La Cámara de Diputados comenzará a debatir este martes la modificación de la nueva ley de alquileres. Con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización de los mismos, las iniciativas se discutirán en una reunión de comisión en la Cámara baja. 

El 30 de marzo, los distintos bloques de la Cámara de Diputados alcanzaron un acuerdo para constituir la Comisión de Legislación General e iniciar el tratamiento de la Ley de Alquileres -que entró en vigencia el año pasado-, con el objetivo de lograr un consenso parlamentario en un plazo de treinta días hábiles. La misma se conformará con 31 miembros, de los cuales 16 corresponden al Frente de Todos, 14 a Juntos por el Cambio y uno al interbloque Federal.

El primer paso que se dará este martes será elegir autoridades de la comisión de Legislación General que volverá a estar presidida por la legisladora bonaerense Cecilia Moreau, y como vicepresidenta se reelegirá a la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo.

Mientras tanto, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) -entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires- junto a más de 30 cámaras y colegios inmobiliarios presentaron un documento dirigido al Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. En la carta se manifestaron en contra de los proyectos que proponen el impuesto a la vivienda ociosa o la fijación de un tope a los valores de los alquileres. Y plantean la necesidad de retornar al sistema de contratos a dos años y permitir la libertad contractual de las partes para definir plazos y formato de actualización de los valores.

El documento parecería responder a los proyectos presentados por José Luis Gioja y Gisela Marziotta, ambos diputados del oficialismo, los cuales contemplan impuestos a las viviendas sin alquiler y topes en los precios mensuales, entre otros puntos. 

El proyecto de ley presentado por Gioja propone fijar topes a los precios iniciales de alquiler y renovación de contratos, también exige que se acepten seguros de caución como garantía a monotributistas sin exigirles más requisitos que a los empleados en relación de dependencia. A su vez, da beneficios tributarios a quienes registren los contratos en AFIP y propone la creación de una norma para gravar inmuebles vacíos y diseñar un plan para construir viviendas públicas destinadas a alquiler.

El proyecto de Marziotta busca la suspensión de los aumentos hasta que entre en vigencia la nueva ley y propone crear la Cámara Nacional de Alquileres. La CNA sería el órgano clave en la regulación de precios de alquileres y control de contratos, y estaría integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo -uno del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y otro de la Secretaría de Comercio-, un representante de los locatarios y otro de los locadores, que deberán pertenecer a asociaciones que representen a ambos sectores.

A horas previas de iniciar el debate, el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, afirmó que la reforma a la Ley de Alquileres debe bregar por "cuidar a los más vulnerables, que son los inquilinos", aunque planteó que cada provincia tendría que "regular con sus propias planificaciones" la norma marco a nivel nacional. Añadió que "no se puede suspender una ley vigente" sino que "la tendrán que modificar”. En referencia a lo exigido días atras por el bloque de Juntos por el Cambio donde solicitaron una sesión para derogar de la ley actual e intentar volver a la situación anterior de desregulación del mercado de alquileres.

A su vez, el diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Selva, destacó las modificaciones que propone el proyecto presentado por Gioja para reformar la Ley de Alquileres al considerar que el proyecto “abarca cosas que han sido sensibles a las discusiones, en particular el tema de las garantías, que tiene que ver con facilitar el régimen de garantías para que monotributistas y locadores en general puedan acceder a un alquiler".