Los peritos contadores de la Corte Suprema, de la fiscalía y de la defensa declararon conjuntamente en el juicio oral por las obras viales de Santa Cruz. Como lo afirmaron ya en su estudio, sostuvieron de forma unánime que las redeterminaciones de precios de las obras estuvieron bien hechas y que no hubo irregularidades. La cuestión es importante porque la acusación del macrismo --con respaldo mediático y judicial-- era que las empresas de Lázaro Báez ganaban las licitaciones ofreciendo precios bajos, pero que después ganaban fortunas con las redeterminaciones de precios por inflación. Los contadores aseveraron que no hubo sobreprecios en esos recálculos de las obras. Buena parte de los planteos metodológicos realizados por los profesionales le dejan muy limitado el campo a la acusación que juega todas sus fichas a los peritos ingenieros que van a declarar el 18 de abril. Entre ellos estará Eloy Bona, el perito que tuiteaba contra Cristina Kirchner y que el Tribunal no aceptó excluir.
Toda la cuestión pericial en el caso de las rutas de Santa Cruz es polémica. Sucede que se acusa al gobierno de CFK, en especial a Vialidad Nacional, de haber favorecido a Báez con 51 de las 81 obras que se licitaron en la provincia sureña. El fenómeno de la concentración de obras quedó bastante aclarado en el juicio: la gran mayoría de los que declararon, incluyendo los empresarios, afirmaron que las empresas de una región suelen ganar la mayoría de las licitaciones porque no necesitan mover personal ni maquinarias, algo que sí tiene que hacer el empresario de otra región. Además, quedó claro que todo lo que se pagó, se hizo, que no hubo rutas que terminaban en cualquier lado --como decían los grandes medios-- ni demoras distintas a las que registraron las obras del resto del país.
Entonces el ángulo principal de la acusación pasó a la cuestión de sobreprecios. Los peritos contadores Daniel Fontana (de la Corte Suprema), Jorge Bueri, José Lucas Gancerain (este último por la defensa de la vicepresidenta CFK) y María Sol Gavela y Valeria Gigetela (por la fiscalía) sólo pudieron peritar cinco de las 51 obras, lo que plantea una cuestión llamativa: ¿cómo se va a condenar a funcionarios que no tuvieron que ver con esas cinco obras si trabajaron en alguna o algunas de las otras 46? Es decir que la carencia de un peritaje desde el origen de la causa pone en duda las conclusiones a las que se puede llegar.
En cualquier caso, los contadores sostuvieron de manera unánime que las redeterminaciones de precios estuvieron bien hechas y que siempre se cumplió con la ley: cuando los precios subían más de diez por ciento de acuerdo a los índices de la construcción, toda concesionaria podía pedir el recálculo. El macrismo, a través del exinterventor de Vialidad Javier Iguacel, trató de sostener que las redeterminaciones debían hacerse de acuerdo a un decreto de 2016, algo que los contadores desecharon porque, como es obvio, no se puede aplicar una norma posterior.
"Apuntamos a verificar el motivo que exponía la contratista al momento de solicitar una redeterminación (aumento de precio) y el motivo estaba referido a que se había producido el salto en la variación de referencia establecido por la normativa, que debía ser superior al 10 por ciento. Eso se produjo en todos los casos”, señaló Fontana, el especialista de la Corte. De manera que dejó en claro que los pedidos estuvieron correctos y la fórmula que se utilizó fue la legal.
El Tribunal Oral 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, utilizó un método llamativo: convocar a los peritos en coloquio, es decir, todos al mismo tiempo. En este caso, como tenían una opinión unánime, las cosas fluyeron sin problemas. Es más, la fiscalía sabía que era una audiencia desfavorable porque los peritos oficiales y de parte estaban de acuerdo y desmontaban la acusación. De hecho, los fiscales casi no preguntaron.
Pero el 18 de abril habrá otra audiencia, esta vez entre los peritos ingenieros. Entre ellos no hubo acuerdo. El designado por el tribunal, Eloy Bona, fue objetado por el defensor de CFK, Carlos Beraldi, porque antes de ser nombrado tuiteaba barbaridades contra la expresidenta. Un perito oficial debe ser objetivo y Beraldi alegó que Bona exhibía en Twitter su falta de objetividad. Aún así el Tribunal lo sostuvo. También estárá el perito de la fiscalía, Roberto Panizza, y la perito de las defensas, Adriana Alperovich. Los dos primeros argumentan que hubo sobreprecios en base a tres tramos de la Ruta 3 que después fueron licitados a precios más bajos. La realidad es que esa obra la ganó al principio del macrismo la empresa CPC, encabezada por Cristóbal López y Fabián De Sousa. Pero a poco de empezar, los titulares de CPC le informaron a Vialidad que la licitación no tenía relación con la realidad, que había que hacer muchas más obras de las proyectadas, incluyendo movimientos de tierras, alcantarillas, alteraciones del trazado, por lo cual era de imposible cumplimiento si no se modificaba. Vialidad no quiso hacer las modificaciones, la construcción no se hizo y el macrismo ni siquiera pudo volver a licitar la obra. "Es el mayor fracaso de la historia de Vialidad", calificó el ingeniero Nelson Periotti, que fue el titular del organismo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Además, en el nuevo proyecto los materiales eran de menor calidad, por ejemplo, se presupuestó asfalto convencional y no el asfalto modificado, de mayor calidad y entre un 50 y un 70 por ciento más caro. O sea, los valores de la obra original --una verdadera autovía-- no tienen comparación con la obra que luego licitó el macrismo. Todo eso será clave en una de las últimas audiencias, la del 18 de abril.
A lo largo de casi dos años y medio, el nombre de Cristina Kirchner casi no se mencionó, por lo cual una condena sería extraña, y las audiencias fueron mayormente como la de este lunes: duros golpes a una acusación que desde su origen estuvo mal formulada, sin peritajes --las tuvo que hacer limitadamente el Tribunal Oral-- y con testimonios más que endebles, casi todos de funcionarios de Mauricio Macri.