Cuatro pistolas 9 milímetros que estaban guardadas en un cajón sin llave en la Oficina de Gestión Judicial -que depende la Corte Suprema santafesina - y que funciona en el Centro de Justicia Penal, fueron robadas durante la feria judicial de enero pasado. El caso trascendió recién ayer y ya es investigado por la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional Paola Aguirre. Una de las pistolas es una Taurus calibre 9 milímetros fue secuestrada el jueves pasado en un presunto “aguantadero” de Flor de Nácar y Calle 513, en barrio Las Flores, tras una persecución policial. La Unidad Regional II determinó que era una de las sustraídas porque, llamativamente, no tenía la numeración limada y pudo ser identificada rápidamente.
Las armas habían sido secuestradas en el marco de una investigación por el homicidio de Matías Sosa, ocurrido en diciembre de 2018. El caso llegó a juicio y las pistolas quedaron en la OGJ, en el edificio de Sarmiento al 2800. En diciembre el tribunal que presidió el debate condenó a dos policías por el hecho y dispuso la destrucción de dos de esas armas. Las otras dos debían restituirse al Ministerio de Seguridad pero desaparecieron del interior de un cajón de un despacho.
El crimen de Matías Sosa ocurrió el 16 de diciembre de 2018 en barrio Parque Casas. La hermana de la víctima había mantenido una relación con el policía Franco Villarruel y era víctima de violencia de género. Ese día su hermano intentó defenderla y se enfrentó a su ex cuñado.
El hermano de Franco también se involucró en el hecho y la situación terminó con Sosa asesinado. Los uniformados intentaron hacer pasar el hecho como un enfrentamiento por un robo. Pero la investigación desechó el intentó de los policías de mejorar su situación procesal.
El crimen ocurrió frente a los vecinos y ante seis agentes del Comando Radioeléctrico que llegaron al lugar tras un llamado al 911. La víctima le reclamó a su ex cuñado por golpear a su hermana y terminó asesinado.
De acuerdo a la versión oficial conocida este lunes, el 2 de diciembre pasado personal de la OGJ “no realizó el depósito de las armas en el MPA, porque la documentación que debía presentar dicha oficina estaba incorrecta e incompleta. Entonces se solicitó desde el MPA que se confeccionara correctamente la documentación y sea presentada junto a las armas en los días siguiente del mes de diciembre de 2021. Cuestión que no ocurrió”, señalaron desde Fiscalía.
“Lo que se pudo determinar en base a la investigación penal en curso es que las armas se la llevó personal de la OGJ a su oficina, ubicada en el primer piso del Centro de Justicia y quedaron desde el 2 de diciembre de 2021 y durante la feria judicial del mes de enero 2022, sin ser remitidas al MPA con la documentación correcta como era el proceso a seguir”, señalaron fuentes oficiales del MPA.
“Luego de la feria judicial de enero 2022, en la Oficina de Gestión Judicial, que depende de la Corte Suprema, notaron la faltante de la caja con las armas. En el mes de marzo se le dio aviso a la Fiscalía de la faltante de las armas en OGJ por lo que se inicia una investigación que queda a cargo de la fiscal Paola Aguirre de la Unidad de Violencia Institucional”, sostuvo el parte de Fiscalía.
Según esa versión, la fiscal Aguirre dispuso una serie de tareas investigativas para determinar el destino de las armas en la OGJ y el resguardo que se realizó de las mismas en esa oficina. Asimismo se solicitaron sean cauteladas las imágenes de cámaras de seguridad internas del espacio de la OGJ en el Centro de Justicia Penal como también se solicitó la información de quienes estuvieron en acceso a dichas oficinas durante la feria judicial.
El parte oficial indica que “la investigación está en curso a la espera de resultados". La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe paralelamente dispuso abrir investigación de sumario administrativo. La seguridad del edificio del Centro de Justicia Penal, de la OGJ y todo lo que corresponde a su organización depende del máximo tribunal de la provincia.
