Tras una década de investigación y un año de debate, el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos contra dueños, familiares y personal jerárquico de los grupos económicos Chavanne e Industrias Siderúrgicas Grassi tendrá esta semana su veredicto. Juan Alfredo Etchebarne, el expresidente de la Comisión Nacional de Valores durante la última dictadura cívico militar eclesiástica, y el ex agente civil de inteligencia Antonio Raúl Guglielminetti, los únicos imputados en la causa que llegaron con vida al debate, afrontan pedidos de pena de entre 12 y 25 años de cárcel por su responsabilidad en el secuestro y las torturas aplicadas a una treintena de personas con el objetivo de quedarse con sus empresas. El juicio evidenció que la persecución desplegada durante el terrorismo de Estado no fue solo con fines políticos sino que también tuvo razones económicas.

El Tribunal Oral Federal número 5 de la ciudad de Buenos Aires dedicará las audiencias de esta semana para resolver planteos de las partes y a otorgar a los acusados el derecho de decir lo que quieran, si quieren, antes de recibir el veredicto de los jueces que, se espera, se conozca el jueves.

Durante un año, los jueces Adrián Grünberg, Daniel Obligado y la jueza Adriana Palliotti encabezaron el juicio conocido mediáticamente como “Chavanne-Grassi” durante el que analizaron prueba y oyeron testimonios vinculados a la causa caratulada “D’Alessandri” en alusión al nombre del coronel Francisco Obdulio D´Alessandri, jefe del grupo de tareas que secuestró, privó de la libertad y torturó a 28 personas, la mayoría de ellas integrantes por entonces de los grupos económicos Grassi y Chavanne.

“Se investigó y se probó en esta causa que el objetivo del terrorismo de Estado y quienes impulsaron la última dictadura cívico militar no era solo la persecución política”, indicó Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, organismo querellante en el juicio. “Aquí las víctimas estaban vinculadas con los grupos de privilegio de la Argentina”, amplía Tavani, para quien el “objetivo final” de la patota que los secuestró y torturó fue “hacerse de ese botín que ellos consideraban fundamental: apoderarse de una empresa industrial en expansión – las Industrias Siderúrgicas Grassi– y controlar un banco de las características del Banco de Hurlingham”. “No es una causa más”, concluyó.

Alegatos

Etchebarne y Guglielminetti llegaron al inicio del juicio acusados de secuestrar y torturar a accionistas mayoritarios de los grupos económicos Grassi y Chavanne, a familiares suyos y a personal jerárquico y de asesoramiento jurídico de esas empresas. La acusación la formuló el juez federal Danie Rafecas, que estuvo a cargo de la investigación. 

En 1978, ambas empresas se asociaron para comprar el Banco de Hurlingham, de la familia Graiver y presunto reservorio del dinero que Montoneros había cobrado tras el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born. En su elevación a juicio, Rafecas señaló que había un “interés específico de los represores en dar con el dinero” cobrado por aquel secuestro.

Tras un año de debate, tanto la Fiscalía, representada por el fiscal Alejandro Alagia y la auxiliar fiscal Berenice Timpanaro, como las querellas de la APDH y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entendieron que sus responsabilidades en los hechos habían quedado probadas. En sus alegatos, los abogados del organismo de derechos humanos, Tavani y Guillermo Torremare, solicitaron penas de 25 años de prisión para cada uno de los acusados y consideraron que las atrocidades juzgadas en esta causa se cometieron en el marco del delito internacional de genocidio.

Mientras la Fiscalía solicitó 20 años de cárcel para Etchebarne y 12 para el exagente de inteligencia, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos pidió penas de 25 años  para ambos.

Las partes acusadoras entendieron que a lo largo de las audiencias se confirmó “el armado de una comisión clandestina de investigación” que tenía por objetivo dar con la plata cobrada por Montoneros tras aquel secuestro de los dueños de la firma Bunge & Born, mencionaron desde la APDH.

Para lograrlo, ese grupo de tareas conformado por “funcionarios del área económica de la dictadura cívico militar y personal militar del Primer Cuerpo de Ejército secuestró a 28 personas que, presumían, podían contar con alguna información sobre esos fondos y su destino”, añadieron. Según el resumen del organismo de derechos humanos, las víctimas fueron trasladadas al centro clandestino que funcionó en la Cárcel de Encausados Campo de Mayo, donde fueron interrogadas y torturadas. Los testigos reconocieron la presencia de Etchebarne en el centro clandestino de detención, así como abogados y contadores de la CNV y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que asistían al grupo de tareas. A principios de 1979, la mayoría fueron liberados. A excepción de Juan Claudio Chavanne, quien como el resto fue puesto a disposición del PEN, pero quedó detenido hasta 1981.

Etchebarne y Guglielminetti son los únicos dos integrantes de esa patota que llegaron vivos a juicio. El primero se encuentra en libertad; el segundo, preso en el penal de Marcos Paz con varias condenas por delitos de lesa humanidad sobre la espalda. El resto de los militares que fueron imputados en la causa –Carlos Guillermo Suárez Mason, Roberto Leopoldo Roualdés, Idelfonso Marco Solá, Raúl Alberto Gatica y el propio D’Alessandri, y los gendarmes Darío Alberto Correa y Víctor Enrique Rei– murieron impunes.