Ediles del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta se reunieron en la mañana de ayer con el ministro de Seguridad de la provincia, Abel Cornejo. El encuentro fue con el próposito de analizar un expediente iniciado por vecinos de Villa San Antonio, quienes solicitan medidas para el correcto cumplimiento de la Ley provincial Nº 7135, de Código Contravencional de Salta.

En el pedido de los vecinos se hace referencia específicamente al cumplimiento del artículo 114 del Código Contravencional, que establece que "serán sancionados con arresto de hasta veinte días o multa equivalente las personas que demandaren u ofrecieren servicios de carácter sexual por dinero u otra retribución en la vía pública o espacio público”. 

Las organizaciones LGBTIQ+ de la provincia repudiaron el encuentro, dado que no fueron invitadas, a sabiendas que desde hace años vienen solicitando la derogación de este artículo. Es que la norma es utilizada para perseguir y criminalizar (en su mayoría) a mujeres travestis trans de la ciudad, independientemente de si están ejerciendo la prostitución o no. En ese sentido, insistieron en la delineación de políticas integrales para el colectivo de la diversidad. 

Al ser informado de la demanda de los vecinos de Villa San Antonio, el ministro de Seguridad indicó que "es importante crear un juzgado contravencional". Afirmó que quienes ejercen la prostitución son personas que integran un sector de la población muy vulnerable al que hay que atender y proteger porque, entre otras situaciones, podría haber casos de víctimas de trata. 

Aseguró que se trata de un tema pendiente que requiere de un análisis complejo y que debe retomarse en la Legislatura salteña. Cornejo insistió en que la situación “es compleja y que hay que abordarla de manera multidisciplinaria, conformando una comisión, porque es un tema que excede a la seguridad”.

Seguidamente, algunos ediles le trasladaron la preocupación de los vecinos que denuncian que pueda existir una zona liberada en el lugar, a lo que el ministro afirmó que es imposible que un hecho de estas características se produzca durante su gestión. Y se comprometió a tomar acciones a los fines de que “en las próximas semanas puedan verse cambios en el sector”.

En la reunión Cornejo compartió además las acciones que se están llevando a cabo en el marco del Plan de Seguridad. En este punto manifestó que uno de sus ejes es la interacción entre vecinos y la policía para escuchar las demandas ciudadanas en materia de seguridad. Además, indicó que se está trabajando en la incorporación de cámaras de vigilancia, de móviles y de la policía comunitaria, entre otros aspectos.

Durante el encuentro tomaron la palabra los ediles Alberto Salim (UCR), Alicia Vargas, Víctor Costanzo y José García (todos de UPS), quienes realizaron consultas relacionadas a la posibilidad de que los vecinos compren cámaras de vigilancia para la zona y la seguridad de la ciudad en general. Además, destacaron la importancia de trabajar con todos los actores involucrados en la temática en análisis.

Las organizaciones LGBTIQ en alerta

Al enterarse del encuentro, la referenta provincial de Mujeres Trans Argentina, Luz Bejerano, repudió su realización dado que no sólo se habló sobre el artículo 114, sino que, "aún más grave", intercambiaron sobre la implementación del Código Contravencional "sabiendo que en la provincia es aplicado para la persecución policial hacia las compañeras travestis trans, para la criminalización de esas identidades". 

Para Bejerano, la aplicación del Código Contravencional es utilizada para ir en contra de los derechos humanos de las personas. "Es algo gravísimo y pone en alerta a las organizaciones travestis trans", expresó. Además, recordó que desde hace años vienen pidiendo la derogación del artículo 114, "teniendo en cuenta muchas situaciones de violencias que han sufrido las compañeras". 

En ese sentido, denunció que de manera sucesiva las distintas autoridades de Seguridad no accionaron cuando las mujeres travestis trans reclamaban por el abuso de poder de parte de los efectivos policiales hacia ellas. Sobre todo, teniendo en cuenta "la violencia que muchas veces se dio hacia nuestras identidades y más aún, a las trabajadoras sexuales", agregó. 

Bejerano también recordó que en diciembre de 2020, ya hubo reclamos de los vecinos de Villa San Antonio. Para ese entonces, las mujeres travestis trans se manifestaron en contra y volvieron a recordar las distintas violencias que sufren estando en las calles. En ese momento lograron ser recibidas por la comisión de Derechos Humanos del Concejo, pero sin tener mayores cambios. 

Por esto la referenta de Mujeres Trans Argentina insistió en que aún no hay un cumplimiento efectivo de las leyes que reconocen sus derechos, como la Ley Nº 26.743, de Identidad de Género. "Cuando hablo de que esto nos pone en alerta a las organizaciones tiene que ver justamente con que Salta es una de las 18 provincias que aún conserva el artículo 114", lo que para significa que "seguimos retrocendiendo en nuestros derechos", sostuvo. 

Por su parte, la referenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) en la provincia de Salta, Mary Robles, también se mostró disconforme con el encuentro entre los legisladores y la principal autoridad de Seguridad, pues relató que en una de las últimas intercambios sobre el tema con ellas, se discutía si "sacar la zona del centro y llevarla a la periferia, pero no hubo un consenso con las organizaciones ni entre ediles". 

Al igual que Bejerano, la referenta de ATTTA se refirió a la legislación vigente en el país, y aseguró que la prioridad tendría que ser la integración o el diseño de políticas públicas inclusivas del colectivo LGTB, "que es el más afectado", señaló, precisando que este sector es el que más ejerce el trabajo sexual, debido a la "marginación y exclusión" social que históricamente vive.  

Aún así, sostuvo que las mujeres travestis trans "hoy tienen luz y esperanza de no caer en el estado de prostitución" porque el panorama cambió con el avance en las leyes. A modo de ejemplo, nombró la reciente Ley N° 27.636, de Cupo Laboral Travesti Trans, que establece que el sector público nacional debe reservar, al menos el 1% de sus cargos y vacantes para personas travestis, transexuales y transgénero.