta/12.

La jueza Valdez dispuso el año pasado una inspección ocular, en la que "constató la terrible situación edilicia del hogar, que todo lo que decía la demanda era real", señaló Miranda. 

La curadora oficial recordó que en 2020 la provincia le prometió que realizaría las mejoras edilicias, sin embargo, cuando fue al lugar el 22 de mayo de 2021, verificó que "jamás se había realizado ninguna obra". Además, señaló que en el Hogar tampoco había equipo técnico, solo contaba con un médico psiquiatra, por eso pidió un equipo interdisciplinario.

"El 21 de marzo se dicta sentencia en esa acción de amparo que ordena tres cosas: la primera es la refacción del predio viejo del Hogar; la segunda es el traslado provisorio de los chicos a las casas de barrio San Carlos para lo cual también ordena que se hagan refacciones en el lugar porque tampoco estaba en condiciones de albergar 26 chicos y además ordena una mega obra en Cerrillos para ampliar el Hogar San Rafael Arcángel", explicó María Jose Miranda. 

Explicó también que la provincia, a través de la Fiscalía de Estado, apeló la decisión de la jueza para que el fallo sea revisado por la Corte de Justicia de Salta. Pese a ello, la curadora dijo que ésta "tiene la obligación de cumplir la sentencia" porque la apelación fue elevada por la jueza con efecto devolutivo. 

Las 26 personas internadas están en el predio de Cerrillos en la actualidad. Miranda dijo que para que sean trasladadas a las casas del barrio San Carlos falta que se realice una obra sencilla y pequeña, para que las instalaciones cumplan con las condiciones de confort. El predio de San Carlos, que era antes un geriátrico, tiene tres casas que se alquilan a la provincia.

La mega obra para el hogar en Cerrillos debe construir pabellones nuevos con baños y salón de usos múltiples, "sería la ampliación del casco del predio originario", explicó Miranda. Ante las condiciones gravísimas, la jueza dispuso que no podían ingresar más personas en situación de vulnerabilidad, por ello ordenó que el predio viejo también sea arreglado.

La curadora explicó que el fundador, Rodolfo Usy, quien atravesaba una grave situación de salud y también pedía a la provincia que interviniera, renunció el año pasado y la provincia entregó la administración del Hogar a la Fundación Vivir el 16 de junio de 2021. Dijo que tuvo que intimar a la provincia para que esta Fundación se hiciera cargo.

Miranda contó que dos semanas después, murió una mujer de 30 años que era asistida en el Hogar. Por ese motivo la fiscalía empezó a investigar y a pesar de que Usy no estaba en el Hogar, lo imputó por homicidio. La muerte fue por una convulsión y broncoaspiración, la mujer tenía epilepsia.

La curadora dijo que espera que la provincia haga su presentación y argumente las razones para la apelación y le corran el traslado para responder. Insistió en que la sentencia judicial se debe cumplir o deberá iniciar un juicio de ejecución de sentencia.

El amparo "es el corolario de 10 años que desde la curaduría oficial y la Asesoría de Incapaces se intentó que la provincia brindara a estos chicos la vida digna que merecían", sostuvo Miranda.