El gobernador Ricardo Quintela anunció este lunes mediante sus redes sociales, que su gobierno intervendrá en el proceso judicial entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables. Lo realizará mediante un Amicus Curiae (amigo del tribunal) un instrumento que se puede utilizar en determinados procesos judiciales y en causas de interés general o colectivo con el objetivo de aportar argumentos jurídicos, técnicos o científicos al tribunal.

“En el día de hoy suscribí la presentación ante la Corte Suprema, para intervenir en el proceso judicial que CABA lleva en contra del Estado Nacional por la coparticipación federal. No podemos consentir el desequilibrio y el atropello al federalismo, es algo inconstitucional lo que plantean. Esa es una demanda abusiva, caprichosa del centralismo, en beneficio de unos pocos y en detrimento de los 45 millones de argentinas y argentinos”, dice el posteo del mandatario que ya firmó la presentación ante el asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea y a la fiscal de Estado Analía Porras.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández participó de una reunión con 19 gobernadores para informar sobre los alcances de la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo jefe de gobierno es Horacio Rodríguez Larreta, por los fondos coparticipables. En ese encuentro, en el que también participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, los mandatarios provinciales coincidieron en respaldar la posición de la Nación ante una situación que puede hacer perder a las provincias 120.000 millones de pesos para el ejercicio en curso.

El 10 de marzo, el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Mauricio Macri, algo que luego fue modificado en 2020, informaron oficialmente. El máximo tribunal otorgó a las partes 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que vence el 26 de abril.