El Gobierno nacional decretó que el 1 de mayo próximo, Día del Trabajador, será la fecha límite para que les empleades públicos de la administración nacional vuelvan a la presencialidad.
De esta manera, a poco más de dos años del inicio de la pandemia de covid-19, abril será el último mes en el que regirán la serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecieron la modalidad remota como parte de las medidas de cuidado por el coronavirus.
La decisión se comunicó este lunes, a través de la Resolución 58/2022 publicada en el Boletín Oficial. La Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete estableció el 1 de mayo como fecha límite para sostener los régimenes de trabajo especiales que había puesto en vigencia del Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios.
De acuerdo con la resolución, la vuelta a los espacios de trabajo deberá respetar las recomendaciones de cuidado generales para la prevención de la covid-19 y otras enfermedades respiratorias. Las oficinas de los distintos organismos públicos "deberán solicitar a las y los trabajadores el Certificado de Vacunación, al cual podrán acceder desde la aplicación 'MiArgentina'".
Los exceptuados de la presencialidad
La resolución indica que permanecerán "exceptuadas" de volver a la presencialidad las personas que acrediten documentación médica por pertenecer a grupos de riesgos.
Según los parámetros del Ministerio de Salud, "aquellos trabajadores que tengan diagnóstico de Covid-19, que no hayan requerido internación, podrán reincorporarse a sus lugares de trabajo sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta".
Para aquellos empleados públicos de la administración nacional que hayan decidido no vacunarse contra la covid-19, la resolución indica que deberán "firmar una Declaración Jurada expresando que han recibido y comprendido la información vinculada a la vacunación, y que asumen toda responsabilidad derivada de la conducta que adopten".
Detalladas las excepciones y condiciones para regresar a los espacios de trabajo, la resolución firmada por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, advierte que "aquellos trabajadores que no cumplan con la modalidad de servicios exigible serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicable".